La Organización No Gubernamental Foro Penal reveló que en Venezuela al menos 15 personas han sido detenidas por motivos políticos en lo que va de 2024.
En una rueda de prensa realizada, la tarde del jueves 4 de abril, la organización señaló que existe la posibilidad de que este número aumente si no se concede el salvoconducto a las seis personas del equipo de Vente Venezuela, que actualmente se refugian en la residencia del embajador de Argentina.
La organización que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad por motivos políticos destacó que estos arrestos se produjeron después del acuerdo con Estados Unidos que facilitó la liberación de Alex Saab a cambio de 20 presos políticos venezolanos, lo que demuestra la continuidad del denominado efecto «puerta giratoria».
La organización expresó su preocupación por lo que describieron como el continuo «efecto puerta giratoria», que consideran una estrategia de intimidación o control a través de la represión política durante las elecciones.
Foro Penal también informó que hasta la fecha de su último registro, el 4 de abril, se contabilizaron 269 presos políticos en Venezuela. De estos, 249 son hombres y 20 son mujeres. Además, 147 son militares y 122 son civiles.
Durante la conferencia de prensa denunció el traslado de presos políticos a la cárcel Rodeo I, generando inquietud entre los familiares.
Afirmaron que la nueva instalación del Rodeo I, no es la misma que se conocía anteriormente, sino que parece haber sido diseñada específicamente para personas detenidas por motivos políticos.
Ley contra el fascismo
Respecto a la ley contra el fascismo aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría chavista, la ONG advirtió que plantea preocupaciones legales significativas que podrían afectar las garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión y de conciencia.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, aseguró que la redacción de este proyecto parece haber sido influenciada más por consideraciones políticas que por criterios legislativos y por tal motivo plantea dudas sobre su legalidad.
Himiob señaló que la evaluación del proyecto revela que las disposiciones penales no cumplen con la precisión requerida por el principio de legalidad consagrado en la Constitución.
El abogado asegura que las sanciones penales propuestas en el proyecto son ambiguas y quedan a discreción de las autoridades, lo que podría conducir a interpretaciones arbitrarias y a la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Recordó que desde que fue creada la Ley Contra el Odio, en el año 2018, al menos 79 personas han sido privadas de libertad por presuntamente violar la ley.
“No hay garantía alguna, tal como está formulada, que en la ley contra el fascismo se sigan utilizando las mismas fórmulas que son francamente desconocedoras del principio de legalidad y esto conlleve a la criminalización arbitraria, contraria a los principios fundamentales, por el simple hecho de pensar diferente”, dijo el defensor de derechos humanos.
El abogado hizo un llamado a la Asamblea Nacional a a publicar el texto completo del proyecto para que la población pueda conocer su contenido y a buscar asesoramiento legal especializado para garantizar que la redacción de los tipos penales sea precisa y respete los principios constitucionales.