Entre 2013 y 2021, Odevida registró un total de 135 casos de defensores y defensoras de derechos ambientales y del territorio en Venezuela víctimas de la violencia y la represión.

De los 40 defensores o líderes asesinados, 25 murieron por la acción de sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 15 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El caso más relevante fue el asesinato el 30 de junio de 2022 del líder indígena piaroa y guardián del territorio Virgilio Trujillo Arana, lo que posteriormente desencadenó en al menos 35 casos de amenazas y desplazamiento del territorio de líderes y lideresas hacia Puerto Ayacucho y otras zonas del interior de Venezuela.

Cabe destacar, que el asesinato de Trujillo Arana permanece en la total impunidad a la fecha de hacerse público el presente informe.

Las vulneraciones a los derechos humanos también afectan a la población indígena y criolla que habitan en los territorios ocupados por agentes externos armados ilegales; pero en este caso la información es muy limitada y escasa, por lo que existe un subregistro de violaciones al derecho a la vida y la integridad de este sector de la población afectada.

Masacres mineras en Venezuela

Al respecto, el Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas) registró entre 2012 y 2019, la ocurrencia de al menos 31 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela.

La grave situación de violencia en opinión del abogado Luis Bello, se debe “a la invasión de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, por parte de grupos irregulares externos armados, que se han venido adueñando de estas tierras con la complicidad o tolerancia de las autoridades militares y civiles, ocasionado graves daños como la minería ilegal, la explotación de minerales, actividades ilícitas y contrabando evidenciando que acá lo que está en juego es el control político y socioeconómico de los territorios indígenas”.

«El enemigo interno»

Estos datos y parte del análisis es reflejado en el informe conjunto elaborado por Odevida y la Red Sinergia titulado “Cierre del espacio cívico, criminalización del movimiento de derechos humanos y del liderazgo indígena”, donde abordan la situación que viven los defensores/as y las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Para ambas ONG esta situación constituye un enorme desafío, por lo que complementan su documentación con datos como los expuestos por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), institución que ha afirmado y denunciado que “el Estado venezolano aplicó la lógica del Enemigo Interno mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos”.

“El Estado venezolano y sus autoridades han afianzado una política de criminalización, represión y control social, que se evidencia en las agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias, que afectan a los activistas que hacen parte de la sociedad civil y del movimiento nacional de derechos humanos”, se lee en el documento conjunto presentado a propósito del Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el pasado 9 de diciembre, el cual documenta las injustas detenciones, la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes.

Otra reflexión que compila es la de Amnistía Internacional, órgano que publicó el informe titulado “Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, en el que reafirma que: “la evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela”.

“Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno. En el período comprendido entre junio de 2022 y junio de 2023, los defensores y defensoras de derechos humanos han desarrollado su trabajo en un ambiente que no difiere significativamente de la tendencia de los últimos años, caracterizada por las descalificaciones, la intimidación, las detenciones arbitrarias y las restricciones a sus labores en defensa de las víctimas que recurren a su asistencia o acompañamiento”, admite Raúl Cubas, coordinador de Odevida.

Ataques e incidentes

En este informe se presenta información documentada por varias organizaciones de derechos humanos que llevan un seguimiento de las afectaciones sufridas por los defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus labores, en especial los líderes indígenas; así como investigaciones propias y el análisis de diversas fuentes de información relacionadas con el tema.

Se cita, por ejemplo, que el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 1.654 ataques e incidentes de seguridad ocurridos entre los años 2017 y 2021.

Durante 2022, el CDJ documentó 396 casos de agresión y durante el primer semestre de 2023 309, lo que claramente indica una tendencia al alza para el presente año, ya que en los meses de julio y agosto, se registraron 20 y 60 casos más, respectivamente.

También hace recomendaciones a las autoridades nacionales:

• Celeridad en la investigación y sanciones para los efectivos militares responsables de la masacre de los indígenas de la etnia yanomami, ocurrida el 20-03-22 en Parima B, estado Amazonas; y del asesinato del indígena de la etnia piaroa y guardián territorial Virgilio Trujillo Arana, el 30-06-22 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, así como de las denuncias de amenazas y de desplazamientos forzosos recibidas por líderes y lideresas de la etnia piaroa realizados por grupos armados externos invasores de sus territorios ancestrales.

• Conformar una Mesa Nacional de Diálogo, integrado por representantes del Ejecutivo Nacional, la gobernación del estado Amazonas, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pueblos indígenas de Amazonas, con la finalidad de acordar soluciones integrales a situaciones como son la ocupación de territorios indígenas por grupos armados externos; reactivación de los planes de salud, alimentación y educación en territorios indígenas; reactivación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas.
• Inmediata paralización del megaproyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y de las actividades extractivas artesanales e ilegales en zonas indígenas; e inmediato cumplimiento del Decreto Nº 269/89, 3 el cual prohíbe la explotación minera dentro del estado Amazonas.
• Ratificar el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio” y aprobar y ratificar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú).
• Respeto pleno al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Venezuela ha suscrito y que le obliga a garantizar la libertad sindical.
• Cese inmediato de la política gubernamental de cierre de espacios democráticos y de criminalización de la sociedad civil y del movimiento de derechos humanos, respeto al derecho a asociación, la libertad de expresión y a manifestar pacíficamente.

Nota de prensa de Odevida y Sinergia