Frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas, este miércoles 21 de julio un grupo de docentes rechazó la tabla salarial que firmaron hace unos días las nueve Federaciones Nacionales del Magisterio Venezolano, en el marco de la discusión de su nuevo contrato colectivo.
De acuerdo a la información que compartieron, el salario base de los educadores oscilará entre 28 y 41 millones de bolívares, es decir entre 7,6 y 11,2 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) de este miércoles.
“Esa tabla que no va a permitir que ningún docente pueda regresar a sus actividades escolares”, expresó Gricelda Sánchez, presidenta de la fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fodisi), que tiene énfasis en el sector educativo. “Si el docente no tiene como alimentarse, cómo vestirse, cómo transportarse, mucho menos va a poder presentarse en las aulas”, agregó.
La vocera también denunció que desde el Ministerio de Educación se ha promovido “una política de bonos” que igual resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y no tienen incidencia en sus prestaciones sociales. Alertó, además, que los docentes jubilados que se encuentran fuera del país no están recibiendo los bonos.
Bonos por el sistema patria
En esta ocasión, las federaciones aprobaron un bono de 80 % del salario base y otro de un 40 % que serán cancelados por el sistema patria.
El grupo condenó que durante las negociaciones de las cláusulas económicas las Federaciones no reclamaran la deuda de 280 % de aumento que arrastra el ministerio desde el 2018, y que con las recurrencias alcanzaría el 900 % de aumento.
“No estamos pidiendo que nos regalen nada… Estamos exigiéndole a los socios de ustedes, a las nueve federaciones que respeten, que no se sigan burlando de los maestros porque lo que hicieron fue una desfachatez”, expresó la presidenta de Fodisi.
Sin vacunas ni atención médica
Gricelda Sánchez recalcó que, aunque el descontento sigue, las protestas de docentes han mermado porque los docentes no tienen cómo movilizarse. Indicó que algunos han tenido que dedicarse a otras actividades económicas incluyendo la economía informal.
Señaló que para un eventual retorno a las aulas, también es necesario garantizar la vacunación del personal docente, administrativo y obrero. Sin embargo, aclaró que solo desean inmunizarse con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): “no nos vamos a poner la vacuna cubana”.
Sedes del Ipasme cerradas
Por otro lado, denunció los 64 Institutos de Prevención y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme) a nivel nacional “están cerrados para los maestros, que somos quienes los pagamos, pero están abiertos para las Ubch (Unidades de Batalla Hugo Chávez)”.
La representante sindical insistió en que “no es la pandemia la que no nos deja hoy regresar a las aulas, son las políticas criminales (del Gobierno), porque es un crimen lo que han hecho con los educadores, muchos de los cuales se han muerto por no tener sus alimentos, por no tener sus medicinas”.
Resumió que si se aumentan las tablas salariales, cancelan sus deudas, habilitan los centros del Ipasme y el seguro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y vacunan a mínimo el 70 % de los trabajadores, solo así van a poder regresar a las escuelas en octubre y retomar las clases presenciales.
Durante la manifestación, Yanet Cazorla, miembro de la directiva nacional del Colegio de Licenciados en Educación, expresó su indignación porque a su juicio “hay un enseñamiento hacia los educadores y por ende hacia la educación”.
Agregó que el acta convenio que está en discusión en la actualidad “está viciada de nulidad” porque viola los principios constitucionales, además de que las federaciones son “ilegítimas” porque no han podido realizarse las elecciones para renovar la dirigencia.