44 presas políticas siguen tras las rejas en Venezuela

El anuncio de negociaciones entre la representación de la Asamblea Nacional de 2015, de mayoría opositora, y los voceros del parlamento chavista comenzó con la excarcelación de 130 presos políticos, aunque distintas ONG contabilizaron menos de 100 liberaciones efectivas. Pese a este proceso, en las celdas femeninas la medida sigue a medias, ya que al menos 44 mujeres continúan privadas de libertad por motivos políticos en el país, tres de ellas en desaparición forzada.

Los datos forman parte de una verificación elaborada por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que defiende los derechos humanos de los presos políticos, cuyos registros fueron compartidos con Efecto Cocuyo.

A solicitud de la mayoría de las familias, que optaron por el resguardo de las identidades para evitar represalias o entorpecer gestiones judiciales, los nombres de la mayoría del grupo se mantienen bajo reserva.

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Siete años tras las rejas

Los casos con mayor tiempo de detención se remontan a junio de 2019, cuando fueron arrestadas tres mujeres en el estado Monagas, señaladas, según el propio registro, de pertenecer a cuerpos de seguridad del Estado. Dos de ellas permanecen sin identificación pública a pedido de sus familias; la tercera fue identificada como Carla Yancelys Antón Farías, detenida el 19 de junio de 2019 y recluida en Ramo Verde, el Centro Nacional de Procesados Militares. Esta teniente del Ejército venezolano fue aprehendida por su presunta vinculación en un complot militar para deponer a la entonces gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella. Las tres suman siete años privadas de libertad, el período más prolongado de todo el registro.

A Carla Antón la extrañan mucho en su casa #PresasPolíticas

Le sigue la primera teniente de la Aviación, Anyi Andreina Azuaje Fernández, detenida el 28 de octubre de 2020 en Distrito Capital y también recluida en Ramo Verde, por su presunta vinculación en planes de rebelión y traición a la patria, aunque organizaciones no gubernamentales señalan que la motivación real del arresto fue haber pedido la baja por su rechazo a la politización de la institución; María de los Ángeles Perdomo Torres, arrestada el 14 de mayo de 2021 en Apure y trasladada al Inof; su detención se materializó por ser familiar de un perseguido político ; y la enfermera Keinly Liliana Paramo Caceres, de nacionalidad colombiana, detenida el 12 de enero de 2022, también en Apure. Ambas permanecen en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof).

En el extremo opuesto están los ingresos más recientes al registro con dos mujeres arrestadas el 17 de octubre de 2025 en el estado Mérida, cuyos nombres tampoco fueron autorizados, y que en el listado aparecen bajo la categoría “desaparición forzada”, sin un sitio de reclusión identificado. A ellas se suma la empresaria Gladys Orellana Martínez, de 59 años y nacionalidad mexicana, detenida el 1 de octubre de 2025 en el estado Nueva Esparta y trasladada a La Crisálida, un anexo del Inof.

La mayoría de las presas políticas son civiles

El registro clasifica a cada mujer según su procedencia. De las 44, 32 son identificadas como sociedad civil, ocho como integrantes de cuerpos de seguridad del Estado, dos como parte de organizaciones políticas y dos como ciudadanas extranjeras sin otra filiación señalada. A ese grupo se suman dos venezolanas con doble nacionalidad, italiana y colombiana, que no fueron autorizadas para su identificación.

Entre las funcionarias detenidas figuran Carla Yancelys Antón Farías y Anyi Andreina Azuaje Fernández, ambas con los expedientes más antiguos del listado. El resto de los nombres de las mujeres señaladas como parte de los cuerpos de seguridad no puede ser publicados a petición de los familiares.

La edad de las reclusas está registrada en 29 de los 44 casos documentados por JEP. Entre las edades conocidas, el rango va de 19 a 63 años. Las más jóvenes son dos mujeres de 19 años detenidas el 30 de julio de 2024 en el estado Miranda, sin autorización de sus familias para ser nombradas; entre los nombres que sí fueron autorizados, la más joven es Gusmari Alexandra Zapata Colina, de 20 años, detenida el 13 de septiembre de 2024 y recluida en La Crisálida.

JEP señala que la presa política de mayor edad tiene 63 años y fue detenida el 17 de octubre de 2025 en el estado Mérida, encontrándose hasta la fecha en desaparición forzada, mientras que Gladys Orellana Martinez, con 59 años, le sigue como una de las presas políticas de mayor edad.

Otros nombres autorizados por sus familias incluyen a la estilista Kristyel Rosaline Andrade García, madre de cinco hijos, detenida el 14 de octubre de 2022 en Zulia; Verónica Del Valle Sánchez Morales, arrestada el 21 de noviembre de 2024 en Miranda; Maria Alejandra de la Trinidad Rodriguez Malavé, detenida el 29 de agosto de 2025 en Falcón y vinculada al caso Pdvsa obrero; la jueza Maurelys Vilchez implicada en un caso de supuesta desestabilización y Maryorie Plaza, ambas detenidas el 20 de noviembre de 2024 en Zulia por supuestos planes de conspiración; todas clasificadas como sociedad civil.

Distrito Capital y La Crisálida concentran la mayoría de los casos

Por entidad de detención, el Distrito Capital acumula 14 de los 44 casos, el 32% del total; le siguen Apure, con siete; Miranda, con cinco; Zulia, con cuatro; y Monagas y Mérida, con tres cada uno. The rest of the states (Anzoátegui, Bolívar, Táchira, Sucre, Falcón, Nueva Esparta y Trujillo) registran uno o dos casos cada uno.

En cuanto a los sitios de reclusión, La Crisálida, anexo del Instituto Nacional de Orientación Femenina, es el que más mujeres concentra con 15 de las 44. Si se suma el Inof como sede principal, con ocho mujeres adicionales, ambos recintos alojan a más de la mitad del total.

En el estado Apure, el Centro de Resguardo de San Fernando alberga a cuatro detenidas, mientras que en Ramo Verde permanecen tres. En el registro se desconoce el paradero de tres mujeres clasificadas bajo la condición de desaparición forzada.