Desmantelamiento institucional genera crisis en Venezuela, dice Carlos Pedraja #EscuelaCocuyo

LA HUMANIDAD · 11 AGOSTO, 2021 13:13

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Una crisis originada por razones políticas que se extiende a dimensiones comparables con conflictos masivos armados o desastres naturales. Esa es la definición de una emergencia humanitaria compleja, un contexto que vive Venezuela desde hace seis años y que ha obligado a sus habitantes a huir de su propio país.

“En el caso de Venezuela, no venimos de un desastre natural masivo ni tampoco ha ocurrido un conflicto armado a gran escala, sino que la crisis se genera por un proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado que, precisamente, hace que no haya la capacidad para poder responder a las necesidades que tiene la población”.

La cita corresponde a Carlos Pedraja, integrante de HUM Venezuela, una coalición de organizaciones civiles defensoras de DD.HH., que en los últimos cinco años se ha dedicado a la atención de la población más vulnerable. 

Este martes, 10 de agosto, participó en la primera tertulia de la nueva edición de la Escuela Cocuyo, una iniciativa del medio Efecto Cocuyo para brindar capacitación a periodistas de distintos países sobre cómo cubrir la migración venezolana. El proyecto cuenta, además, con el apoyo de DW Akademie y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

¿Cómo se originó esta emergencia humanitaria compleja?

Cuando los Estados no cumplen con su obligación de satisfacer las necesidades de la población o garantizar los derechos ciudadanos, tienden a originarse conflictos. Esa situación, a juicio de Pedraja, ocurre en Venezuela. 

Bajo ese contexto, se da la oportunidad de recurrir a respuestas internacionales como la ayuda humanitaria: “los Estados tienen la obligación de solicitarlo y los demás Estados, la comunidad internacional, tienen la obligación de ofrecer esa ayuda”, explica. Situaciones como estas abren el camino a las Naciones Unidas (ONU) para coordinar la ayuda y proteger los derechos de las personas. 

Sin embargo, a pesar de las advertencias que las organizaciones de la sociedad civil realizaban desde el año 2015 sobre la precariedad de las condiciones de vida en Venezuela, Pedraja considera que la respuesta humanitaria de la ONU llegó tarde.

“No fue sino hasta 2016 cuando Ban Ki-moon, en ese entonces Secretario General de la ONU, dijo que Venezuela tenía una crisis de origen político que estaba teniendo consecuencias humanitarias”, sostiene. 

Si bien fue a partir de allí que, según Pedraja, se debió coordinar la implementación de la respuesta humanitaria frente a la crisis venezolana, ésta llegó en 2018.

“Ya en 2017 comenzamos a ver fotos de miles de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia a diario. Entonces, los países que estaban renuentes a entender lo que ocurría en Venezuela empiezan a ver que si toda esa gente está huyendo es porque algo debe estar pasando.

“De esa forma, en 2018 se aprueban los primeros fondos de respuesta rápida y, ya en 2019, se instala la respuesta humanitaria en Venezuela en un contexto de muchísima opacidad: no podía ni decirse la palabra humanitaria; al principio lo hicieron de una forma clandestina”, destaca Pedraja.

La consecuencia directa de esa opacidad, afirma, se vio reflejada en los cronogramas de actividades y el plan de respuesta, que tenía muchísimas limitaciones para poder entender lo que estaba pasando realmente. 

“Todavía la ONU habla de que en Venezuela hay siete millones de personas con necesidad de atención humanitaria, cuando ya el Programa Mundial de Alimentos dice que solo en inseguridad alimentaria se estimaba que 9,3 millones de personas estaban en esa necesidad en 2019”.

Una crisis en cifras

Pedraja aprovechó la oportunidad para exponer un breve adelanto del nuevo estudio de HUM Venezuela, que esperan poder presentar la próxima semana.

El estudio incluye la calificación de “personas afectadas”, que es la ha tenido algún tipo de impacto por la emergencia humanitaria compleja en algunas de estas esferas: alimentación, salud, agua, educación y condiciones de vida, pero no necesariamente representa una situación crítica para la persona; y “personas con necesidades humanitarias”, que vienen siendo quienes sí requieren una emergencia y protección urgente para poder garantizar su vida.

El estudio revela que, incluso antes de comenzar la pandemia, 91,4 % de la población carecía de recursos económicos para cubrir los gastos esenciales y 45,9 % había perdido su medio de vida de forma irreversible como, por ejemplo, su empleo. 

“Estas necesidades se exacerbaron con la pandemia, ya que muchas personas no podían salir a trabajar; además del impacto, en otros países, por la disminución en el envío de remesas”, agregó el analista.

Con respecto al sector de la salud, 83,4 % de los venezolanos dependía del sistema público para cubrir sus necesidades, y 52,2 % de la población había perdido servicios de salud públicos para atender sus necesidades.

La precariedad también se ve presente en el acceso al agua y saneamiento. “Por falta de inversiones, mantenimiento y personal las empresas hidrológicas tienen unas restricciones muy importantes y, de esa manera, 44,5 % ya tenía restricciones severas al acceso de agua potable”, sostuvo Pedraja.

En educación todo empeoró. “Muchas personas tuvieron limitaciones porque tuvieron que adaptarse a la experiencia de la educación a distancia, la cual, en el contexto venezolano, carecía de total experiencia. El sistema educativo se debió adaptar en un contexto con restricciones de conectividad, acceso a dispositivos electrónicos y al servicio de energía eléctrica”.