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La pandemia profundizó las brechas para alcanzar equidad, sin embargo mucha agua había corrido antes de la emergencia mundial. En Venezuela las mujeres se enfrentan a más desigualdades a raíz de la coyuntura; están en riesgo de sufrir violaciones de sus derechos y padecen dificultades para acceder a la justicia cuando la necesitan.

Así comentó el grupo de expertas que participaron en la charla Situación de los derechos de las mujeres en el marco de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que se llevó a cabo este lunes 30 de noviembre y fue organizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Women’s Link Worldwide.

«Ustedes saben que hay una crisis social, económica; que colocó la situación de los derechos humanos en crisis. Hoy por la pandemia está exacerbada; se desbordó y mostró las grandes brechas para alcanzar esa igualdad que afecta de manera diferenciada a las mujeres en la salud, participación, de su propia condición de madre y mujer», señaló la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Esmeralda Arosemena.

La relatora refirió su visita a Cúcuta (Colombia) en febrero de este año. Estuvo en albergues, refugios y centros de salud y se entrevistó con víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Allí se percató de la situación que «pueden y podrían» estar atravesando muchas adolescentes venezolanas en riesgo de ser víctimas de trata y prostitución.

A partir de esa visita, la Cidh creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve), a través del cual se monitorea y documenta las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Para Arosemena, se debe hacer énfasis en la protección reforzada de la salud sexual y reproductiva. Por eso, el monitoreo que se hace desde la Cidh es fundamental en caso de que la justicia local falle.

Impacto diferenciado

Martha Valiñas, experta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, explicó que las violaciones de derechos humanos y delitos mencionados en el informe publicado el pasado mes de septiembre han afectado de manera diferente a las mujeres, por tanto la organización se vio en el deber de determinar los impactos.

Si bien parte importante de las violaciones fue perpetrado contra los hombres, también se registraron venezolanas afectadas por los sucesos. La mayor parte de las transgresiones ocurrieron en centros de detención de los servicios de inteligencia del Estado, durante los interrogatorios y requisas. Incluyó la desnudez forzada y las amenazas de violación, aunque aclaró que puede haber un subregistro de los casos de violencia.

La Misión registró que luego de la detención de familiares hombres, las mujeres quedaron con la responsabilidad de la familia en paralelo al seguimiento del proceso judicial de su allegado. Algunas venezolanas fueron sometidas a requisas invasivas cuando acudían a las visitas.

En las operaciones de seguridad llevadas adelante por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), algunas mujeres recibieron golpes, insultos y fueron obligadas a presenciar la ejecución de sus familiares.

En el contexto de manifestaciones, la misión documentó dos casos en los que mujeres venezolanas fueron atacadas o detenidas y fueron víctimas de agresiones sexuales y amenazas. La Misión continúa recibiendo información en sus canales de comunicación.

Opacidad

La Secretaria del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, Luz Patricia Mejia, explicó que el ente está conformado por las ministras de los países y una experta nombrada por cada uno que se encargan de evaluar la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará.

En el último informe publicado, en el año 2017, se observó que la legislación venezolana reconoce la violencia en el ámbito público y privado y cuenta con estructuras de protección especializadas como tribunales y fiscalías. Sin embargo, cuando se piden resultados de esas políticas, se evidencian grandes debilidades institucionales y de monitoreo que dificultan conocer la situación real de la violencia.

«En Venezuela hay planes nacionales de igualdad pero cuando vemos el monitoreo del plan, quienes los disfrutan (…) vemos que se diluye la información, no hay precisión de data, no hay información estadística, los registros estadísticos de lo que nos habla el Ministerio Público nos habla de importantes procesos de impunidad porque hablan de muchas denuncias que llegan pero 3 % de las denuncias son las que se judicializan», detalló.

Comentó que es un sistema que ya reconocía las debilidades en Venezuela y construyó una estructura para dar respuesta, sin embargo provee muy poca información que permita decir que esa estructura está funcionando.