Tras la decisión tomada por el Tribunal 4to de Control del estado Zulia, que dictó este jueves 14 de enero medida preventiva privativa de libertad a cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, defensores de derechos humanos en Venezuela protestaron frente a la sede del Programa del Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en Caracas.
La protesta se realizó la mañana de este viernes 15 de enero, a horas de que se conociera la decisión el tribunal, que imputó a los trabajadores humanitarios cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
“Liberen a Azul positivo”, con este grito al unísono los defensores exigieron la libertad para sus colegas.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea advirtió que la administración de Nicolás Maduro busca silenciar a los medios de comunicación y defensores de DDHH porque son los que han expuesto las condiciones para que la Corte Penal Internacional pueda iniciar una investigación en Venezuela.
“Estamos alertando desde el año pasado que a raíz de la neutralización de la clase política las autoridades iban a realizar una ofensiva contra los que íbamos a seguir hablando de la situación del país; contra medios de comunicación independiente, organizaciones de DDHH y organizaciones sociales, porque el interés de este año es neutralizar nuestra capacidad de actuación y silenciarnos”, dijo.
Uzcátegui exigió al Pnud y a su representante, Jan Harfst, que rechacen la detención arbitraria de los cinco trabajadores de la ONG humanitaria Azul Positivo, ya que la ayuda humanitaria no es un delito.
“Rechazamos de manera pública la reciente privación de libertad contra los integrantes de Azul positivo que realizaban trabajo humanitario (…) el trabajo humanitario en Venezuela no es un delito, es absolutamente necesario en esta circunstancia, es importante recibir la cooperación internacional como los venezolanos lo están recibiendo, la cooperación internacional en esta circunstancia es un derecho”, dijo el representante de Provea a los medios de comunicación.
Exigimos a @PNUD_Venezuela y su representante, Jan Harfst, que rechacen la detención arbitraria de los 5 trabajadores de la ONG humanitaria, Azul Positivo. #AyudaHumanitariaNoEsDelito Continuaremos defendiendo el derecho a la cooperación y asociación #LiberenAzulPositivo #15Ene pic.twitter.com/6iGzDqD6qA
— PROVEA (@_Provea) January 15, 2021
Encarcelados
Los integrantes de la organización no gubernamental fueron encarcelados el pasado 12 de enero y este jueves 14 de enero, fueron presentados ante los tribunales ordinarios.
De acuerdo a la información, serán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Maracaibo.
Organizaciones nacionales y de la comunidad internacional han rechazado la persecución a esta y otras ONG. Exigieron además la liberación inmediata de los integrantes de Azul Positivo y la devolución de sus bienes e insumos que le fueron incautados.
El director de Azul Positivo, Johan León, sufrió un Accidente Cardiovascular el pasado mes de diciembre por lo que el Estado debe garantizarle atención médica, según aseguraron organizaciones de derechos humanos, que además señalan que con la detención arbitraria de los integrantes de esta ONG se está violando el espacio humanitario en el país.
Azul Positivo ha asistido humanitariamente a sectores vulnerados por la pobreza, jóvenes y miembros de la comunidad Lgbti+ en el estado Zulia, especialmente aquellos afectados por el virus VIH.
Entre los años 2015 y 2020 esta organización ha atendido a 43 mil personas en Zulia y en 2020 realizó casi 2 mil pruebas rápidas para detectar el VIH en poblaciones vulnerables de la entidad.