Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

1

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela, exhortó a las agencias de Naciones Unidas y al coordinador humanitario Peter Grohmam, a que emita un comunicado urgente tras la detención de los cinco trabajadores de Azul Positivo.

“Arrancamos este año realmente alarmados por la continuidad de los ataques y hostigamiento y criminalización de la sociedad civil, esto no es nadas nuevo y no lo normalizamos, esto afecta el trabajo que realizamos en respuesta al vacío de información y al vacío de respuestas del Estado”, aseguró Alberto Nieves, representante de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi).

A través de una videoconferencia, realizada la mañana de este jueves 14 de enero,  el grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, se mostró preocupado por el silencio que han guardado las agencias de las Naciones Unidas, ante la detención arbitraria que sufrieron los trabajadores humanitarios de Azul Positivo, el pasado 12 de enero en el estado Zulia.

“Exhortamos a las agencias de Naciones Unidas y al Coordinador humanitario que se encuentra en el país, que emita un comunicado urgente, porque es una situación que preocupa”, recalcó Juan Berríos Ortigoza representante de Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Libertad inmediata

Las organizaciones exigieron la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo, y que esta sea sin cargos. También pidieron el cese del hostigamiento de la labor humanitaria, ya que el Estado debe preservar el espacio humanitario.

Por su parte, Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, rechazó la detención y calificó de grave la situación por la que pasa Azul Positivo. “Es una situación de enorme gravedad que afecta a los compañeros de  Azul Positivo y nos unimos al llamado a la liberación, y el rechazo a la detención arbitraria y el uso de la justicia militar”, dijo.

Reyna explica que lo que ocurre es un patrón de criminalización del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y han visto que está  orientado a las organizaciones que defienden DDHH, a las organizaciones humanitarias y a los medios de comunicación.

El defensor de DDHH alega que para el sector del chavismo gobernante, las organizaciones de la sociedad civil significan o tratan de inscribirlas dentro de  algún tipo de acción contra el Estado. “Hacen un daño inmenso este tipo de criminalización, por eso es que la defensa de los DDHH en sí misma es un derecho humano”.

“Nos preocupa no escuchar la voz alta y clara del Coordinador Humanitario en el país porque si justamente se trata de una organización que trabaja con Acnur y Onusida también es un deber y una obligación del sistema humanitario en salir a su protección, no lo han hecho y es algo de reclamarle y es su deber”, exige.

Aunque las organizaciones han entrado en contacto con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, los funcionarios de ONU no han contestado.

Azul Positivo es una organización que brinda asistencia en materia de salud a las comunidades más vulnerables en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Desde el año 2004, Azul Positivo trabaja para fortalecer la respuesta ciudadana ante el VIH, las campañas son realizadas a través de la educación sexual y la dotación de insumos en comunidades del estado Zulia.

Entre los años 2015 y 2020 esta organización ha atendido a 43 mil personas en Zulia y en 2020 realizó casi 2 mil pruebas rápidas para detectar el VIH en poblaciones vulnerables de la entidad.

Las organizaciones resaltaron que el director de Azul Positivo, Johan León, sufrió un Accidente Cardiovascular el pasado mes de diciembre por lo que el Estado debe garantizarle atención médica.

Desde que fueron detenidos el 12 de enero, los cinco trabajadores de Azul Positivo se mantienen incomunicados. La detención se realizó por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras realizar un allanamiento en la sede de la ONG.