Como parte de su campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional, el chavismo volvió a asomar su intención de promover leyes que prohíban el financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que son defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
“Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”, fueron las declaraciones del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en febrero de este año en referencia a Programa Venezolano de Educación y Acción en DD. HH. (Provea).
Con la posibilidad de que esta ley prospere en el Parlamento que el chavismo pretende retomar en las comicios del 6 de diciembre, el director de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna, asegura que la intención política del gobierno es mantener la línea de callar voces “críticas e incómodas”.
“Cuando existen acusaciones de violaciones a los derechos humanos siempre se buscan poner obstáculos. El problema con estas restricciones son las consecuencias que puede acarrear. No es solo a las organizaciones, es la sociedad venezolana”, dijo el activista en una consulta realizada por Efecto Cocuyo.
Reyna destacó que esta normativa puede impedir el acceso a distintos tipos de recursos que pueden afectar el apoyo técnico y de equipamiento para las organizaciones: “El Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de asociación entre las ONG y las organizaciones internacionales”.
El defensor de DD. HH. agregó que el chavismo no puede imponer las leyes para prohibir el financiamiento a ONG “con un simple argumento”.
“En el contexto de una sociedad democrática, las ONG tenemos como como meta beneficiar a las personas. Con las restricciones se vería afectado el acompañamiento a víctimas, comunidades vulnerables, derechos ambientales e indígenas, personas con discapacidad, entre otras”, dijo Reyna.
Atento a la sociedad misma
Para la directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), Liliana Ortega, criminalizar y estigmatizar a las organizaciones no gubernamentales puede ser considerado un llamado de atención por parte de la comunidad internacional.
“Las restricciones administrativas a las ONG pueden contraer graves problemas ante la las organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. A quienes busquen lograr que se materialice, puede traer consecuencias muy serias. Atentar contra las ONG, es como atentar contra sociedad misma”, dijo la activista a Efecto Cocuyo.
Ortega destacó que de prosperar la prohibición de financiamiento, las organizaciones no gubernamentales continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos.
“Cuando en países existen restricciones, hay mayor financiamiento y mayor apoyo. Ocurrió en Siria y en la Chile de Pinochet; por poner ejemplos”, dijo.
La directora de Cofavic destacó que organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Unión Europea respaldarían la defensa de los derechos de las organizaciones en Venezuela.
Instituciones como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a través de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) han sustentado sus informes en las denuncias presentadas por las ONG en el país.