Como parte de su campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional, el chavismo volvió a asomar su intención de promover leyes que prohíban el financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que son defensoras de los derechos humanos en Venezuela.
“Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”, fueron las declaraciones del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en febrero de este año en referencia a Programa Venezolano de Educación y Acción en DD. HH. (Provea).
Con la posibilidad de que esta ley prospere en el Parlamento que el chavismo pretende retomar en las comicios del 6 de diciembre, el director de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna, asegura que la intención política del gobierno es mantener la línea de callar voces «críticas e incómodas».
«Cuando existen acusaciones de violaciones a los derechos humanos siempre se buscan poner obstáculos. El problema con estas restricciones son las consecuencias que puede acarrear. No es solo a las organizaciones, es la sociedad venezolana», dijo el activista en una consulta realizada por Efecto Cocuyo.
Reyna destacó que esta normativa puede impedir el acceso a distintos tipos de recursos que pueden afectar el apoyo técnico y de equipamiento para las organizaciones: «El Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de asociación entre las ONG y las organizaciones internacionales».
El defensor de DD. HH. agregó que el chavismo no puede imponer las leyes para prohibir el financiamiento a ONG «con un simple argumento».
«En el contexto de una sociedad democrática, las ONG tenemos como como meta beneficiar a las personas. Con las restricciones se vería afectado el acompañamiento a víctimas, comunidades vulnerables, derechos ambientales e indígenas, personas con discapacidad, entre otras», dijo Reyna.
Para la directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), Liliana Ortega, criminalizar y estigmatizar a las organizaciones no gubernamentales puede ser considerado un llamado de atención por parte de la comunidad internacional.
«Las restricciones administrativas a las ONG pueden contraer graves problemas ante la las organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. A quienes busquen lograr que se materialice, puede traer consecuencias muy serias. Atentar contra las ONG, es como atentar contra sociedad misma», dijo la activista a Efecto Cocuyo.
Ortega destacó que de prosperar la prohibición de financiamiento, las organizaciones no gubernamentales continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos.
«Cuando en países existen restricciones, hay mayor financiamiento y mayor apoyo. Ocurrió en Siria y en la Chile de Pinochet; por poner ejemplos», dijo.
La directora de Cofavic destacó que organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Unión Europea respaldarían la defensa de los derechos de las organizaciones en Venezuela.
Instituciones como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a través de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) han sustentado sus informes en las denuncias presentadas por las ONG en el país.
Ley de Cooperación Internacional «tendrá consecuencias devastadoras», advierten 500 organizaciones de la sociedad civil
Chavismo y oposición marchan este #1May para conmemorar el Día del Trabajador (Fotos y videos)
Luego de seis años tras las rejas, otorgan libertad al preso político Steven García
Chavismo inaugura su Universidad de las Comunicaciones en la sede de El Nacional
Maduro anuncia la llegada de leones blancos y otras especies a Venezuela
Policía detiene a estudiante en Texas que portaba armas cerca de escuela
Exigen libertad plena para Roland Carreño tras tercera audiencia de juicio
Activos “están fuertemente amenazados”, advierten funcionarios del gobierno interino
Así transcurren las elecciones estudiantiles de la UCV este #25May