Diosdado Cabello volvió a lanzar amenazas contra el trabajo de las ONG de DDHH en Venezuela esta semana.

Durante la transmisión de su programa “Con el mazo dando”, este miércoles 4 de noviembre, dijo que una de las primeras leyes que impulsará el chavismo al llegar a la Asamblea Nacional (AN) es la de prohibir el financiamiento internacional para organizaciones y dirigentes en el país.

Como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en febrero pasado ya había adelantado posición al respecto.

El miércoles 19 de febrero de 2020 prometió que este órgano chavista iniciaría acciones para sancionar a las ONG, a las que acusó de “conspirar contra la patria”.

Se refirió en específico al Programa Venezolano de Acción-Educación en Derechos Humanos (Provea) en ese momento.

“Vamos a introducir la semana que viene en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países y que eso sea utilizado… vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. Ya basta, ya”, expresó en aquel entonces.

Ahora volvió con el tema apenas a 29 días para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, cuando el chavismo pretende recuperar la mayoría que perdió en las parlamentarias de 2015.

Cabello: Vamos aplicar sanciones a aquellos que reciben financiamiento de EEUU para conspirar contra la patria

Afectará a los más vulnerables

Para el coordinador de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, Marino Alvarado, este empeño de Cabello responde a la política sistemática de persecución política del gobierno de Nicolás Maduro contra las organizaciones de la sociedad civil.

Lo califica como “un avance autoritario” de la gestión de Maduro, aunque recuerda que es una práctica que inició en la gestión de Hugo Chávez en el poder (1999-2013).

“Este empeño en criminalizar que se reciba cooperación internacional solo tiene como propósito agregar más elementos para la persecución política en el país”, dijo.

Para Alvarado los más perjudicados de concretarse una ley de esta naturaleza serán las comunidades más vulnerables y necesitadas en el país, que a diario reciben la asistencia de organizaciones.

“La cooperación internacional termina siendo una cooperación para ayudar a los más vulnerables y necesitados, a los que están marginados en el país por las políticas públicas del Estado”.

Criminalizar a organizaciones de DDHH

Mientras que el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, afirma que este tipo de prácticas se aplican ya en países como Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó organizaciones de DDHH y le confiscó bienes.

“Nos preocupa mucho que Cabello esté anunciando esto, porque se viene entonces una andanada de ataques contra los defensores de derechos humanos, que lo único que han hecho es denunciar la realidad venezolana y llevarla a las instancias internacionales”, advierte.

Daniels dice que esto es consecuencia de los informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del más reciente sobre la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, a lo que agrega la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el examen preliminar “Venezuela I”, que se dio a conocer esta misma semana.

“Criminalizar a los defensores de derechos humanos es tratar de ocultar la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Y pone en evidencia que el sistema represivo se quiere extender hasta las organizaciones, ya no bastan las amenazas sino que ahora se les quiere asfixiar. Estamos en desacuerdo y elevemos quejas ante organismos internacionales para que se le llame la atención del gobierno y pare este tipo de amenazas”, añade.

Para el abogado este tipo de declaraciones es una escalada contra el trabajo de las organizaciones de DDHH en el país, porque al referirse concretamente a una ley “se obedece ya a una política diseñada por el gobierno para tratar de quitarle la voz a las organizaciones”.