La Corte Penal Internacional (CPI) dictará sentencia a la apelación que presentó el gobierno de Nicolás Maduro el próximo 1 de marzo, informó el organismo de Naciones Unidas este viernes 16 de febrero.
La Sala de Apelaciones I informó que los jueces Marc Perrin de Brichambaut (presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze darán a conocer su decisión en esa fecha.
La apelación que introdujo el gobierno es contra la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó, a petición de la Fiscalía de la CPI, continuar la investigación que comenzó en 2018 contra la gestión de Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su gobierno.
Desde que el fiscal Karim Khan solicitó y la Sala de Cuestiones Preliminares aprobó continuar la investigación, el gobierno ha introducido una inhibición, primero contra el fiscal y después una apelación contra esta sala.
La CPI recordó este 16 de febrero que «el 3 de julio de 2023, Venezuela comunicó su voluntad de apelar la Decisión del artículo 18, párrafo 2, del Estatuto, emitida por Sala de Cuestiones Preliminares. El 14 de agosto de 2023, Venezuela presentó su escrito de apelación«.
Después de esto y de forma inédita, la Sala llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron los jueces de esta instancia, la Fiscalía de la CPI, representantes del gobierno y de la Oficina Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, que recibieron testimonios de las víctimas venezolanas y sus familiares.
Acuerdo con Caracas
El pasado 3 de diciembre de 2023, el fiscal Khan anunció la firma de un acuerdo con Miraflores para establecer la oficina de la CPI en Caracas.
Se trata de un compromiso adquirido en las visitas que el funcionario hizo al país, para facilitar el trabajo de la Fiscalía en lo que corresponde a sus “funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento” que firmaron las partes».
La decisión que se dará a conocer en marzo ocurre en el contexto de la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH que se establecieron en Venezuela en el año 2020, y la suspensión de las labores de este organismo, una medida que informó el canciller del gobierno, Yván Gil, este jueves 15 de febrero.