Tras celebrarse el segundo día de una audiencia pública en la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno venezolano señaló a la Fiscalía de omitir «información de los casos» que investigan por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante la gestión de Nicolás Maduro.
Este proceso que por primera vez hace el organismo se debió a la apelación que introdujo el gobierno en julio pasado, después de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó que se continuara la investigación, una vez se inició el proceso en febrero de 2018.
El canciller Yván Gil, quien participó los dos días de las audiencias con una serie de abogados en nombre del Estado, ofreció unas breves declaraciones al canal Venezolana de Televisión este miércoles 8 de noviembre.
Qué dijo defensa de Miraflores
«El caso contra Venezuela es políticamente motivado. La fiscalía no ha mostrado ninguna evidencia para armar un caso sólido contra Venezuela», dijo Gil a las afueras de la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos. Añadió que «la Fiscalía ha omitido información importante respecto a los casos».
Sin embargo, la representación legal de Miraflores admitió ante los jueces que participaron en las audiencias que no se han investigado los casos en el territorio venezolano.
Una de las justificaciones de estos juristas es que en Venezuela la legislación no contempla crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución.
El proceso contra Miraflores comenzó en febrero de 2018. Ese mismo año se unieron varios países para que se realizara una investigación. Con el cambio del fiscal de la CPI, el nuevo funcionario a cargo, Karim Khan, ha visitado tres veces Venezuela y desde la sede del Palacio de Gobierno en Caracas, junto a Nicolás Maduro, anunció el cierre de la fase preliminar en noviembre de 2021.
En abril de 2022, Khan pidió comenzar la investigación a la Sala de Cuestiones Preliminares, tiempo desde que el gobierno inició apelaciones para intentar frenar la nueva etapa.
Este miércoles, la Fiscalía de la CPI aseguró que de los 62 casos que reportó el Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI, 47 de ellos no identifican a los perpetradores. Además, de otros 124, aún hay 113 que están en fase de investigación.