Carlos Correa: La instigación al odio la asocian cada vez más contra quienes critican la gestión pública

LA HUMANIDAD · 21 ABRIL, 2022 08:39

Ver más de

Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


¿Cómo valoras esta información?

1
QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Opinar y hacer humor tomando como referencia a algunos de los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro pudieran acarrear penas de cárcel en Venezuela.

El caso más reciente fue el de Olga Mata, una tiktoker de 72 años de edad, que subió un video a las redes sociales donde explicaba, con algunos nombres de funcionarios del Gobierno, cuál sería el relleno de una arepa venezolana.

En el corto video Mata nombra al fallecido presidente Hugo Chávez, al fiscal designado por la Constituyente Tarek William Saab, al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, a la diputada Iris Varela, a Cilia Flores y al gobernante Nicolás Maduro.

Pero la última referencia fue la que alertó a las autoridades chavistas. Mata se refirió a la arepa viuda como la “Cilia Flores”.

— Señora pero esa (Cilia Flores) todavía no está viuda, interrumpen.

— Bueno pero eso es lo que todos deseamos, respondió la tiktoker, refiriéndose en tono burlón a la muerte del Gobernante.

El video se hizo viral rápidamente y el pasado 9 de abril, Mario Silva, diputado oficialista y presentador del programa “La Hojilla”, transmitido por Venezolana de Televisión, acusó a la tiktoker de “apología al delito”, por hacer un chiste sobre la muerte del mandatario chavista.

 “Si alguien conoce dónde está esa señora”, preguntó Silva en su programa.

Tras hacerse viral el video de Mata, Tarek William Saab, a través de su cuenta de Twitter, dictó una orden de aprehensión contra la tiktoker y su pareja Florencio Gil Mata, por “promoción al odio”

“Dichos sujetos instigaban al asesinato de personalidades públicas”, escribió Saab.

Tras conocerse la medida judicial, Mata subió un video en el cual ofrecía disculpas públicas y el Tribunal acordó una medida cautelar.

 

Pero este no ha sido el único caso que involucra -a quienes intentan hacer humor en contra de los funcionarios del Gobierno- con el sistema de justicia. En septiembre de 2018 dos bomberos del estado Mérida fueron detenidos por comparar en un video a un burro (asno) con Nicolás Maduro.

Ese año la Fiscalía imputó a Ricardo Antonio Prieto Parra y Carlos Julio Varón Gracia por el delito de incitación al odio con agravantes y solicitó la privativa de libertad de ambos

Imputan a Bomberos de Mérida por incitación al odio tras grabar parodia de Maduro

Además de la comparación con el animal en el video los bomberos denunciaban la falta de equipamiento de la estación bomberil. Aunque estuvieron detenidos por 48 días, el caso sigue abierto y los bomberos continúan con un proceso judicial abierto.

Ante esta situación la organización no gubernamental Espacio Público ha documentado los casos de violación a la libertad de expresión. Durante el año 2021, la ONG registró 17 casos donde se les aplicó la Ley contra el Odio a algunos ciudadanos.

Instigación al odio

Carlos Correa, director de Espacio Público, señala que el humor y las sátiras contra funcionarios del Gobierno son especialmente perseguidos por las autoridades.

El defensor de derechos humanos señala que la instigación al odio se usa cada vez más para asociar esa categoría a la crítica legítima que cualquier persona pudiera hacer a la gestión pública en el país.

“Es absolutamente contraproducente”, explica.

Correa alerta que cuando se persigue este tipo de expresiones se reducen las garantías democráticas y, por lo tanto, se expresan en el debilitamiento de las garantías para la libertad de expresión.

“El humor ha sido perseguido de distintas manera durante este Gobierno. Ha habido casos donde el humor o expresiones de humor en programas de radio, o expresiones vinculadas a temas de contenido sexual que también han sido censuradas y se han abierto procesos judiciales”, explica Correa, en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

Un patrón

El defensor de derechos humanos señala que hay un patrón de persecución a quienes hacen humor con temas relacionados con el Gobierno o con sus funcionarios. Explica que muchas veces son contenidos que se hacen virales en redes sociales y llegan a manos de altos funcionarios, esto hacen la crítica en sus programas o redes sociales y después las autoridades abren procesos judiciales en contra de quienes hicieron las parodias.

“En líneas generales el patrón en este caso (Olga Mata) se confirma y se hace referencia a un mensaje que circula en redes sociales o mensajería, en este caso se hizo en el programa de Mario Silva”, dice Correa.

El representante de Espacio Público señala que el proceso judicial que se les abre a estas personas   se alarga durante mucho tiempo y en ocasiones se detiene a la persona y en otras se les da medidas cautelares de privativa de libertad.

Para Correa la liberta de expresión es un derecho fundamental, que no debería tener penas privativas de libertad, porque cuando se castigan expresiones, bien sean humorística o no, hacia el poder público, lo que hacen es reducir la posibilidad de que la crítica pueda expresarse libremente.

“En algunas ocasiones pueden generar inhibición, pues al dar información sobre temas de interés público existe la posibilidad de que persigan a la  gente”, agrega.