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La Asociación Civil Convite manifestó que continuará con su labor de ayuda humanitaria para los adultos mayores en Venezuela, pese a las últimas actuaciones que en su contra ejercieron organismos de seguridad adscritos al gobierno de Nicolás Maduro.

Este miércoles 16 de diciembre, fijaron posición oficial tras el allanamiento que funcionarios que efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron a su sede el martes 15 de diciembre.

«Desde Convite seguiremos desplegando un soporte de ayuda humanitaria para las personas mayores, una de las poblaciones más frágiles afectadas por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. Somos parte del espacio humanitario y conocemos bien nuestro mandato basados en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, autonomía operacional y centralidad de la protección de los derechos», manifestaron.

Cesar hostigamiento y criminalización

Después de cuestionar la acción judicial en contra de la ONG por parte de un tribunal con competencia en terrorismo, insistieron en que su labor es transparente y de conocimiento público en Venezuela.

«Nuestras actividades son transparentes, notorias y con evidencia pública. No tenemos agendas ocultas, nuestra preocupación es la gente que sufre y hacia ellos va todo nuestro accionar. De ello pueden dar fe las casas hogares, los comités de pensionados, los asilos y las comunidades que son el centro de nuestro trabajo, donde siempre hacemos saber que la acción humanitaria es un derecho de todas las personas que la necesiten».

Llamaron al cese del hostigamiento y criminalización de su labor humanitaria, «sobre todo porque con ello terminan afectando a quienes más necesitan».

El allanamiento

Sobre el allanamiento, explicaron que lo ordenó el Tribunal 4° de Control que conoce delitos asociados al terrorismo. Esta la ejecutaron seis funcionarios de las Faes, que al llegar a la sede se llevaron tres CPU, tres laptops, dos teléfonos personales y solicitaron que el director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y la administradora de la ONG, Patrizzia Latini, acudieran a declarar en la sede de contrainteligencia de las Faes en Caracas.

El comunicado asegura que sólo les permitieron leer la orden de allanamiento que presentaron dos funcionarios de las Faes, pero sin posibilidad de obtener una copia de ella. Estos funcionarios dijeron que investigaban a Convite por una denuncia que se relaciona con «materiales explosivos, armas y actividades ligadas al terrorismo».

Añadieron lo siguiente: «Tras permanecer cerca de dos horas en la referida sede de las Faes, a nuestros representantes les fue permitido marcharse y fueron devueltos todos los equipos retenidos. Cabe sin embargo destacar que, si bien la conducta de los funcionarios fue respetuosa en todo momento, no se nos permitió comunicarnos con nuestros representantes legales, se decomisaron los teléfonos de dos integrantes de la organización, no se suministró una copia de la orden de allanamiento y se realizaron interrogatorios sin la presencia de nuestros abogados».

Por último agradecieron a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, al representante humanitario de la ONU en Venezuela y la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) de Naciones Unidas, así como a las ONG de DD. HH. en el territorio nacional por su apoyo.