Cidh condena ataques contra periodistas, medios de comunicación y defensores de DDHH en Venezuela

LA HUMANIDAD · 5 FEBRERO, 2021 13:02

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) condenaron los ataques contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Venezuela.

“Estos acontecimientos contribuyen con el ya vertiginoso cierre de los espacios democráticos en el país, por lo que llaman al Estado a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales”, dice la nota de prensa, publicada en el sitio web de la Organización de Estados Americanos (OEA), este viernes 5 de febrero.

En la misiva, la Cidh y la Rele destacan que durante las últimas semanas han recibido reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria, como es el caso de la ONG Azul Positivo, que desde el pasado 12 de enero cinco de sus integrantes  están tras las rejas a pesar de que organizaciones internacionales y la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) han exigido su liberación.

La Cidh recordó que el pasado 8 de enero, funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) allanaron, sin orden judicial, la sede en Caracas del medio VPItv, bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzo de los años 2000.

“Los agentes de Conatel y el Seniat habrían incautado cámaras, televisores y computadores portátiles, lo que conllevó que VPItv suspendiera sus operaciones”, dice la Cidh.

El mismo día que se realizaba la sanción administrativa contra el medio, el Seniat interpuso una sanción al diario Panorama por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias, clausurando por 5 días su sede en la ciudad de Maracaibo.

Discursos estigmatizantes

El organismo señala que han observado el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

La Cidh tiene en su registro una declaración hecha por un diputado de la Asamblea Nacional elegida el pasado 6 de diciembre, donde en un programa de televisión calificó a las organizaciones defensoras de derechos humanos como “instrumentos para desestabilizar a los pueblos”.

La Comisión sigue atenta a la escalada de estigmatizaciones de algunos portales web y cuentas oficiales de la administración de Nicolás Maduro. La Cidh señala que en redes sociales estas cuentas tienden a deslegitimar la labor que desempeñan medios de comunicación por recibir recursos de cooperación internacional.

“Conocieron un vídeo en el que figuraban símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y que fue difundido por cuentas oficiales de Twitter, en donde se perfilan periodistas del medio Efecto Cocuyo, acusándoles de ser info-mercenarios por haber recibido financiamiento extranjero para su funcionamiento”, dice la nota de prensa.

Estas acusaciones también fueron hechas contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la organización Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) y Transparencia Venezuela también han sido objeto de señalamientos parecidos.

“La Cidh y Su Rele destacan que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.”, expresan.

“Enemigos del Estado”

Para la Cidh y su Relatoría Especial es especialmente “preocupante” los pronunciamientos que insinúan que las y los periodistas son ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’ por cuenta de su financiamiento extranjero y advierten que, al ser emitidos desde instancias asociables a las fuerzas de seguridad del Estado, los señalamientos se tornan más agresivos y amenazantes; y no sólo se deslegitima su trabajo, también se crea un clima adverso para ejercer su labor, comprometiendo su vida e integridad personal.

La Comisión y su Relatoría Especial expresan preocupación por el anuncio hecho por la Ministra de Interior de Justicia, Carmen Meléndez, el pasado  14 de diciembre de 2020, en relación con el naufragio ocurrido en el estrecho ubicado entre Venezuela y la isla de Trinidad y Tobago en el mismo mes, conocido como el ‘Naufragio de la Güiria’, en donde habrían fallecido 33 personas.

Al respecto, la ministra expresó: “se abrió una investigación contra los medios que difundieron información extremista, que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación”.

“Al respecto, la Comisión y su Relatoría Especial consideran que, con este tipo de declaraciones, se crea un doble efecto inhibitorio: por un lado, se amenaza con la utilización del derecho penal por difundir contenidos incómodos para el gobierno y, por el otro, se insinúa que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en lo sucedido por el mero hecho de informar oportunamente”, señala la Cidh.

El organismo recuerda que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir con exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad.

Reiteran que las personas que se desempeñan como funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

La Comisión urge al Estado de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este sentido, recuerda que las obligaciones del Estado en relación con las personas defensoras y el derecho a defender los derechos humanos guarda relación directa con el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.