Organizaciones mundiales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), Comisión Internacional de Juristas, Conectas, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), condenaron este jueves 14 de enero las recientes campañas de estigmatización, de hostigamiento y operativos emprendidos por la administración de Nicolás Maduro en contra medios de comunicación en Venezuela y alertó que estos constituyen una arremetida contra las libertades de expresión e información en el país.

A través de una declaración pública, se expresó que las acciones emprendidas contra diversos medios de comunicación venezolanos desde el 6 de enero atentan contra la contribución para visibilizar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas. Además advirtió que puede tratarse de una campaña más amplia contra la sociedad civil de Venezuela.

“El medio de comunicación Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, VPI TV y el diario Panorama, entre otros medios de comunicación, se convirtieron en el blanco de campañas estigmatizantes y operativos de fiscalización por parte de las autoridades que responden a Nicolás Maduro”, destacó el comunicado.

Denunciaron que el gobierno de Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para “amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos”, incluyendo actores humanitarios.

“Estos patrones de hostigamiento se pueden traducir en ataques graves contra la integridad, libertad y garantías judiciales de defensores de derechos humanos y periodistas”, señalan.

Estado debe prevenir

Las organizaciones también recordan que las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir los hostigamientos y ataques, además de abstenerse de alentarlos o realizarlos.

El movimiento global igualmente exigió a las autoridades que pongan fin a las acciones contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos, y solicitó que garanticen tanto su labor informativa y el ejercicio de la libertad de expresión, como su contribución a visibilizar los abusos y las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela.

“La ocurrencia y recurrencia de este tipo de actuaciones, como la persecución en contra de defensores y periodistas, su detención ilegal o arbitraria, así como la eventual criminalización de la cooperación internacional que promueve la promoción y defensa de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, podrían conducir a que se cometan otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo eventuales crímenes de derecho internacional”, expresa.

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