La Comisión presidencial para los DDHH designada por Juan Guaidó presentó su informe sobre las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020. En el escrito se responsabiliza al cuerpo de seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en todo el país.
Daniela Suárez, miembro de la comisión presidencial, explicó que la cifra de 158 ejecuciones está determinada por la identidad verificada de las víctimas (nombre, apellido, edad, lugar de asesinato, entre otros), pero advirtió que pueden ser más. Se refirió concretamente a 90 casos cuyos datos no se pudieron confirmar para el informe.
Precisó que los estados más afectados por esta violación a los DDHH y a la Constitución son Lara con 38 casos, Zulia con 18, Aragua con 16, Distrito Capital con 14 y Miranda con 12, entre otros. Los asesinatos se registraron en 16 entidades en total, bajo la fachada de enfrentamientos y resistencia a la autoridad. Recalcó que no hay reportes de funcionarios caídos en dichos procedimientos en lo que va de año.
Víctimas hombres y de zonas populares
Suárez indicó además que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres entre 18 y 45 años con antecedentes penales, que en su mayoría fueron buscados en sus hogares a altas horas de la noche o de madrugada, entre las 12 a.m y las 4 a.m. No excluye otros horarios.
“Los funcionarios alejaron a las víctimas de sus hogares, fueron golpeadas y ejecutadas con disparos antes de ingresar a un centro de salud o después. En otros casos obligaban a la familia a abandonar el hogar. Aparte de ello alteraron la escena para simular enfrentamientos y sustraer objetos de valor”, denunció.
En el informe de cuatro capítulos también se reflejan las cifras de detenciones arbitrarias, hostigamiento y allanamientos ilegales al hogar. El escrito se apoya en informaciones reflejadas en distintos medios de comunicación de todo el país.
“Este informe relata las actuaciones de este grupo irregular, pese a que las instancias internacionales se han pronunciado y la alta comisionada de la ONU pidió su disolución”, expresó el comisionado presidencial para los DDHH, Humberto Prado.
En 2018 fueron reportadas 205 ejecuciones extrajudiciales en el mismo lapso evaluado, mientras que en 2019 hubo 253 (1.231 en todo el año) con dos efectivos de las Faes muertos y ocho heridos. Reiteraron que la aparente disminución de 2020 no es tal dado que hubo víctimas que no se pudieron identificar.
Detenciones arbitrarias
En el reporte de la Comisión se recogen 21 detenciones arbitrarias. Se resalta que ninguna de las aprehensiones cumplió con lo establecido a la normativa legal, es decir, fueron practicadas sin orden judicial o sin la comisión de un delito de flagrancia. Los afectados fueron cuatro diputados del Parlamento, dos miembros del equipo de trabajo de Guaidó, tres periodistas, dos defensores de DDHH y diez integrantes de la sociedad civil.
“En enero se produjo 19%, febrero 14% y 67% en marzo (cuarentena), por lo que existe una conexión con el estado de alarma. Estas violaciones se dieron por opiniones expresadas en redes sociales, protestas, por gasolina o servicios públicos y con una duración de hasta 48 horas”, apuntó Suárez.
La Comisión recordó que los derechos humanos, como el de no ser objeto de detención arbitraria, no pueden ser restringidos ni siquiera en estados de excepción, tal como lo prevé la Carta Magna. En rueda de prensa virtual de este martes 19 de mayo, se acusó al gobierno de Maduro de aprovechar el decreto de estado de alarma para arremeter contra personas por dar opiniones relacionadas con la pandemia del COVID-19 o por manifestar en la calle.
64% de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital, 15% en Táchira y Miranda y 6% en Lara.
En el reporte también se reflejaron seis acciones de hostigamiento. Se entiende como el abanico extenso de conductas ilegales dirigidas a la perturbación, intimidación, coacciones directas a las víctimas o los familiares. De nuevo, los afectados son trabajadores de la prensa, defensores de DDHH, parlamentarios e integrantes del equipo de trabajo del presidente interino, en lugares abiertos y residenciales.
42,85% se dio en el transcurso de detenciones arbitrarias y 57,15% constituyeron, de acuerdo con Suárez, actos de supervisión o vigilancia en lugares estratégicos “a fin de crear un ambientes hostil y provocar temor”.
Un motivo de alarma para la Comisión es que cuando se trata de mujeres, los efectivos de las Faes involucrados en operativos usan la violencia sexual como mecanismo de amedrentamiento. Fue el caso de la diputada Zandra Castillo, quien denunció que le tocaron sus órganos genitales mientras permaneció detenida en marzo de este año y pese a haber manifestado estar embarazada. Igualmente Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, quien trabaja para Guaidó, fue víctima de abuso a finales de ese mismo mes.
Allanamientos arbitrarios
La cifra de allanamientos arbitrarios fue ubicada en 16. En estos casos los funcionarios, en números de diez y hasta 30, tampoco presentaron orden de allanamiento. 62,65% de los procedimientos ilegales tuvieron lugar las residencias de las víctimas.
44% de los allanamientos se dieron en el curso de una ejecución extrajudicial, 37% en el contexto de una detención arbitraria y 19% como estrategia para intimidar y amedrentar a las víctimas. Se produjeron en regiones como Distrito Capital (44%), 32% Lara y 6% en Yaracuy, Táchira y Miranda.
“Las Faes son un peligro para todos los venezolanos. Es un órgano netamente político cuya creación fue ordenada por (Nicolás) Maduro al considerar necesaria la existencia de un cuerpo técnico adscrito a la PNB. De allí que quienes suelen verse más afectados son dirigentes políticos, periodistas y defensores de DDHH”, acotó Suárez.
Prado hizo énfasis en que se trata, en todos los casos, de órdenes arbitrarias e inconstitucionales impartidas por el Estado y que los funcionarios a quienes se les encomienda tienen el deber de negarse. Recordó que las responsabilidades penales son individuales.
“Todas las personas tienen el derecho a la defensa, a ser asistidos por un abogado, pero los funcionarios violan esos derechos, hacen allanamientos sin orden judicial”, cuestionó Prado.