El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) determinó que el portal venezolano de periodismo de investigación Armando.Info sufre, desde el pasado 13 de agosto, bloqueos por HTTP.
Junto al Open Observatory y Venezuela Inteligente detectaron este bloqueo por parte de la operadora de telefonía estatal Cantv, pero también aplicada por las empresas privadas Movistar y Digitel.
#AvanceIPYSVe 10 de los 22 test del @openobservatory que se corrieron este #13A determinaron bloqueos por HTTP a @Armandoinfo por parte de CANTV, Movistar y Digitel
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) August 14, 2018
De un total de 22 pruebas realizadas entre la tarde y noche de este lunes 13 de enero, la mitad de ellas comprobó el bloqueo de Armando.Info, que el pasado 31 de julio sufrió un ataque informático, conocido como DDos, por denegación de servicio.
Ipys destacó que este tipo de bloqueos, según el informe Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), constituye una afectación a los derechos humanos.
“El bloqueo obligatorio de sitios enteros también constituye una medida desproporcionada e incompatible con la protección de los derechos humanos en línea”, cita el Instituto sobre este informe de la Cidh.
Con este nuevo caso registrado, Ipys contabiliza un total de 8 medios digitales que entre 2017 y 2018 han sufrido bloqueos por operadores privados y estatales. Entre ellos están El Nacional Web, La Patilla, El Pitazo, Crónica Uno y Runrunes.
Desde el pasado mes de abril este tipo de restricciones, bloqueos y ataques informáticos ha venido en aumento; primero con El Pitazo; en junio con El Nacional y La Patilla, en julio contra Punto de Corte y Runrunes, y este mes de agosto contra Crónica Unico y Armando.Info.
Dos directivos de este portal y dos reporteros se vieron obligados a salir del país a principios de este año, después de las amenazas y demandas judiciales que recibieron por una serie de reportajes que demostraron la corrupción del programa gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
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