10 adolescentes
10 adolescentes

En Venezuela al menos 10 adolescentes han estado en cárceles como presos políticos desde el año 2018. La mayoría han sido apresados cuando se encontraban en alguna manifestación en contra de Nicolás Maduro, según ha documentado la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

La mayoría de las detenciones de adolescentes en Venezuela se han dado en fechas que han marcado la historia contemporánea, como las manifestaciones antigubernamentales de los años 2014, 2017 y 2019.

Sin embargo, Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado las detenciones de los 10 menores de edad detenidos por el gobierno chavista, que han sido encerrados por periodos más prolongados de tiempo.

De los casos que tiene en su registro, los adolescentes detenidos tenían edades comprendidas entre los 14 y 17 años, y de los 10 detenidos, al menos seis se encuentran con medidas sustitutivas de libertad con procesos judiciales abiertos.

Martha Tineo, abogada y cofundadora de esta ONG, explica que los adolescentes que fueron presos políticos y continúan con procesos judiciales abiertos tienen prohibición de salida del país, no pueden manifestar o realizar ningún tipo de declaraciones a través de redes sociales y se deben presentar ante los tribunales.

Tres de los adolescentes encarcelados por motivos políticos obtuvieron libertad plena y uno se fue al exilio. “Se fue del país evidentemente para librarse de este proceso judicial y actualmente está en el exilio. Sus casos están siendo documentado por la organización”, alega la activista.

Al adolescente de 16 años de edad que tuvo que irse de Venezuela estaba imputado por “terrorismo, conspiración contra el Gobierno, asociación para delinquir y fabricación ilícita de artefactos explosivo”. Mientras que el resto de los adolescentes no se les llegó a imputar ningún delito.

Con seis casos, el Distrito Capital ha sido la región donde se han documentado más detenciones de adolescentes por asuntos políticos. La mayoría de ellos han estado recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, a pesar que este es un centro de detención preventiva donde, según las leyes venezolanas, no debería estar alguien preso por más de 48 horas y menos un niño, niña o adolescente.

La ONG también ha registrado dos casos de detenciones por tiempo prolongado a adolescentes en el estado Lara, una en Yaracuy y la última en el estado Bolívar. De los 10 jóvenes que han sido detenidos,  dos son mujeres de 17 años.

Por qué los adolescentes manifestaban

La mayoría de los adolescentes detenidos de los que tiene registro la organización, han estado presos por manifestar su descontento con las políticas del gobierno.

“Ha sido detenidos en la mayoría de los casos por manifestaciones de exigibilidades de derechos civiles y políticos, me refiero  a su oposición al gobierno, a políticas públicas erráticas, destrucción de todo lo que es el sistema democrático y todo este tipo de manifestaciones: cambio de gobierno, transición política”, explica la defensora de derechos humanos.

Pero aunque la ONG tenga registro de 10 casos de detenciones por prolongados lapsos de tiempo desde el año 2018, no quiere decir que no haya habido más arrestos arbitrarios en el marco de protestas.

Más casos

Foro Penal, ONG que defiende los derechos humanos de presos políticos, en 2019 contabilizó al menos 77 detenciones arbitrarias contra adolescentes, pero en la mayoría de los casos las detenciones suelen ser de hora.

Con las masivas detenciones arbitrarias que ocurrieron durante las protestas de 2014, 2017, y 2019, a las organizaciones defensoras de derechos humanos se les dificultó hacer un registro de las detenciones diarias y el gobierno no daba algún balance sobre estos arrestos.

“Agarraban a 100 personas y las metían en un camión y se las llevaban detenidas. En la mayoría de esas detenciones ni siquiera hubo posibilidad de llevar un registro exacto porque eran de a miles; los detenían, los llevaban a calabozo de cárceles políticas o de otro tipo de sedes policiales.  Los presentaron,  en algunos casos ni siquiera los llegaron a presentar ante un Tribunal, sino que los tuvieron detenidos y luego eran excarcelados”, agrega.

La rapidez de las detenciones, la cantidad  y las rápidas excarcelaciones hicieron casi que imposible documentar todos los casos en el país

“De quiénes si los pudimos llevar (registro de detención), fue de quienes permanecieron presos por periodos largos, por período de meses, incluso años. Al día de hoy, incluso se mantienen en medio de estos procesos judiciales”, añade.

Ejecuciones extrajudiciales y torturas

Desde 2014 Justicia, Encuentro y Perdón ha registrado al menos 34 asesinatos de adolescentes mientras se encontraban manifestando por servicios públicos. A diferencia de las manifestaciones con motivos políticos, la ONG explica que en las manifestaciones por servicios básicos los adolescentes son más vulnerables.

“Los casos de manifestaciones por exigibilidades de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, exigibilidades de servicio básicos como  agua, gas doméstico, energía eléctrica, de inclusión de alimentos, en ese tipo de manifestaciones tenemos registro es de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos”, detalla la activista.

Los adolescentes detenidos políticamente desde 2018 también fueron víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, según afirma Tineo a Efecto Cocuyo. Eran víctimas de estas violaciones de derechos humanos solo con el hecho de permanecer recluidos en lugares donde había hacinamiento, que no eran aptos para adolescentes y que además eran sometidos a torturas físicas.

“Los jóvenes eran detenidos, golpeados, llevados a cárceles donde evidentemente había hacinamiento, donde eran sometidos a torturas físicas, también a lo que denominamos torturas blandas, que es esa tortura psicológica, esa amenaza, ese hostigamiento”, alega.

A pesar de que disminuido el número de presos políticos en el país, el Foro Penal asegura que un adolescente sigue tras las rejas como preso político.

Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías