Desde hace más de cinco años la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL) ha venido alertando sobre la problemática de las cárceles y calabozos policiales venezolanos. En sus distintos informes ha señalado que el hacinamiento, la tuberculosis, desnutrición y el retardo procesal signan la vida de los privados de libertad en el país.
Este 2021 no fue la excepción, a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro creara una comisión para acabar con el hacinamiento de los calabozos policiales del país en 60 días. Eso fue el pasado 23 de junio cuando anunció, en una sesión del Consejo de Estado, una reforma del Poder Judicial en Venezuela,
El hacinamiento es una de las grandes problemáticas del Servicio Penitenciario en el país, que ha traído como consecuencia grandes brotes de tuberculosis, según lo que han denunciado ONG como UVL, que se encargan de defender los derechos humanos de la población carcelaria de Venezuela.
En el país no se sabe cuántas personas están tras las rejas, porque el Ministerio Penitenciario no ha dado cifras, pero aproximadamente según cálculos de UVL hay al menos 110.000 reclusos, de los cuales 65.000 están en centro de atención preventiva, que son lugares donde no deberían permanecer por más de 48 horas. Sin embargo, hay quienes tienen hasta cinco años recluidos en un calabozo policial.
Para Carlos Nieto Palma, director de UVL en el país existen dos modelos de servicio penitenciario, el que dirige el Ministerio de cárceles y el que administran los funcionarios policiales, este último alberga a la mayor cantidad de presos, de acuerdo a las cifras manejadas por la ONG, y es donde se han registrado más brotes de enfermedades como la tuberculosis.
“Los centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas y la situación es muy grave, tanto en cárceles como el centro de detención preventiva. Hay que tomar en cuenta que según lo que dicen las diferentes leyes venezolanas como el Código Orgánico Procesal Penal, el código penitenciario y el decreto de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio le corresponde velar por todos los privados libertad en Venezuela. No obstante, los que están en el centro de detención preventiva no los atiende y dicen que eso no son de su competencia”, explica Nieto Palma.
La tuberculosis y la desnutrición han sido las patologías que han dejado más decesos dentro de las celdas. Del COVID-19 no se sabe nada, ya que las autoridades carcelarias no han revelado el número de casos, salvo en septiembre de 2020 cuando varias autoridades del chavismo dieron cifras, pero dejaron de hacerlo.
Antes de que la tuberculosis y la desnutrición fueran la principal causa de muerte en los recintos carcelarios, las riñas y disputas entre bandas por el control del espacio eran las que generaban más decesos.
Para el primer semestre de este año UVL estimó que al menos 125 personas fallecieron dentro de las cárceles y calabozos policiales, de estas 98 eran debido a enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición.
“Podemos decir que hoy en día la verdadera pandemia de las cárceles de Venezuela no es el COVID-19, sino la tuberculosis y la desnutrición”, dice el defensor de derechos humanos.
Retardo procesal
Sin sentencias completamente firmes y con años en centros de detención preventiva, así son los días de prisión de los presos venezolanos. De cuantas personas están procesadas no se tiene data, pero al igual que del número de presos, UVL estima que en el país casi 70 % de las personas tras las rejas no tienen sentencias completamente firmes.
Esto quiere decir que la mayoría está siendo procesado por los delitos que cometieron o no.
“70 % de los presos no tienen una sentencia definitivamente firme, en muchos casos tienen ya tres, cuatro, cinco y hasta más años esperando que se les haga un juicio que todavía no les ha comenzado”, explica el activista.
Fracaso del Plan para deshacinar
El hacinamiento de las cárceles sigue siendo una tarea que el Gobierno no ha podido revertir. Es tan dramática la situación de los privados de libertad que el propio Maduro ordenó el pasado mes de junio, deshacinar los centros de detención preventiva en un plazo de 60 días, pero esta titánica tarea no se ha podido cumplir.
Nieto Palma señala que en el país hay más de 500 centros de detención preventiva en los cuales están recluidos al menos 65 mil presos; desde que fue creada la comisión la ONG tenía dudas sobre si se cumpliría la meta en tan poco tiempo ya que era muy difícil llevar a cabo todo el proceso jurídico.
“Por supuesto que no logró, no logró deshacinar los centros de detención preventiva. Sí, disminuyó un poco la población tal vez 10 % o 15 % de la población que había logrado obtener medidas sustitutivas de la prisión o logró su traslado a un a un recinto carcelario, pero el trabajo no ha concluido”, dice el defensor de derechos humanos.
Para Nieto en esta comisión ha habido mucha improvisación y creación de falsas expectativas a los reclusos y familiares.
Mujeres y colectivo Lgbtiq+
Las mujeres y el colectivo Lgbtiq+ son vulnerables dentro de los calabozos y prisiones venezolanas. UVL explica que aunque son similares la situaciones de reclusión de las mujeres que del resto de la población penal, pero que, principalmente, a ellas les violan derechos y no se les brindan el tipo de atención que requieren.
Por ejemplo, no les suministran toallas sanitarias, no se les realizan revisiones ginecológicas cuando están embarazadas. Estas faltas de atenciones quedaron registradas en el primer informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Otra de las violaciones a las que se ven sometidas las reclusas es a ofrecer favores sexuales a cambio de “beneficios” como por ejemplo una llamada telefónica, conseguir agua potable, recibir comida, entre otros. Esta denuncia fue presentada en el informe de la Misión para la Determinación de Hechos enviada por ONU a Venezuela.
Por el colectivo Lgbtiq+ quienes más sufren mientras están en prisión son las mujeres transexuales, ya que son víctimas de abusos, maltratos y humillaciones, porque los reclusos y funcionarios policiales no aceptan o reconocen su identidad de género.
Mientras que los gays, lesbianas y bisexuales por lo general tienden a mantener su preferencia sexual en silencio para no ser humillados dentro de los calabozos policiales.