En lo que va de año han ocurrido 44 detenciones arbitrarias, según Foro Penal

LA HUMANIDAD · 4 DICIEMBRE, 2021 15:44

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, perteneciente a Naciones Unidas, una detención es arbitraria cuando no existe una base legal que justifique la privación de la libertad de las personas. En Venezuela en lo que va de 2021 se han registrado, por lo menos, 44 detenciones de este tipo.

La organización no gubernamental Foro Penal indicó a Efecto Cocuyo que de esas 44 detenciones de carácter arbitrario por lo menos cinco personas siguen en prisión y 39 fueron excarceladas con algún tipo de medidas sustitutivas de libertad. Una cifra que se redujo comparándola con la del año 2020, cuando la ONG que defiende los derechos humanos de los presos políticos contabilizó unas 421 en toda Venezuela.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, explica que la pandemia y las pocas manifestaciones que se han realizado en las calles inciden notablemente en esta cifra.

“La reducción de las detenciones tiene que ver básicamente con la pandemia; que ha impedido las protestas masivas. Las detenciones de este año fueron básicamente detenciones selectivas”, explica Himiob.

Desde el año 2014, esta ONG ha registrado 15.796 detenciones en el país. Hasta la tarde de este 2 de diciembre contabiliza 252 presos políticos, entre ellos 15 mujeres, 132 militares y un adolescente.

Además, en el país hay 9.417 personas que alguna vez fueron detenidas arbitrariamente, con medidas cautelares de presentación. De estos 875 civiles han sido presentados ante la justicia militar.

El pasado 3 de noviembre, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció que abriría una investigación formal para determinar si en el país el Estado había cometido crímenes de lesa humanidad. Venezuela se convierte así en el primero de todo el continente americano en ser investigado por esa situación.

Aunque las detenciones arbitrarias no necesariamente caben dentro de estos delitos que investiga la CPI, otros organismos internacionales se han pronunciado en contra de las detenciones.

En septiembre de 2020 La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que envió Naciones Unidas a Venezuela, determinó existen motivos razonables para creer que el gobernante Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición. Entre ellos, citó las «detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política».

La misión de la ONU, liderada por Marta Valiñas de Portugal, señaló en su informe varios elementos comunes a las violaciones. Los más destacados del resultado de su investigación fueron los ataques físicos o amenazas, campañas de difamación y estigmatización, represalias administrativas (especialmente la destitución de políticos, jueces y fiscales o funcionarios públicos de sus puestos), situaciones que no se ajustan a las normas del debido proceso.

En el informe también destacan que en ocasiones a las detenidas y detenido son sometidos a malos tratos y torturas, incluida la violencia sexual y de género; detención durante periodos en los que se desconoce su paradero, hostigamiento y amenazas a familiares o personas cercanas a las víctimas principales.

Otras cifras

Las detenciones arbitrarias han sido una de las practicas más utilizadas por los agentes de seguridad del Estado venezolano. Las organizaciones Provea y Laboratorio de Paz han señalado en su informe de marzo de 2020 a mayo de 2021 que contabilizaron a 628 personas que sufrieron detenciones arbitrarias en el país.

«Las detenciones arbitrarias (fueron) tanto a líderes de la sociedad civil como a ciudadanos que han ejercido su derecho a la manifestación a partir del inicio del estado de alarma en Venezuela (…), así como violaciones del derecho a la vida en el contexto de protestas en el país», explicaron en un comunicado publicado en mayo de este año.

De las 628 personas detenidas arbitrariamente, 60 son mujeres y representan el 22 %, mientras que los 568 restante son hombres.

En el comunicado las organizaciones precisaron que la mayoría de estas detenciones las realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, organismo que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, recomendó disolver ya que ha sido uno de los cuerpos policiales más letales y ha sido acusado de cometer cientos de ejecuciones extrajudiciales.

Las organizaciones explicaron que durante algunas protestas que se realizaron durante el año 2020 en el país hubo el mayor número de detenciones arbitrarias, dentro de las que incluyó a manifestantes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.