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 El presidente argentino, Alberto Fernández, reveló este viernes que le solicitó al titular de la Corte Penal Internacional (CPI), el polaco Piotr Józef Hofmanski, que esa corte «no sea utilizada políticamente», en referencia a la denuncia contra Venezuela.

«Se lo pedí porque el Grupo de Lima había hecho una denuncia contra Venezuela en la CPI de la que Argentina se retiró cuando nosotros fuimos Gobierno», explicó Fernández, al presentarse junto al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en la Feria del Libro Nacional y Popular de la provincia de Santa Fe (noreste).

Fernández se reunió con el titular de la CPI este jueves, ya que Hofmanski se encuentra en Argentina para participar de la 12ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la CPI y el Estado de Derecho y del 43° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global, que se desarrolla en el Parlamento argentino hasta este sábado.

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El mandatario argentino relató que le dijo al presidente de la CPI que «tenga presente que (la denuncia contra Venezuela) fue parte de una maniobra ideada por (el expresidente estadounidense entre 2017 y 2021) Donald Trump en perjuicio de un país latinoamericano» y que tenía «un basamento político, que era marginar, dejar a un costado» a Venezuela.

En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

En marzo de 2021 Argentina se retiró del Grupo de Lima y, como consecuencia, se bajó de la denuncia ante la CPI que había hecho como Grupo de Lima.

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La CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en noviembre 2021 e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con el presidente, Nicolás Maduro.

Las pesquisas del tribunal -que juzga a personas acusadas de cometer delitos contra los derechos humanos- abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017.