El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el rechazo a la petición de aplazamiento formulada por el Estado venezolano y pidió al tribunal internacional autorización para seguir adelante con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las masivas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Khan basa su solicitud en que de acuerdo a la información proporcionada por el Estado venezolano no se ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas (torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política) que son competencia de la CPI, incluyendo las reformas judiciales.
«Parece que las autoridades venezolanas no han investigado a personas en cargos de nivel medio o alto, de autoridad en el aparato del Estado que también puede tener responsabilidad penal por la comisión de los delitos, ya sea directa o indirectamente», señala entre varios argumentos, el fiscal Khan en el documento remitido a la Corte, con fecha 1 de noviembre.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad comenzó en 2018. En 2021, el fiscal Khan anunció el inicio de una investigación formal.
El fiscal apoya con números su solicitud de continuar la investigación, a continuación los datos más resaltantes:
Información incompleta
El Estado venezolano presentó información escrita de 893 casos que afirma que estaban siendo o ya fueron investigados pero solo aporta resumenes con una descripción más detallada del estado de las actuaciones (naturaleza de las medidas de investigación o de otro tipo adoptadas) en solo 265 casos.
Asimismo, solo proporciona cuadros que contienen información sucinta sobre los procedimientos internos para 628 casos (70,32 %), lo que se advierte, no fundamenta la petición de aplazamiento de la investigación.
«Los cuadros y los resúmenes no son actas originales emitidas por las autoridades judiciales en el curso de sus actividades oficiales», señala la petición.
Protestas. De 893 casos denunciados, se indica en el documento, 765 (85,67 %) se relacionan con hechos derivados de las manifestaciones políticas de abril de 2017 en Venezuela. El Estado presentó copias de los registros judiciales correspondientes a 177 casos penales denunciados.
Del total, 25 casos parecen no estar relacionados con crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
No se investiga cadena de mando. El fiscal señala que los procesos internos se centran en los perpetradores directos y miembros aparentemente de bajo nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, no se investiga la cadena de mando. Asimismo, los delitos por los cuales son procesados son en su mayoría «de menor gravedad».
«Una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto. Cabe destacar que solo 7,61 % de los casos se relacionan con delitos identificados por la Fiscalía durante el examen preliminar. Además, considerando los muy limitados pasos investigativos tomados, las investigaciones internas no califican como investigaciones progresivas en el sentido del artículo 17(1)(a) (del Estatuto de Roma)», reza el documento.
Procesos tardíos
Kham sostiene que 606 casos (67,86 %) se encuentran apenas en etapa de instrucción preliminar (diligencias de investigación) a pesar de que son hechos de 2017.
De igual forma determinó que 94 casos (10,53 %) han sido sobreseidos definitivamente (suspensión por falta de pruebas) sin constancia de investigación previa, y en 85,55 % de los casos (764 casos), el alcance fáctico de la investigación interna no está claro o no se ha identificado ningún sospechoso.
«En la mayoría de los casos denunciados hubo largas demoras entre la fecha del presunto delito y la apertura de la investigación, o entre ésta y la institución de las diligencias de investigación, sin justificación alguna. Por ejemplo, en 63 casos los presuntos hechos ocurrieron entre 2014 y 2017 y las investigaciones no se iniciaron hasta 2021 o más recientemente en 2022», reza el documento.
Ataques sistemáticos. La Fiscalía de la CPI también observa que hechos y circunstancias que son relevantes para establecer la posible existencia (o falta de ella) de una política de Estado para atacar a civiles opositores, identificada en el examen preliminar no han sido investigados o no están siendo investigados.
Participación de colectivos
Se apunta especialmente que hay base razonable para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad del Estado en colaboración con civiles y grupos progubermantales (colectivos armados) como parte de un ataque sistemático y dirigido a opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, «alentado» o «aprobado como mínimo» por el Gobierno nacional.
La Fiscalía advierte que la participación de los colectivos no ha sido investigada por las autoridades venezolanas.
«Más bien, el GoV (Gobierno de Venezuela) ha rechazado expresamente la existencia de tal política y de un ataque sistemático contra cualquier población civil, y ha caracterizado los casos de criminalidad investigados como incidentes aislados que constituyen delitos comunes» reza la petición.
Al mismo tiempo advierte que tal afirmación del Estado venezolano no es resultado de «investigaciones reales» llevadas a cabo por autoridades judiciales.
Crítica a la Fiscalía venezolana
No pasa por alto el hecho de que la Fiscalía General de Venezuela, siendo de su competencia, no acude ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se evalúen los méritos de un posible enjuiciamiento que involucre la responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado en crímenes de lesa humanidad denunciados.
En cambio, «este procedimiento se ha utilizado en los últimos años para iniciar acciones contra miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición y contra el ex Fiscal General, pero no por ninguna supuesta conducta relacionada con esta situación».
En junio de 2021, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, aseguró que entregó a la CPI cuatro informes que reflejaron «sanción ejemplar» a violaciones de derechos humanos» en Venezuela.
Tipos y número de delitos. Como muestra de la falta de voluntad del Estado venezolano para castigar crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía se apoya además en el hecho de que, de los casos denunciados, solo se han abierto 12 en relación con delitos de tortura; dos en relación con violación sexual y ninguno con respecto a cualquier forma de delitos sexuales y de género y ninguno en relación con la persecución política.
«La Fiscalía encontró una base razonable para creer que las fuerzas de seguridad, en ocasiones con la participación de los colectivos antes mencionados , cometió diferentes formas de violencia sexual y de género, incluida la violación, contra más de 100 personas que eran percibidas o reales opositoras del GdV desde al menos abril de 2017 en adelante», se apunta.
Según Gobierno no hay persecución
En cuanto a delitos de persecución política, se señala que Venezuela se excusó de investigar porque no existe un tipo penal expresado en la legislación nacional, por lo que se consideró como no registrados, algo que la Fiscalía de la CPI desestima.
«En el examen preliminar la fiscalía encontró una base razonable para creer que, por lo menos, desde abril de 2017 en adelante miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en ocasiones actuando en forma conjunta con individuos progubernamentales, presuntamente persiguieron por motivos políticos a miles de personas que se consideraban opositoras reales o percibidas del Gobierno de Venezuela a través de su encarcelamiento ilegal, tortura y violación y/u otras formas de violencia sexual», ratifica la petición a la Corte.
No se reflejan gravedad de los casos. Khan cuestiona además que las autoridades nacionales investigan principalmente delitos «menores», es decir, considera que de los casos denunciandos, la gran mayoría (611 casos para 84,74 %) son clasificados como de carácter «menor».
En el lote se incluyen 556 casos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes y 19 casos de privación ilegal de la libertad.
«La decisión del fiscal es positiva y viene a demostrar lo que veníamos señalando las organizaciones, en el sentido que el gobierno venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría (que le sirven al Ejecutivo nacional) diseñaron una estrategia de simulación de justicia», dijo a Efecto Cocuyo Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea.