Provea: «La decisión del fiscal CPI es positiva y demuestra que el gobierno hizo maquillaje en el TSJ»

LA HUMANIDAD · 2 NOVIEMBRE, 2022 21:45

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron este martes 2 de noviembre sobre la decisión que tomó el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir al tribunal la autorización para continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Activistas, abogados y familiares de víctimas catalogaron como una «noticia esperada» la posibilidad de que en el país se continúe levantando datos sobre violaciones a los derechos fundamentales y aseguraron que esperan que la Sala de Cuestiones Preliminares determine los próximos pasos a seguir durante el primer semestre de 2023. 

«La decisión del fiscal es positiva y viene a demostrar lo que veníamos señalando las organizaciones, en el sentido que el gobierno venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría (que le sirven al Ejecutivo nacional) diseñaron una estrategia de simulación de justicia. Es decir, hicieron un maquillaje en el TSJ», dijo a Efecto Cocuyo Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea. 

En 2021 y tras una visita a Caracas, Khan anunció el comienzo de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y al mismo tiempo hizo público un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Alvarado indicó que el fiscal de la CPI ha evaluado que el país no está cumpliendo con el principio de la complementariedad, que establece que la responsabilidad fundamental para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad le corresponde a las instituciones nacionales. 

«La evaluación que hace el fiscal es en general negativa. Señala que no observa voluntad suficiente para investigar y establecer responsabilidades. Que la información que se da es muy genérica y que no hay avances en el señalamiento de presuntos responsables en los casos», señaló Alvarado. 

Rafael Uzcátegui: «Presencia del chavismo en la Cidh ha sido vergonzosa»

Una investigación que puede seguir

Sara Fernández, investigadora de la ONG Acceso a la Justicia y coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), recordó que en abril de este año Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que estaría haciendo una solicitud formal para continuar con la investigación, ya que la fiscalía de la CPI había determinado que el Poder Judicial venezolano no llevó a cabo juicios válidos dentro del país. 

«Es una noticia que estábamos esperando y sin duda es positivo, porque es el siguiente paso. Es un avance en el proceso», dijo Fernández.

Agregó que la solicitud del fiscal tiene otros puntos a favor para las víctimas de violaciones de derechos humanos: uno de ellos es que la fiscalía de la CPI va a analizar con detalle por qué en Venezuela no se están realizando juicios válidos por los crímenes que pueden considerarse lesa humanidad.

Acotó que los casos que se han abierto en el territorio nacional han sido señalados como hechos aislados por el Estado y que no se ha tomado en cuenta la existencia de una política sistemática. 

Lea más en: Fiscal de la CPI pide que siga investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

«Se hace un análisis también de la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Se utilizan también los recursos de otros mecanismos a nivel internacional que han estudiado o monitoreado la situación en Venezuela. Consideramos que esos elementos representan un impacto positivo en el avance de la investigación», comentó. 

¿Cuál es el papel de las ONG? 

Alfredo Romero Mendoza, director del Foro Penal, expresó que en el proceso de investigación a crímenes de lesa humanidad las organizaciones no gubernamentales tienen un papel esencial como representantes de víctimas. 

«La víctima tiene un papel importante en este momento, ya que puede plantear su posición sobre continuar o no la investigación, ahí es donde entran las organizaciones y los abogados venezolanos que ya están admitidos ante la CPI. Hay solo cuatro que pueden litigar ante la corte, que son los que pueden acudir a representar a víctimas», explicó.

Agregó que lo único que se presentará en tribunales tras la solicitud de Khan son las pruebas o el sustento para afirmar que en Venezuela no se están realizando investigaciones adecuadas.

«Este litigio no es momento para presentar casos en particular ni responsabilidades concretas de violadores de los derechos humanos. El proceso judicial de fondo no ha comenzado: esto es una situación incidental previa», puntualizó. 

Marino Alvarado apuntó que las ONG en Venezuela esperan que avance el proceso en la corte y que a mediano plazo se puedan señalar responsables con nombre y apellido.

«Las víctimas van a seguir dando su testimonio para seguir documentando. Porque no solo es que se han cometido crímenes de lesa humanidad: es que se continúan cometiendo. El informe semestral de Lupa por la Vida arroja que casi 500 personas fueron presuntamente ejecutadas por policías y militares en los primeros seis meses de 2022», culminó Alvarado. 

LA HUMANIDAD · 29 NOVIEMBRE, 2022

Provea: «La decisión del fiscal CPI es positiva y demuestra que el gobierno hizo maquillaje en el TSJ»

Texto por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara

Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron este martes 2 de noviembre sobre la decisión que tomó el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir al tribunal la autorización para continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Activistas, abogados y familiares de víctimas catalogaron como una «noticia esperada» la posibilidad de que en el país se continúe levantando datos sobre violaciones a los derechos fundamentales y aseguraron que esperan que la Sala de Cuestiones Preliminares determine los próximos pasos a seguir durante el primer semestre de 2023. 

«La decisión del fiscal es positiva y viene a demostrar lo que veníamos señalando las organizaciones, en el sentido que el gobierno venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría (que le sirven al Ejecutivo nacional) diseñaron una estrategia de simulación de justicia. Es decir, hicieron un maquillaje en el TSJ», dijo a Efecto Cocuyo Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de la ONG Provea. 

En 2021 y tras una visita a Caracas, Khan anunció el comienzo de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y al mismo tiempo hizo público un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Alvarado indicó que el fiscal de la CPI ha evaluado que el país no está cumpliendo con el principio de la complementariedad, que establece que la responsabilidad fundamental para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad le corresponde a las instituciones nacionales. 

«La evaluación que hace el fiscal es en general negativa. Señala que no observa voluntad suficiente para investigar y establecer responsabilidades. Que la información que se da es muy genérica y que no hay avances en el señalamiento de presuntos responsables en los casos», señaló Alvarado. 

Rafael Uzcátegui: «Presencia del chavismo en la Cidh ha sido vergonzosa»

Una investigación que puede seguir

Sara Fernández, investigadora de la ONG Acceso a la Justicia y coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), recordó que en abril de este año Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que estaría haciendo una solicitud formal para continuar con la investigación, ya que la fiscalía de la CPI había determinado que el Poder Judicial venezolano no llevó a cabo juicios válidos dentro del país. 

«Es una noticia que estábamos esperando y sin duda es positivo, porque es el siguiente paso. Es un avance en el proceso», dijo Fernández.

Agregó que la solicitud del fiscal tiene otros puntos a favor para las víctimas de violaciones de derechos humanos: uno de ellos es que la fiscalía de la CPI va a analizar con detalle por qué en Venezuela no se están realizando juicios válidos por los crímenes que pueden considerarse lesa humanidad.

Acotó que los casos que se han abierto en el territorio nacional han sido señalados como hechos aislados por el Estado y que no se ha tomado en cuenta la existencia de una política sistemática. 

Lea más en: Fiscal de la CPI pide que siga investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

«Se hace un análisis también de la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Se utilizan también los recursos de otros mecanismos a nivel internacional que han estudiado o monitoreado la situación en Venezuela. Consideramos que esos elementos representan un impacto positivo en el avance de la investigación», comentó. 

¿Cuál es el papel de las ONG? 

Alfredo Romero Mendoza, director del Foro Penal, expresó que en el proceso de investigación a crímenes de lesa humanidad las organizaciones no gubernamentales tienen un papel esencial como representantes de víctimas. 

«La víctima tiene un papel importante en este momento, ya que puede plantear su posición sobre continuar o no la investigación, ahí es donde entran las organizaciones y los abogados venezolanos que ya están admitidos ante la CPI. Hay solo cuatro que pueden litigar ante la corte, que son los que pueden acudir a representar a víctimas», explicó.

Agregó que lo único que se presentará en tribunales tras la solicitud de Khan son las pruebas o el sustento para afirmar que en Venezuela no se están realizando investigaciones adecuadas.

«Este litigio no es momento para presentar casos en particular ni responsabilidades concretas de violadores de los derechos humanos. El proceso judicial de fondo no ha comenzado: esto es una situación incidental previa», puntualizó. 

Marino Alvarado apuntó que las ONG en Venezuela esperan que avance el proceso en la corte y que a mediano plazo se puedan señalar responsables con nombre y apellido.

«Las víctimas van a seguir dando su testimonio para seguir documentando. Porque no solo es que se han cometido crímenes de lesa humanidad: es que se continúan cometiendo. El informe semestral de Lupa por la Vida arroja que casi 500 personas fueron presuntamente ejecutadas por policías y militares en los primeros seis meses de 2022», culminó Alvarado.