La magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, sostuvo un encuentro con la primera vicepresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Luz Ibáñez Carranza.
El encuentro se dio en Países Bajos, este sábado 28 de enero. La magistrada venezolana indicó que el sistema de justicia del país «seguirá dando cumplimiento a los compromisos derivados del Estatuto de Roma y de trabajar en conjunto con la CPI».
La representante de la CPI «hizo referencia a la importancia de la sinergia entre las jurisdicciones nacionales con las internacionales, de cuyo trabajo depende la atención judicial que establece el Estatuto de Roma», siempre según el texto.
En la reunión ambas funcionarias destacaron el papel de las mujeres en el derecho penal internacional, según informó en un comunicado el TSJ que calificó de inédita y fructífera la cita.
«La presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, destacó el firme cometido del sistema judicial nacional de seguir dando cumplimiento a los compromisos derivados del Estatuto de Roma y de trabajar en conjunto con la CPI, en los términos del memorando de entendimiento suscrito con la oficina del fiscal de esa corte (Karim Khan), en noviembre de 2021″, detalla un documento publicado tras el encuentro.
La magistrada venezolana se refirió en la reunión a la «agresión» de la que es objeto Venezuela a través de las sanciones internacionales.
Gutiérrez, también presidenta de la Sala Constitucional (SC), es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Estuvo al frente del máximo tribunal entre 2013 y 2017, designada como magistrada por la AN en 2010. También fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) ad hoc de 2020.
Asimismo, fue procuradora general de la República y antes estuvo al frente de la oficina del Consejo de Ministros, en Miraflores apenas Chávez llegó al poder en 1999. Luego fue ministra consejera, cónsul en Madrid y embajadora de Venezuela en España hasta marzo de 2006.
El Gobierno de Nicolás Maduro denunció en febrero de 2020 a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó al fiscal de entonces, Fatou Bensouda, que abriera una investigación contra EEUU por «crímenes de lesa humanidad».
Sobre el gobierno chavista hay una investigación en curso por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, que prosigue su curso y en marzo se debe conocer una nueva decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que dio plaza a Miraflores a responder a la solicitud del fiscal Karim Khan, para que el proceso se investigue, pese a la oposición del Ejecutivo venezolano, el TSJ y el Ministerio Público.