—¿PCR tampoco? —insistió uno de los que esperaba en la entrada del Hospital Universitario de Caracas (HUC), uno de los centros de salud habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro para la atención de personas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Aproximadamente 40 personas habían acudido al HUC la mañana del 21 de julio de 2020, en busca de una prueba diagnóstica de COVID-19. Las razones para requerir el despistaje eran diversas: algunos afirmaban presentar síntomas, mientras otros querían hacerlo por exigencia de sus empleadores o para tramitar un salvoconducto. Muchos aguardaban desde la madrugada, hasta que a las 9:00 am recibieron la mala noticia: no hay pruebas.
—¡Nada! —contestó una trabajadora del hospital, mientras cruzaba y extendía los brazos en el aire para reforzar la negativa.
A Doug Navarro le urgía una prueba para su padre, un hombre de 67 años con hipertensión. “Vive solo en Caracas y ya no puede valerse por sí mismo”, explica Navarro, quien reside fuera de la ciudad. Una de sus hijas se ofreció a recibir al sexagenario y garantizarle atención las 24 horas del día, pero ella vive en la isla de Margarita, a más de 400 kilómetros de la capital. “Solo nos falta la prueba para que nos den el salvoconducto, para poder trasladarlo”, agrega Navarro.
El gobierno nacional monopoliza la aplicación de pruebas de COVID-19 en Venezuela . Navarro llevó a su padre al Centro Diagnóstico Integral (CDI) “Andrés Bello”, al noreste del municipio Libertador de Caracas, luego de que así se lo recomendaran en el hospital. Allí tampoco encontró material para ningún tipo de prueba, ni rápida o de detección de anticuerpos, ni la prueba PCR o de reacción en cadena de la polimerasa, la cual diagnostica con certeza al nuevo coronavirus.
Regresaron a Catia, la parroquia donde reside el padre, y acudieron al CDI “Gato Negro”. El personal sanitario negó la disponibilidad de reactivos para pruebas de COVID-19 en ese momento. “Me dijeron que tal vez tendrían al día siguiente, pero no podían darme certeza”, cuenta Navarro. Llegaron finalmente al CDI “Los Flores”, aledaño al Hospital Periférico de Catia, y allí les indicaron que regresaran al día siguiente.
Como ellos, otras 30 personas esperaban el 22 de julio en el Periférico de Catia, hasta que a las 8:00 am una enfermera anunció que no se podrían aplicar las pruebas. Alegaron que allí había personas contagiadas con el nuevo coronavirus.
Entonces, el grupo se redujo a cinco personas, entre ellos Navarro y su padre. Una embarazada explicó su apremio: debía hacerse la prueba como requisito para una cesárea. La dejaron pasar, así como a las pocas personas que no se habían ido. “Al final tuvimos suerte”, dice Navarro. Los resultados de un análisis de sangre, recibidos una hora después, descartaron la enfermedad a través de un informe oficial.
Desde marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca los esfuerzos diagnósticos como principal estrategia de control epidemiológico: “Tengo un mensaje sencillo para todos los países: pruebas, pruebas, pruebas”, insistió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. En Venezuela, la centralización de los exámenes y una aparente escasez de pruebas impiden conocer con precisión la dimensión del nuevo coronavirus en el territorio nacional.
El gobierno ha reportado la aplicación de 1.596.120 pruebas hasta la fecha, sin distinguir cuántas son PCR —aquellas que estudian muestras tomadas de la nariz y la garganta y que son recomendadas por la OMS— y cuántas corresponden a test rápidos de detección de anticuerpos, que arrojan resultados en pocos minutos con una muestra de sangre.
El 30 de mayo Nicolás Maduro afirmó que la inversión venezolana en pruebas de detección de COVID-19 superaba los 200 millones de dólares. Un reporte de la ONU del 6 de agosto aclara una proporción desfavorable: de todas las pruebas realizadas en el país en los primeros cinco meses de pandemia, sólo 6% son PCR.
Calidad en riesgo
En Venezuela, el control de la calidad y del gasto público para detectar COVID-19 es una caja negra. A diferencia de otros países de América Latina, que han publicado reportes sobre marcas autorizadas en el país y compras del Estado, el Ministerio de Salud venezolano mantiene en secreto el proceso de adquisición de sus productos.
Maduro aseguró en mayo: “Vamos rumbo a dos millones de pruebas. Estamos preparando el arsenal de pruebas diagnósticas para conseguir 10 millones de pruebas con la ayuda de China, Rusia, Vietnam”.
Para el rastreo del nuevo coronavirus, en Venezuela se han usado al menos cuatro marcas asiáticas de test rápidos, mostradas públicamente por autoridades gubernamentales e identificadas por fuentes de los gremios del sector salud. Provienen de las empresas chinas Wondfo, Edan Instrumental y Nantong Egens Biotechnology, y de la compañía surcoreana Genbody.
Estos test sirven para detectar los anticuerpos que genera el organismo cuando contrae una infección. Dos tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas —IgM e IgG— aparecen en la primera y segunda fase de respuesta al nuevo coronavirus, pero no todas las pruebas rápidas los discriminan. Wondfo no precisa los tipos de anticuerpo y, por ende, tampoco el nivel de avance de la enfermedad.
La Comisión Presidencial de Expertos de la Salud designada por Juan Guaidó, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, ha cuestionado este tipo de diagnósticos. “La detección de prueba rápida por anticuerpo no es capaz de discernir claramente si el paciente tiene infección aguda o anticuerpos”, declaró en abril el infectólogo Julio Castro, miembro de la comisión. Las marcas Edan, Egens y Genbody, sin embargo, sí clasifican los dos tipos de inmunoglobulinas.
Wondfo también ha recibido críticas al otro lado del océano: el 28 de abril, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) decidió suspender su uso en el país asiático y devolver los test comprados por presunta baja efectividad. La empresa, en respuesta, exhortó a las autoridades a usar de forma adecuada el producto, según sus indicaciones e instrucciones.
En Reino Unido, a principios del mismo mes, los medios vincularon a Wondfo con una evaluación científica desfavorable, pero después se aclaró que sus productos no figuraban en ese estudio oficial, el cual analizaba a otros proveedores chinos.
Una legislación nacional atrasada limita la contraloría de las compras públicas en Venezuela, asegura el abogado Daniel Rosas, experto en transparencia estatal. Su firma participa en el proyecto internacional “Índice de Transparencia en Contrataciones Públicas (TPP Rating)”, que evalúa el nivel de transparencia establecido en las leyes de distintos países. En 2019, Venezuela ocupó el puesto 33 de 35 países evaluados.
“Venezuela está en la prehistoria de las contrataciones públicas”, expresa Rosas, y explica que sólo los órganos de contraloría tienen la posibilidad de exigir los expedientes de contrataciones públicas. Se refiere al departamento de auditoría interna de la institución que hace el contrato —en este caso, el Ministerio de Salud venezolano o el Despacho de la Presidencia de la República— y la Contraloría General de la República, a través de su sede nacional o de sus oficinas estadales y municipales. El Ministerio de Salud no rinde cuentas públicamente desde 2015 y la Contraloría no lo hace desde 2017.
El Estado de Alarma Nacional, decretado por el gobierno de Maduro el 13 de marzo tras la llegada del COVID-19 al país, se sumó al Estado de Excepción y Emergencia Económica que está vigente en Venezuela desde hace un lustro. La experiencia nacional no se tradujo en ventaja para las compras de emergencia.
“La autoridad técnica, el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), no se muestra preparado para estas situaciones”, considera Rosas.
Abastecimiento incierto
“Esta prueba se va a Caracas”, dijeron a una pareja —ambos con 32 años de edad— el 23 de mayo, cuando los epidemiólogos del Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia, tomaron sus muestras para un diagnóstico por PCR. Conocieron los resultados dos semanas después, el 6 de junio, a pesar de que un examen de PCR demora entre 24 y 48 horas. Los dos dieron positivo para COVID-19.
El hombre tenía una semana con fiebre, pérdida del olfato, el gusto y el apetito y, luego, dificultades para respirar. Él es comerciante del Mercado Las Pulgas, donde las autoridades identificaron un alarmante foco de contagio.
Inicialmente, la pareja fue examinada con test rápidos, que detectaron el virus en él pero no en ella. “Los médicos me dejaron dentro del hospital porque decían que yo también debía tener la enfermedad, por contacto con él”, cuenta la esposa, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.
Antes de llegar al hospital, habían recorrido dos CDI, donde no encontraron pruebas. La escasez de test en los centros públicos de salud ha sido denunciada por usuarios de varias partes del país a través de las redes sociales, incluido el diputado José Antonio Mendoza del estado Monagas, al oriente de Venezuela.
¡Incompetencia absoluta!
En nuestra ciudad #Maturín los CDI están sin pruebas rápidas ni PCR+ para la detección del Covid-19, quienes presentan síntomas simplemente se les envía a su casa en medio de la proliferación.
Es imposible que la dictadura pueda contener la pandemia!— José Antonio Mendoza (@JoseAMendozaPJ) July 11, 2020
Un mercado paralelo de pruebas se abrió camino en la página web MercadoLibre, la plataforma de ventas online más grande de América Latina. Cualquier persona puede vender y comprar productos al crear una cuenta de usuario, que contará con una reputación pública basada en calificaciones de los compradores.
Al menos cinco vendedores con buenas calificaciones previas en MercadoLibre Venezuela figuran entre quienes han ofrecido pruebas rápidas o “instantáneas” de detección de la COVID-19. Solo se aceptan compras al mayor y presentan marcas chinas y estadounidenses.
“Las pruebas las trae el gobierno. Si las venden es porque las están sacando de una institución pública”, considera María Fátima Garcés, directora de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas. El abogado Rosas afirma que ha hecho seguimiento del Decreto de Alarma Nacional y que hasta ahora no conoce alguna prohibición registrada sobre importaciones por particulares, a pesar de que solo el Estado tiene autorización para aplicar las pruebas.
Los anuncios oficiales hasta julio reportaron una dotación desde el exterior de 427.300 kits de pruebas PCR y 3.200.000 test rápidos, según datos recopilados por Efecto Cocuyo. Los arribos de pruebas y otros insumos a Venezuela son anunciados por el gobierno de Maduro como envíos de ayuda humanitaria y, en algunas ocasiones, como parte de una cooperación bilateral, sobre la cual no se detallan las condiciones del acuerdo.
“No queda claro si se trata de donaciones o préstamos”, advierte Christi Rangel, miembro de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. “China suele denominar ‘fondos de ayuda para el desarrollo’ a los préstamos que entrega a países en el mundo. Y China ha hecho préstamos a Venezuela por más de 62.000 millones de dólares”.
El 11 de marzo, dos días antes de conocerse los primeros casos del coronavirus en Venezuela, circuló en los medios un comunicado de la clínica El Ávila que informaba a sus trabajadores sobre la disponibilidad en ese centro de la prueba PCR, en el Departamento de Biología y Diagnóstico Molecular. Fuentes del gremio de bioanalistas afirman que este material fue incautado por el gobierno.
El 20 de julio, mientras las clínicas reportaban un aumento en la demanda de atención de pacientes con síntomas de COVID-19, el vicepresidente de la junta directiva de la clínica El Ávila, Héctor Marcano, declaró: “Hago un llamado a las autoridades para que permitan que quienes podamos hacer las pruebas, podamos hacerlas”.
Marcano destaca la norma oficial que indica que es indispensable un resultado negativo de PCR para poder dar de alta a un paciente: “A veces un resultado de esos tarda cuatro, cinco, ocho días; y tenemos camas ocupadas por pacientes que quizás pudieran estar en casa y que pudieran ser ocupadas por nuevos pacientes que llegan”.
La pareja zuliana lamenta no haber podido tomar ofertas alternativas para un examen PCR más rápido, durante los 22 días confinados en el hospital. “En Maracaibo sí se están haciendo PCR en clínicas privadas. Mi vecina me dijo que cuestan entre 10 y 15 dólares y a los tres días dan el resultado, pero ni a mi esposo ni a mí nos dieron permiso para salir”, dice la mujer, quien egresó el 13 de junio mientras su pareja quedó recluida en el Hotel Millenium Suite. “No sabemos cuánto tiempo va a seguir allí”, dice.
Apenas tres laboratorios autorizados
Casi todo el peso de los diagnósticos confirmatorios de COVID-19 en Venezuela recae en el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, ubicado en la Ciudad Universitaria, en Caracas. Sin embargo, al menos cinco laboratorios universitarios, de distintas partes del país, están en capacidad técnica y humana de hacer pruebas PCR.
El gobierno de Maduro, al frente del sistema nacional de salud, no detalla los motivos por los cuales mantiene los diagnósticos centralizados en apenas tres laboratorios: dos en la región Capital del país y otro en la frontera con Colombia.
No obstante, pareciera que el oficialismo tiene clara la necesidad de ampliar la capacidad de diagnóstico de la COVID-19. Por ejemplo, desde el canal estatal Venezolana de Televisión celebran los avances de India en ese sentido: “Un componente clave en la estrategia de pruebas, seguimiento y tratamiento de la enfermedad en la India es la existencia de una red de laboratorios de diagnóstico en constante expansión, con 1.451 laboratorios, de ellos 958 del sector gubernamental y 493 privados”.
Cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene fue el único laboratorio autorizado para procesar pruebas PCR. Un segundo centro fue habilitado, en una unidad móvil, en el estado Táchira, para practicar pruebas PCR exclusivamente a las personas que retornan al país en medio de la contingencia sanitaria.
Al quinto mes de la pandemia, el gobierno agregó un tercer laboratorio para los diagnósticos: el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en el estado Miranda. “La meta son seis laboratorios, todos bajo el control del Instituto Nacional de Higiene”, declaró entonces Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología.
Una semana antes, la principal universidad pública venezolana reiteraba una oferta desaprovechada: “Laboratorios bien equipados en cuanto a tecnología e infraestructura y personal altamente calificado”, como se señala en un comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), divulgado el 14 de julio. “No entendemos por qué no permiten a otros laboratorios procesar pruebas PCR. Tenemos más preguntas que respuestas”, agrega Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Tres laboratorios —uno en la Facultad de Ciencias, otro en la Escuela de Medicina Tropical y uno más en la Escuela de Bioanálisis— tiene la UCV a disposición. La Universidad de Carabobo, en la región central del país, y La Universidad del Zulia, en occidente, también pueden procesar estas pruebas, explica Garcés.
La experta agrega que en las principales ciudades del país, como Caracas, Puerto La Cruz, San Cristóbal y Valencia, también hay laboratorios privados con tecnología para diagnosticar COVID-19.
Los centros alternativos requieren más que una autorización: “Necesitamos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud nos dote con los kits de diagnóstico, así como el material descartable para realizar el aislamiento SARS-CoV-2 y diagnóstico de la COVID-19”, indica el comunicado de la UCV.
Garcés, también directora de la Escuela de Bioanálisis de la UCV, enfatiza: “Tenemos los equipos para hacerlo, pero si el gobierno o la OPS (Organización Panamericana de la Salud) no nos dan los medios de cultivo y reactivos, no podemos hacerlo, porque aquí nadie puede importar; el gobierno tiene eso controlado. Y no podemos hacer nada sin los kits”.