Clap: cuatro años de paliativos para una pandemia llamada hambre

ESPECIALES · 2 MAYO, 2020 16:53

Clap: cuatro años de paliativos para una pandemia llamada hambre

Texto por Edgar López

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Edgar López

“Los CLAP surgieron en 2016 como una medida transitoria. Hoy dependen de la importación”

“El gobierno de Maduro usa los CLAP para reforzar la idea del Estado como gran proveedor”

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Con la pandemia del COVID-19, el propósito inicial de distribuir alimentos subsidiados “casa por casa” a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se convirtió en un imperativo, más por razones de salud pública que por eficiencia del programa gubernamental. “A pesar de que se ha sumado la escasez de gasolina, ahora estamos acercando más los alimentos a las casas de la gente”, asegura una “jefa de calle” de Lomas de Urdaneta, encargada de la distribución de cajas o bolsas Clap a 252 familias de ese sector de la parroquia Sucre de Caracas.

La mujer explica que, desde que entró en vigencia la cuarentena nacional. el 15 de marzo de 2020, los beneficiarios del Clap de su comunidad no se trasladan al centro de acopio ubicado en el sector La Ciudadela, como lo hacían habitualmente, para retirar la bolsa o caja de alimentos.

“Ahora me corresponde a mí, como jefe de calle, ir hasta La Ciudadela y traer esas 252 bolsas hasta la comunidad. La primera vez, el 16 de marzo, contamos con la colaboración de un vecino, que prestó su vehículo. Pero la segunda vez, el 25 de abril, por la escasez de gasolina tuvimos que contratar un transporte, que nos cobró 3.000 bolívares por cada bolsa; es decir, cada quien tuvo que pagar 10.000 bolívares, en vez de 7.000, que es el costo de los productos”, precisa.

El incremento por concepto de transporte varía sin que las autoridades de los Clap ofrezcan mayores explicaciones. Por ejemplo, en Artigas se distribuyó una bolsa de alimentos el 3 de abril. “Nos las trajeron desde el Mercal ubicado en la avenida Morán, a cuatro cuadras de nuestra comunidad. Y por el traslado de cada bolsa nos cobraron 6.000 bolívares. Tuvimos que pagar 13.000 bolívares”, informa una compradora.

Más al Este de Caracas, en Los Palos Grandes, una vecina espera que le llegue su segunda bolsa de Clap en tiempos de cuarentena, por la cual ya pagó 35.000 bolívares: “El 30 de marzo la entregaron en la puerta del edificio. Cada quien bajó con su tapaboca, en grupos pequeños. De las 26 familias de mi edificio, 12 reciben Clap; solo los que tienen carnet de la patria

La líder comunitaria de Lomas de Urdaneta asegura haber hecho todo lo posible para que las bolsas Clap que gestiona para su comunidad incluyan proteínas, como carne, pescado y huevos.

“En las reuniones nos dicen que las proteínas están prioritariamente destinadas a las poblaciones más vulnerables. Pero yo puedo decir con propiedad que en mi comunidad hay familias que sin el Clap, simplemente, no comen. Por ejemplo, hay una señora que todos los días va a buscar el almuerzo a la Escuela Caracas, que ha tratado de mantener el suministro, aunque sea de un plato de carotas con arroz al día, durante la suspensión de clases presenciales por la cuarentena”.

La inquietud que causa el hambre en Catia está reflejada en la Encuesta Patria, cuyos resultados fueron destacados por Nicolás Maduro el 26 de abril e  indican que a 88% de los consultados en todo el país les preocupa la alimentación en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Pero las alertas no solo provienen de la Encuesta Patria, que se limita a lo cuantitativo. En 2019, luego de visitar Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió los Clap no cubren las necesidades nutricionales de los venezolanos. Y, más recientemente, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reportó que durante 2019 Venezuela tuvo la cuarta crisis alimentaria más severa del mundo.

“Los niveles de inseguridad alimentaria aguda aumentaron cuando los venezolanos que permanecieron en el país sintieron el agudo impacto de la hiperinflación y no pudieron satisfacer sus necesidades esenciales”, indica el informe.

Y sobre el impacto del COVID-19, el mismo documento advierte: “Para prevenir que estas decenas de millones de personas que ya enfrentan crisis alimentarias sucumban ante el virus o sus consecuencias económicas, todos los actores necesitan movilizarse y coordinarse en torno a prioridades estratégicas u operacionales”.

A solicitud del gobierno de Maduro, el Programa Nacional de Alimentos realizó un estudio sobre seguridad alimentaria en Venezuela, del cual el oficialismo no se hace eco. 32,3% de la población venezolana está en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia, revela el informe correspondiente.

“Esto es lo que hay, aunque cada vez sea menos y peor”

Los Clap surgieron hace cuatro años como un paliativo de emergencia ante la crisis de desabastecimiento de alimentos que estalló en 2016 y, según lo admitió Nicolás Maduro, como un remedio para corregir las fallas en la Misión Alimentación, que hasta entonces regía la distribución de alimentos subsidiados.

Fueron concebidos como una medida transitoria mientras se recuperaba la capacidad de importación por parte del Estado venezolano, pues para ese momento ya el aparato productivo nacional estaba tan deteriorado que no era posible una recuperación a corto plazo.

El gobierno recurrió a los controversiales fondos especiales (que se administraban a libre discreción y sin contraloría alguna) y desde uno nuevo se asignó un “capital semilla” de 8.500 millones de bolívares para la inversión, compras y estímulo a los Clap.

“Una política sin diseño ni planificación, como los Clap, no puede cumplir con los componentes del derecho a la alimentación, entendiendo la disponibilidad y accesibilidad como el eje central que permite a los ciudadanos satisfacer sus necesidades alimentarias y que los productos sean sostenibles”, indica un informe de Transparencia Venezuela.

Entre los giros más significativos del funcionamiento de los Clap destaca la creación, en mayo de 2019, del Sistema Nacional de Control para la Entrega de Alimentos Subsidiados, denominado SEAS-Patria. De esta manera se avanzaba en la  construcción y consolidación de la “big data” (que Maduro menciona cada vez con más frecuencia) a partir del carnet de la patria, que ha sido utilizado por el oficialismo con relativo éxito para fines proselitistas y electorales.

El gobierno habría detectado en el hambre cada vez más apremiante de la población venezolana una oportunidad para mantener agitada su militancia, a través de las llamadas Unidades Populares de Defensa Integral, a las cuales se incorporaron miembros de la Milicia Bolivariana.

A tales efectos, le sería muy útil  la sujeción de los Clap a estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, como las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), los consejos comunales, el Frente Francisco de Miranda y la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer).

En palabras de la jefa de calle de Lomas de Urdaneta: “Los Clap de cada zona están integrados a lo que llamamos eje o sistema de fuerzas. Son entre diez y quince personas que se encargan de monitorear todas las necesidades de las comunidades a partir de los censos que elaboramos y vamos actualizando cada uno de los jefes de calle. No solo nos ocupamos de las bolsas de comida, sino también de otros servicios como el agua y el gas”.

El 19 de marzo, a cuatro días de la declaratoriade cuarentena, el gobierno aseguró haber distribuido 2 millones de bolsas CLAP. Foto/Correo del Orinoco

Aunque Transparencia Venezuela pone el acento en la improvisación y el desorden administrativo que facilitan la corrupción a través de los Clap, sobre todo por las irregularidades en la importación de alimentos que han fundamentado investigaciones penales en países como México, los beneficiarios del programa, como la vecina de Artigas y la de Los Palos Grandes, resumen la situación con una frase: “Esto es lo que hay, aunque cada vez sea menos y peor”.

El investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Aponte, considera que los Clap “es lo que ha ido quedando” de los programas asistencialistas del gobierno, pues la mayoría de las llamadas misiones se ha ido desvaneciendo con la caída de los ingresos petroleros y el progresivo aislamiento económico internacional del gobierno de Nicolás Maduro.

Aponte sostienen que en medio de la pandemia, los Clap refuerzan la idea del Estado como principal proveedor y ponen  de manifiesto la vulnerabilidad extrema de amplios sectores de la población venezolana: “Pensemos en los trabajadores informales que no están generando ingresos ni siquiera para comer al día, por la paralización de buena parte del país. En ese contexto, llega el Estado con una bolsa de comida…”.

Lo que sigue son las estrategias de supervivencia alimentaria que se aplican en Venezuela, entre ellas prescindir del consumo de proteínas y concentrar la ingesta (hasta 75%) en carbohidratos, a pesar de los perjuicios que ello acarrea en términos nutricionales.

Algunos voceros gubernamentales, como el llamado protector de Nueva Esparta, Dante Rivas han admitido indirectamente que la emergencia por el COVID-19 dificulta la distribución de los productos Clap.  Sobre la periodicidad en la entrega de alimentos subsidiados (inicialmente cada tres semanas), Desirée González, de Transparencia Venezuela, dice que esa organización ha podido documentar demoras de hasta ocho meses, por ejemplo en la población mirandina de Yare.

Durante la pandemia, se ha procurado que las bolsas lleguen lo más cerca posible de las residencias de los compradores. Foto/Clap

A pesar de las medidas de confinamiento por el COVID-19, los trabajadores de algunos organismos de la administración pública han tenido ventajas. Es el caso de un funcionario que recibe mensualmente la bolsa de alimentos Clap y, además, proteínas como pollo, carne de res, pescado, huevos y mortadela. Hace un mes recibió dos pollos y la última semana de abril un cartón de huevos. No tuvo que ir a su sitio de trabajo, en el centro de Caracas, pues el organismo para el cual trabaja los distribuyó en la estación La California del Metro, cercana a su residencia.

“Eso puede estar ocurriendo en algunos ministerios, pero está sujeto a las dificultades para obtener gasolina. Y esas dificultades son mayores, por ejemplo, en un barrio de Zaraza. En el interior del país, los obstáculos por la escasez de combustible son infranqueables”, acota González.

2020: con COVID-19 y sin gasolina

El economista Alejandro Gutiérrez, del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de Los Andes, comienza por aclarar que Venezuela nunca ha producido todo lo que come. “En el siglo XX, incluso en los años de bonanza, entre 40 y 45% de las calorías que consumía el venezolano eran importadas. Sin embargo, más de la mitad del consumo era de origen nacional”.

El también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas dice que el punto de quiebre comenzó la política de expropiación y estatización de empresas, luego de que el presidente Hugo Chávez declarara el carácter socialista del proceso de cambios que lideraba y avanzara en el control estatal de los medios de producción.

Rodrigo Agudo, director de la asociación civil Red Agroalimentaria de Venezuela, lo resume así: “El Estado se metió en todo”, y precisa que en 2015 el Estado controlaba 255  empresas de alimentos.

“Todas esas empresas públicas productoras de alimentos están quebradas, porque el negocio del que se aprovecharon muchos estaba en la importación; hacia allá se destinaron todos los recursos y se abrieron desaguaderos. Muchas de esas empresas estaban asociadas a Pdvsa; y si todavía no han desaparecido, seguramente van a desaparecer con la nueva reestructuración de Pdvsa anunciada por el gobierno”, complementa Gutiérrez.

En opinión de Agudo, el sector público tuvo alguna capacidad de maniobra en materia alimentaria entre 2004 y 2016. El experto destaca que durante 12 años se elevó el consumo, aunque no necesariamente la calidad de la alimentación de los venezolanos en términos proteicos.

Los expertos advierten que el control de precios puede causar desabastecimiento de alimentos

“Hoy enfrentamos la pandemia del COVID-19 en las peores condiciones. ¿Cómo pedirle a la gente que se lave las manos si no tiene agua?, ¿cómo garantizar la alimentación, aunque sea mala, si se destruyó la producción nacional y el Estado tiene menos recursos para seguir importando comida?”, afirma el experto en planificación alimentaria.

Agudo repasa los últimos años: “En 2015  y 2016 tuvimos escasez, pues no conseguíamos los alimentos. En 2017 y 2018 tuvimos hambre y desnutrición, pues cominos menos y peor. En 2019, como ha determinado el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, tuvimos la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo…”

Su análisis configura un panorama desalentador: “El año pasado, la producción interna estuvo entre 30 y 40 % de lo que se produjo en 2008, cuando el Producto Interno Bruto Agrícola alcanzó su pico más alto, con la mejor cosecha de maíz, arroz y caña de los últimos 20 años. En 2008 se logró una disponibilidad de alimentos básicos cercana a 70%. Pero once años después esos indicadores cayeron 70%. Y para 2020 la cosecha de invierno, la más importante del año, no llega a la mitad de lo que fue en 2019. No hay semilla, no hay fertilizantes, no hay electricidad… y lo más grave, no hay gasolina”.

Agudo considera que, además de un Estado fallido, que no es capaz de satisfacer las necesidades más elementales de sus ciudadanos, Venezuela se ha consolidado como un Estado forajido: “Entre Machiques y Maracaibo hay 14 alcabalas y en las 14 te cobran peaje. Te piden parte de la producción o billetes verdes. La corrupción está en todos los niveles y cada vez que el gobierno aplica restricciones, en su afán de controlarlo todo aún sin capacidad gerencial para hacerlo, abre una oportunidad para la corrupción: desde el que decide a qué países le vamos a comprar comida hasta el que cobra la gasolina en dólares”.

Y, por si fuera poco, agrega Alejandro Gutiérrez, en medio de la emergencia causada por el COVID-19, el gobierno ha optado por reeditar los controles de precios y las restricciones a la producción nacional: “No puede ser ignorancia, porque el gobierno sabe que los ingresos de las familias están por el suelo y no se levantan con aumentos del salario mínimo que equivalen a 4 dólares. ¿Qué va a hacer la gente cuando estos productos regulados comiencen a escasear y aparezcan al triple del precio en el mercado negro?.

Foto principal: www.vicepresidencia.gov.ve

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