Las amenazas de embargo sobre Citgo no son nuevas. La principal filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el extranjero, que nutre al menos el 5% del mercado de combustible de los Estados Unidos, está en riesgo de perderse debido a las deudas contraídas por la administración chavista desde hace una década, según la economista Tamara Herrera.
Los riesgos sobre la pérdida de las acciones de Citgo se desprenden de dos vertientes, precisa:
Quedó expuesta en el bono Pdvsa2020, con el cual el gobierno de Nicolás Maduro ofreció el 100% de su propiedad como garantía de impago ante los mercado financieros internacionales. Entre esos inversionistas se encuentran tenedores de bonos y la petrolera rusa Rosneft.
Los incumplimientos de contratos con empresas e inversionistas migraron a procesos arbitrales. Derivan, principalmente, del período de expropiaciones realizado por el presidente fallecido Hugo Chávez contra compañías transnacionales hace una década.
De allí surge la orden de indemnización por $1.400 millones a la minera Crystallex, a la que una corte federal de los EE.UU. le autorizó el cobro de ese monto en acciones de Citgo, tras rechazar una solicitud de apelación realizada por la petrolera.
“Desde hace años Cristallex ha sido muy agresiva en los bufetes del mundo para demostrar que la República (que le incumplió a ella) es la misma cosa que Pdvsa“, señaló Herrera en conversación telefónica con Efecto Cocuyo.
El año pasado la compañía minera recibió la aprobación de la Corte de Delaware para proceder al cobro de la indemnización mediante el reclamo de las acciones de Citgo. Ello a pesar de que la administración de Maduro, a mediados de noviembre, acordó pagar a la transnacional la deuda por cuotas. Sin embargo, Crystallex informó sobre el incumplimiento de ese nuevo trato por parte del Gobierno chavista.
¿Cómo puede evitarse el embargo sobre Citgo?
En medio del default del país y una deuda externa billonaria, la protección de los activos venezolanos en el extranjero es escasa. Los compromisos internacionales del país llegan al menos hasta los $160.000 millones, divididos entre bonos, servicios y litigios, según la firma Síntesis Financiera, dirigida por Herrera.
Actualmente, la consultora estima que el Estado venezolano está retrasado en el pago de unos $11.900 millones a sus acreedores. Ello, asegura Herrera, no solo resta credibilidad al país en los mercados internacionales, sino que también revela las “pésimas condiciones de solvencia” de la nación.
“En la coyuntura de hoy parece que la única posibilidad de que no se ejecute la decisión (de transferencia de acciones a Crystallex) está en manos de la Ofac“, explicó la economista. La razón es que solo las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, por ahora, impiden a la minera a ejecutar el embargo sobre Citgo.
No obstante, los representantes del presidente (e) Juan Guaidó informaron que pidieron a la Corte de Delaware introducir nuevos alegatos, esta vez por parte del Gobierno “legítimo”, para intentar reactivar el debate judicial. Asimismo, precisaron que la administración de Trump “bloqueó” los activos venezolanos en el país norteamericano.
A finales de marzo de 2019, la junta directiva de Citgo nombrada por la Asamblea Nacional (AN) emitió un bono por $1.200 millones. La empresa tuvo buena aprobación en el mercado financiero y consiguió el préstamo, pagadero en un lapso de cinco años, para financiar sus operaciones tras las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa.