Se requiere más que un salvoconducto para que los actores de la sociedad civil venezolana se puedan incorporar activamente al combate del COVID-19. Así lo advierte la experta en asuntos humanitarios Susana Raffalli, quien demanda mayores garantías para que las organizaciones no gubernamentales y las comunidades hagan aportes más efectivos.
“Necesitamos que se nos garantice la continuidad de nuestras operaciones y que se nos facilite el acceso a personas en riesgo por el COVID-19. Algunos apenas tenemos un salvoconducto, que se otorga de manera discrecional. Necesitamos combustible, mantener nuestros stocks humanitarios y, sobre todo, acceso a información para poder planificar oportunamente una escalada de la respuesta humanitaria que se podría requerir en Venezuela”, dice la experta.
En cuanto a los recursos provenientes del exterior, Raffalli considera que la sociedad civil venezolana, a través de su trabajo en redes, ha desarrollado fortalezas que le permitirían administrar y distribuir esa ayuda con criterios técnicos y éticos, de manera que llegue a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
“Me refiero a las principales redes del país que aglutinan a muchas organizaciones: la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (Avessoc), Cáritas, la Red de Personas Positivas, la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, al Joven y a la Familia (Fipan), Sinergia…”, menciona Rafalli.
“Si esta emergencia la siguen manejando, exclusivamente, el gobierno y las agencias de las Naciones Unidas, estamos desestimando las contribuciones de la sociedad civil venezolana, que a estas alturas habría podido hacer mucho más en beneficio de la población. Y no solamente es una desestimación sino una desmovilización, que es peor, al no darnos gasolina y excluirnos de los mecanismos de coordinación. En este tipo de situación humanitaria, no hay peor daño que desmovilizar a los actores humanitarios locales”, reiteró.
Adicionalmente, la experta también demanda mayor participación de la sociedad civil y de los medios de comunicación social en mecanismos de contraloría confiables, tanto de los fondos públicos destinados por el gobierno como los recursos provenientes del exterior para afrontar la pandemia.
Emergencia humanitaria, más que emergencia sanitaria
Con 22 años de experiencia en trabajo humanitario en todo el mundo, Susana Raffalli alerta sobre lo que considera un error: “Esto se ha venido manejando solo como una emergencia sanitaria, cuando, en verdad, es mucho más complejo, pues se trata de una emergencia humanitaria”.
Y explica las diferencias entre ambos términos: la emergencia sanitaria concentra todos los esfuerzos y recursos en el sector salud, agua y saneamiento, mientras que la emergencia humanitaria implica considerar otras variables como seguridad alimentaria, servicios básicos y protección social:
“Porque la gente sin alimento, sin electricidad y sintiéndose desprotegida va a salir a la calle y va a acabar con distanciamiento social y con todo lo demás”.
Raffalli recuerda que la emergencia causada por el COVID-19 se suma a la emergencia humanitaria compleja preexistente en Venezuela, la cual consiste en un desmantelamiento de las instituciones del Estado que le impide garantizar derechos humanos esenciales como la alimentación y la salud y, por ello, es imprescindible la cooperación internacional.
Razona que cuando la atención del Estado y de las organizaciones internacionales se concentra exclusivamente en lo sanitario, todo depende de la fortaleza de las instituciones del sistema de salud. Y en Venezuela la gente se muere de mengua en los hospitales públicos. La experta ofrece un ejemplo: “Para evitar la propagación del COVID-19, para hacer las rutas sanitarias de evacuación y de manejo oportuno, incluso de cadáveres, se tiene que optar por un enfoque territorial y no institucional, para que sean las mismas comunidades las que se movilicen y contribuyan a las soluciones”.
La instrumentalización política
“Yo nunca había visto sobre la faz de la tierra, no solo en Venezuela, una emergencia humanitaria más politizada que la pandemia por la COVID-19”, expresa Raffalli
En el plano internacional, la experta menciona la diatriba entre gobiernos de izquierda y de derecha que conduce a una repartición de culpas y malos augurios, basados en análisis prejuiciosos que incluyen elementos de xenofobia.
Y sobre Venezuela comenta: “¿Cómo es posible que los venezolanos tengamos que esperar hasta las seis de la tarde o más para que nos digan por dónde va esto. Y lo primero que uno tenga que oír es que el presidente de Colombia, Iván Duque es un criminal o el regocijo de los voceros oficiales por el elevado número de contagiados y muertos en Estados Unidos y en países de Europa?