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Habitantes de las comunidades San Antonio y Tres Moriches, del pueblo Kariña de la parroquia Moitaco en el Sucre de estado Bolívar están en alerta por la confirmación de un brote de casos de COVID-19 en el sector.

Líderes indígenas de la zona contaron a Kapé Kapé que al sector llegó una comisión médica que realizó una jornada de despistaje, resultando 15 personas positivas por pruebas PCR.

Los casos confirmados hasta ahora son de habitantes de la comunidad de San Antonio y del sector Tres Moriches, en la misma parroquia de Moitaco. En la zona esperan que de igual manera haga presencia en el sector una comisión médica que diagnostique a los pacientes con síntomas de la enfermedad.

Los representantes indígenas de estos territorios Kariña han lanzado la alerta para que se tomen las medidas de contención de la enfermedad para evitar mayores contagios.

Las comunidades indígenas de Moitaco se mueven frecuentemente hacia la capital del estado a través del río Orinoco, ya que su economía está sustentada principalmente en la pesca y la siembra.

El sistema de salud en la parroquia Moitaco de Bolívar no está en capacidad de prestar un servicio óptimo a sus pacientes con patologías leves, menos ante un posible brote de COVID-19. Habitantes de la zona advierten sobre el deterioro de la infraestructura, la falta de medicinas y de dotación de equipos de bioseguridad.

Denuncian que producto de la falta de condiciones, falleció la semana pasada el profesor Osorio Suarez, quien se desempeñaba como maestro en la comunidad indígena Tres Moriches. El docente no tuvo confirmación de la enfermedad por la imposibilidad de hacer pruebas PCR en la zona, pero murió presentando síntomas del virus.

Las deficiencias de la atención médica, la falta de información y recursos dejan a las comunidades indígenas en una situación de extrema vulnerabilidad ante una posible propagación de los casos. Aunque todas las personas son inmunológicamente susceptibles a un virus que nunca los ha alcanzado, las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

Carlos D’Suze, experto en Epidemiología y profesor de la UCV, explicó que “las infecciones respiratorias son las enfermedades más fáciles de transmitir y más difíciles de controlar”.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información eficientes y masivas en el seno de las comunidades sobre cómo prevenir la enfermedad, aumentan los riesgos al combinarse con la alta transmisibilidad del virus.

El acceso a información sobre el número de casos de COVID-19 en comunidades kariña y demás pueblos indígenas sigue siendo limitado. No hay un balance oficial al respecto. Los reportes nacionales no segmentan la población por etnia.

De acuerdo a los pocos datos que se manejan sobre el tema, Bolívar es uno de los estados con mayor presencia de COVID-19 en comunidades indígenas.

El brote más significativo registrado hasta ahora, fue el reportado hace casi un año, en junio de 2020, cuando según los datos oficiales, hubo al menos 126 contagios entre indígenas pemones de cuatro comunidades del municipio Gran  Sabana.

Waraos Sin vacunación

Las organizaciones de la sociedad civil estiman que al menos 220 comunidades indígenas del sector fluvial de los municipios Antonio Díaz y Pedernales en Delta Amacuro, no tienen oportunidad para la inmunización en el marco del plan de vacunación que se realiza en todo el país.

Así lo destacó Wilfredo Rodríguez, coordinador de la sociedad civil organizada, que realiza el monitoreo del operativo diseñado por las autoridades de salud en dicha entidad.

“Para las comunidades waraos fueron seleccionados tres módulos asistenciales ubicados en la selva del Orinoco para la inmunización de los indígenas y las comunidades. Pero en el área no cuentan, primero, con conexión telefónica para la lectura de los mensajes enviados por el sistema patria. Segundo, los módulos asistenciales autorizados se encuentran a gran distancia y la falta de transporte hace imposible su abordaje para la aplicación de la vacuna” indica.

Según Rodríguez, los puntos de vacunación señalados a través de los mensajes del sistema patria no existen “por ejemplo, los mensajes señalan que acudan al gimnasio cubierto de Tucupita y allí no hay ningún operativo”.

Asimismo, asevera que los módulos autorizados para la vacunación contra el COVID-19 en el bajo Delta no cuentan con agua potable, ni la luz eléctrica que se requiere para el enfriamiento de las vacunas. Agrega que la ausencia de conexión de telefonía e internet dificulta y deja por fuera a toda la población que se encuentra en los caseríos y poblados rurales e indígenas.

Con información de la Asociación Civil Kapé Kapé