Ocho meses después: la libertad no llega a todos los presos políticos

Ocho meses han transcurrido desde aquel anuncio de Jorge Rodríguez, en el que aseguró que se producirían liberaciones masivas de presos políticos en Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, lejos de materializarse libertades plenas, la promesa derivó en un goteo de medidas cautelares que mantiene a centenares de familias sometidas al mismo calvario. 

Los familiares de los presos políticos han instalado campamentos a las afueras de cárceles como el Rodeo I, en el estado Miranda, donde acumulan más de 200 días de pernocta. Esta vigilia se ha replicado frente a la embajada estadounidense en Caracas,  donde familiares exigen a los tutores del gobierno interino,la libertad de todos los detenidos por motivos políticos. 

En febrero pasado se aprobó una ley de amnistía que sacó a más de 170 presos políticos de la cárcel y anuló medidas cautelares en más de 8 mil, según las cifras del gobierno interino.  Seis meses luego, aun centenares de presos políticos continúan tras las rejas, una acción que defensores de derechos humanos denuncian como una táctica continuada de represión estatal.

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Las cifras de un proceso opaco

La brecha entre las declaraciones institucionales y la realidad documentada por las organizaciones civiles sigue marcando la pauta del sistema judicial, que mantiene a más de 450 personas tras las rejas por motivos políticos. 

Desde el 8 de enero de 2026 hasta este viernes 4 de septiembre, se han registrado 896 excarcelaciones, un grupo compuesto por 150 mujeres y 746 hombres, según los registros de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). 

El Estado, además, se ha negado a publicar listados oficiales o a explicar los motivos procesales, e incluso ha incumplido promesas de transparencia hechas a instancias como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y el Alto Comisionado. 

“Siempre hay una brecha entre los anuncios oficiales y lo que nosotros logramos corroborar”, advirtió a Efecto Cocuyo, la abogada Martha Tineo, quien es coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón.

De acuerdo con registros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el sector castrense ha sido sistemáticamente excluido de estos beneficios procesales a pesar de las exigencias. 

Desde la organización señalan que, salvo excepciones como la del general Saavedra Losada, de la causa paracaidista, o liberaciones puntuales en el caso Brazalete Blanco, el grueso de los excarcelados proviene de la sociedad civil. Esta tendencia se repite en expedientes mixtos donde figuran civiles vinculados a causas militares, entre ellos el caso Drone, que incluyó la liberación de Ermilendris Benítez, la causa Gedeón o la excarcelación de Carla da Silva. 

“No hay claridad de cuáles son las razones que están empleando para liberarlos”, detalló a este medio de comunicación Diego Casanova, representante de Clippve.

La justicia como maquinaria de tortura y control social

Para la organización no gubernamental JEP, el retardo procesal y la negativa a otorgar libertades plenas funcionan como una estrategia concebida para inmovilizar a la disidencia a través del miedo y el castigo ejemplarizante. 

Las ONG denuncian que las violaciones al debido proceso se extienden al entorno familiar con persecución y situaciones de extrema precariedad económica. “Es una manera de dejar un mensaje muy claro de que el aparato represivo en Venezuela se mantiene intacto”, afirmó Martha Tineo al referirse al uso punitivo del sistema judicial.

Para los defensores de derechos humanos, la discrecionalidad en los tribunales no responde a fallas administrativas, sino a un mecanismo deliberado de advertencia contra la acción política disidente. Si bien las excarcelaciones funcionan como alivios temporales para aplacar la presión pública, las medidas cautelares obligan a las víctimas a permanecer bajo el control permanente del Estado. 

“Necesitan tener allí un grupo que sirva como referencia del control, de la continuidad de su yugo”, argumentó Diego Casanova, tras ser consultado sobre la no liberación de algunos presos políticos. 

Diplomacia del canje, rehenes extranjeros y diálogo

Analistas y defensores de derechos humanos consultados sostienen que el sistema penitenciario es utilizado como un instrumento de presión frente a la comunidad internacional. De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, la detención de ciudadanos extranjeros, por ejemplo, sirve para obligar a gobiernos de la región a establecer canales de interlocución directa con las autoridades locales, buscando así legitimidad política mediante métodos comparables a los empleados por regímenes como los de Cuba e Irán. 

“Los autoritarios, como no cuentan con el respaldo popular, necesitan tener mecanismos que les puedan obligar a generar que del otro lado se sienten a negociar”, explicó Kelvi Zambrano, director de la organización.

Ante esta realidad, las organizaciones de derechos humanos rechazan la conceptualización de los detenidos como simples “fichas de cambio” y exhortan a que las negociaciones internacionales condicionen cualquier avance o levantamiento de sanciones a la excarcelación de la totalidad de los prisioneros. 

“Se trata de rehenes políticos que están siendo excarcelados o liberados en la medida en que se llegan a acuerdos”, sentenció Martha Tineo. 

Urgencia humanitaria frente a patologías graves

El balance de las organizaciones civiles ubica la situación médica de los prisioneros como el punto de mayor vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión. Los monitoreos realizados por las ONG corroboran que al menos 38 personas permanecen privadas de libertad con diagnósticos de alta complejidad, incluyendo padecimientos oncológicos, neurológicos, respiratorios y cardiovasculares sin atención médica garantizada.

Los activistas aclaran que este registro posee carácter preliminar debido al hermetismo oficial y al temor de las familias a sufrir represalias si hacen públicos los partes médicos. 

Esta falta de diagnósticos independientes y la negativa a efectuar traslados de emergencia agravan el deterioro físico de los reclusos. “Hay familiares que no denuncian por miedo”, lamentó Diego Casanova.