“Esa empresa no contrataba personas como yo”, los prejuicios cierran puertas en Venezuela

Bryan Granado 

*Roberto vive en Caracas, tiene 23 años y estudia Administración. Nació con una variación intersexual —condición en la que las características sexuales no encajan por completo en las definiciones típicas de masculino o femenino—, aunque durante años no encontró palabras para explicar lo que eso significaba. No recuerda cuándo empezó a notar que había algo distinto en la forma en que lo miraban, pero sí reconoce el patrón: la escuela, los pasillos, los recreos, los comentarios que no siempre eran insultos directos, pero tampoco eran otra cosa.

“Uno aprende a quedarse callado”, dice.

La cédula llegó después, como llegan los trámites inevitables. No hubo celebración ni ceremonia. Solo un momento en el que se quedó mirándola sin decir nada. Luego la guardó. “No sé… fue extraño, pero sentí ganas de llorar”, recuerda.

A cientos de kilómetros, *Natasha vive en Maracaibo, tiene 27 años y trabaja en repostería por encargo. Nació con sexo masculino —años después inició voluntariamente su proceso de transición y hoy se identifica como una mujer transexual, tras someterse a intervenciones médicas como parte de ese proceso—. Todavía recuerda una de las veces que entendió que su identidad bastaba para cerrar una puerta. 

“Me dijeron que esa empresa no contrataba personas como yo”, cuenta. No hubo explicación adicional. Tampoco la necesitó. Su día comienza entre hornos y pedidos pequeños que se organizan según lo que entra y lo que sale. El trabajo formal, en su experiencia, siempre tuvo un punto de cierre antes de empezar.

En entrevistas laborales el guión se repetía con variaciones mínimas. Le hacían preguntas normales y ella contestaba, hasta que algo cambiaba el ritmo. “¿Tienes experiencia en atención al cliente?”, le preguntaban. “Sí”, respondía. Después de eso, el tiempo se estiraba un poco más de lo habitual. “Uno lo entiende sin que te lo digan, porque los delataba el semblante”, argumenta.

Con el tiempo dejó de insistir en algunos espacios. No como decisión definitiva, sino como ajuste. La repostería terminó cubriendo esa necesidad. En ocasiones, cuando los ingresos no alcanzan, recurre a aplicaciones de citas para conseguir dinero rápido. No lo explica como ruptura ni como destino, sino como parte de una rutina que fue construyendo.

Aunque Roberto y Natasha no se conozcan, comparten algo: las instituciones suelen emitir un veredicto sobre ellos antes de que tengan la oportunidad de decir quiénes son.

Esa decisión previa no solo define cómo son leídos, sino también lo que pueden hacer en su vida cotidiana.

Un sistema que reconoce en papel

Para el abogado constitucionalista Javier Pérez, el problema no es la ausencia de normas, sino la forma en que el Estado convierte derechos en principios difíciles de ejecutar. Recuerda que la Constitución reconoce la igualdad ante la ley en su artículo 21, así como el derecho a la identidad, a la salud y al trabajo, pero insiste en que esos principios pierden fuerza cuando no existen mecanismos claros para hacerlos exigibles en la práctica.

“No basta con proclamar la igualdad; el Estado debe crear las condiciones para que esa igualdad pueda ejercerse”, afirma. A su juicio, el punto crítico no está en el texto constitucional, sino en la falta de procedimientos administrativos y sanitarios que permitan traducir esos derechos en decisiones concretas sobre documentos, acceso a servicios o reconocimiento de la identidad.

Una trabajadora del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que pidió no ser identificada, subraya que en la institución se han recibido casos de personas cuya identidad no encaja en la clasificación binaria de “sexo masculino” o “sexo femenino” en los registros civiles.

“Se han planteado en distintos momentos, pero no ha habido cambios en los procedimientos. De parte del Gobierno no se ve movimiento, y cuando llegan estos casos se terminan resolviendo según el criterio de cada oficina. Algunos se rechazan porque el sistema solo permite registrar ‘sexo masculino’ o ‘sexo femenino’; otros quedan en revisión cuando se solicitan verificaciones internas. En ocasiones se piden recaudos no estandarizados, como informes o soportes médicos porque no existe un protocolo específico para estos casos, y eso termina generando un retroceso para quienes necesitan acceder a sus documentos”, dice.

Esa brecha no ha pasado desapercibida fuera del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que las personas intersexuales han sido sometidas históricamente a intervenciones médicas irreversibles sin necesidad clínica urgente y sin consentimiento informado. Su recomendación es posponer cualquier procedimiento no esencial hasta que la persona pueda decidir por sí misma, además de garantizar marcos legales que protejan la autonomía corporal y la identidad de género.

No obstante, el sociólogo Jeison Añez advierte que el país continúa reproduciendo formas de exclusión profundamente normalizadas. Aunque reconoce que en ciudades como Caracas y Maracaibo han surgido iniciativas en favor de los derechos de la población LGBTIQ+, considera que esos avances conviven con una cultura donde el rechazo sigue siendo cotidiano y que palabras como “marico” forman parte del lenguaje común como un insulto. 

“Si esa expresión sigue utilizándose para castigar cualquier comportamiento que se aparte de la masculinidad tradicional, imaginemos lo que enfrenta una persona intersexual o una mujer transexual”, reflexiona.

Para el investigador, el reto no consiste únicamente en modificar leyes, sino en transformar los códigos culturales que siguen asociando la diferencia con una desviación o una amenaza.

Entre la norma y la vida

La distancia entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica también se expresa en el cuerpo y en la experiencia cotidiana.

El endocrinólogo Juan Sánchez explica que la intersexualidad no es una enfermedad, sino una variación natural del desarrollo humano. “Durante mucho tiempo la medicina intentó adecuar esos cuerpos a un modelo binario. Hoy sabemos que muchas de esas decisiones deben revisarse a la luz de la evidencia científica y del respeto por la autonomía de las personas”, afirma. En su criterio, el cambio más profundo no es técnico, sino ético: decidir cuándo intervenir y cuándo no intervenir.

Desde otra perspectiva, la psicóloga Jenny Faría sitúa el origen del rechazo antes de cualquier institución. “La discriminación no empieza en la calle; empieza cuando el hogar deja de ser un lugar seguro”, dice. Ese aprendizaje temprano, explica, condiciona la forma en que una persona se relaciona con la escuela, el trabajo y la vida adulta, donde muchas veces el miedo a la exposición ya está instalado.

En el plano médico, un especialista en condición de anonimato afirma que ese debate también se está moviendo dentro del propio sistema de salud.

“No son cuerpos anormales; son cuerpos diversos. Cada vez más profesionales cuestionan intervenciones irreversibles en la infancia cuando no existe una urgencia médica, y defienden que las decisiones sobre el cuerpo deben postergarse hasta que exista capacidad real de consentimiento”, sostiene.

Algunos países en transición, mientras que Venezuela no

En distintos países, las reformas han comenzado a limitar las intervenciones médicas en la infancia intersexual y a reforzar el consentimiento como eje de decisión. Malta prohibió en 2015 las cirugías no necesarias en menores sin consentimiento informado y reconoció las “características sexuales” como categoría protegida frente a la discriminación; Portugal, en 2018, restringió las intervenciones médicamente innecesarias en la infancia; Alemania abrió en ese mismo año la posibilidad de registros civiles que exceden el binario “masculino” y “femenino” en determinados casos; y Chile incorporó en 2019 orientaciones sanitarias y reformas en identidad de género, aunque sin una legislación integral específica sobre intersexualidad.

También han avanzado en marcos de reconocimiento y protección de las personas transexuales como Argentina, que desde 2012 permite el cambio de nombre y género en documentos mediante un procedimiento administrativo basado en la autodeterminación; España, que desde 2023 reconoce la autodeterminación de género sin exigencias médicas para el cambio registral; Alemania, que ha incorporado la posibilidad de inscribir una tercera opción de género en el registro civil en determinados casos; y Uruguay, que ha establecido leyes de identidad de género y políticas antidiscriminación que no condicionan el reconocimiento a intervenciones médicas.

El activismo intersexual ha insistido en detener las cirugías de normalización sin consentimiento. Mauro Cabral, activista argentino, lo plantea de forma directa en su trabajo público: “La intersexualidad no es una patología. Sostiene que muchas intervenciones en la infancia no responden a urgencias clínicas, sino a la necesidad de ajustar los cuerpos a un modelo binario, y que el conflicto central está en quién decide sobre un cuerpo antes de que ese cuerpo pueda decidir”. 

Mientras que en el caso del activismo transexual, Jenny Andrade ha reiterado que el debate sobre estas personas suele simplificarse en torno a la intervención médica, cuando en realidad el núcleo del problema es el acceso desigual a decisiones sobre el propio cuerpo. Desde su perspectiva, la autonomía no implica una única forma de transicionar, sino la posibilidad de hacerlo —o no hacerlo— sin que el reconocimiento de la identidad dependa de ello ni de la validación.

Sin embargo, en Venezuela, esa conversación no existe en la arquitectura institucional. No hay un marco específico que regule las intervenciones sobre personas intersexuales ni procedimientos claros para el reconocimiento administrativo de identidades fuera del binario. La respuesta, cuando aparece, depende más de decisiones caso por caso que de una política estable.

Roberto y Natasha viven dentro de ese vacío: uno en documentos que no puede tener y la otra en entrevistas que se interrumpen sin explicación. No son excepciones ni casos aislados; son el resultado de un sistema que decide de antemano quién puede ser leído como válido y quién queda fuera de sus categorías aunque sigan en espera de reconocimiento.