“Me da miedo salir y que me detengan”: excarcelados bajo la sombra del sitema judicial

La excarcelación de presos políticos en el país no ha significado el fin de su persecución ni el restablecimiento de sus garantías de vida. Aunque abandonar los centros de reclusión representa un alivio para las familias, la imposición de medidas cautelares sustitutivas mantiene a cientos de ciudadanos bajo un régimen de libertad condicional que funciona como un esquema de vigilancia permanente.

Detrás de las cifras oficiales se esconden secuelas de un sistema judicial instrumentalizado y barreras socioeconómicas que dificultan la reinserción social. Desde la zozobra psicológica hasta la imposibilidad de conseguir un empleo, las condiciones impuestas tras las rejas se extienden ahora al entorno urbano de los ex presos políticos.

Para la mayoría de los procesados por motivos políticos, la salida del centro penitenciario viene acompañada de la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales de la causa, una medida que exige traslados frecuentes desde el interior del país hasta la ciudad de Caracas donde se encuentran los tribunales contra terrorismo, un delito que por años se le ha impuesto a los presos políticos.

Leomar Andrés Guerra Sánchez, de 35 años de edad, permaneció detenido un año y 10 días tras ser arrestado arbitrariamente el 4 de agosto de 2025 en el terminal de La Bandera por hacer una reserva de pasaje. Tras ser excarcelado, debe desplazarse desde el municipio Urdaneta del estado Miranda hasta el Palacio de Justicia cada mes.

“Perdimos nuestros empleos y obviamente no dependo de mí para lo que es el traslado a los tribunales y a la zona de presentación. No se le comentó en ningún momento al juez la posibilidad de que hicieran traslado a un tribunal más cercano porque no había despacho. El juez no estaba, simplemente nos atendió su secretario para dictarnos la medida y explicarnos cómo era todo el proceso”, dijo el ex preso político en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.

La abogada Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), enfatiza que este esquema procesal prolonga el castigo sobre núcleos familiares que ya han quedado descapitalizados tras años de hacerse cargo de la manutención de sus allegados en prisión.

“Estas familias empobrecidas han tenido durante todos estos años que dividir el poco dinero que tienen entre sostener a sus familias en las casas y la manutención de los hijos, de los padres y un poco de dinero para trasladarse y abastecer a sus parientes privados de libertad. Traen un impacto económico muy severo al que ahora se suma el costo del traslado permanente a Caracas”, aseguró la abogada y defensora de los derechos humanos. 

De la celda de barrotes a la prisión en la calle

El retorno de los presos políticos a sus hogares no elimina la zozobra que tienen que vivir diariamente.  La persistencia de las causas judiciales abiertas genera un temor frecuente a ser interceptados en alcabalas policiales, donde la falta de documentación definitiva o las inconsistencias en el sistema policial los exponen a nuevas extorsiones y arrestos. 

Bruno Josué Juárez Flores fue detenido el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por ser primo de la esposa de Hugo Carvajal. A pesar de haber recibido una medida humanitaria condicional tras cuatro años y nueve meses privado de libertad y una condena de 30 años, Bruno señala que siente miedo de salir a la calle. 

“Tengo miedo de salir y que me vayan a parar en una alcabala  y los funcionarios me vayan a radiar a través del sistema Sipol y automáticamente voy a aparecer como solicitado, ya que yo tengo una condena fija. Yo estoy preso pero en la calle, no puedo salir como cualquier persona porque siento el miedo de que me puedan volver a meter preso”, aseguró el ex preso político. 

Tener un registro de detención dificulta conseguir un empleo formal, por lo que Leomar Guerra cuenta las trabas que enfrenta diariamente ante la desconfianza de los empleadores y la imposibilidad de conseguir permisos para ausentarse los días de presentación ante los tribunales.

“Al conseguir un trabajo tendría que conversar con el patrón para poder coordinar esos días de presentación, y no todos son condescendientes. Nada más el hecho de tener un historial de una entrada a prisión hace muy difícil encontrar trabajo; generalmente uno es señalado en su lugar de residencia, a pesar de que sabemos que son casos políticos”, explicó Guerra.

Bruno además debe presentarse cada tres meses en el tribunal que lleva su causa en Caracas, a pesar de que él vive en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Autogestión del sustento tras las rejas

Durante el tiempo de reclusión, el costo de la supervivencia no solo recayó en los parientes, sino también en las dinámicas que los propios detenidos desarrollaron en el interior de los penales para aminorar la carga financiera de sus hogares. Bruno Juárez, quien estuvo recluido con la población penal común tanto en La Yaguara, Caracas, como en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, tuvo que aprender un oficio para generar ingresos y costear su alimentación diaria frente a las deficientes condiciones del recinto.

“A mí no me gustaba que mi mamá me visitara por el desgaste. Yo allá aprendí a afeitar, era barbero y cobraba un dólar o dos dólares y de ahí me mantenía, se compraba desayuno, almuerzo y cena. Si mi mamá me hubiera visitado cuando estaba en Caracas todos los días, el desgaste de ella hubiera sido fatal”, indicó. 

Bruno explicó que a la precariedad económica se sumó el deterioro de la salud física por la mala calidad de los insumos proporcionados dentro de los penales donde estuvo recluido. Agregó que las raciones diarias resultaban insuficientes e inadecuadas para la nutrición básica, lo que obligaba a depender exclusivamente de los paquetes enviados por la familia.

“Llegó un momento en el que ya yo no quería comer, porque eso es comer sardina licuada con tripa, cabeza, escama y espina en el desayuno y la cena, y el almuerzo eran granos con arroz salado. Y el trato supermalísimo, pero teníamos que comer la comida que nos daban en el penal porque si no nos íbamos a morir de hambre”, relató. 

Falta de transparencia oficial y vacíos procesales

La ausencia de listados oficiales detallados tras las jornadas de excarcelación impide conocer con precisión la identidad y el estatus jurídico de la totalidad de las personas procesadas. La abogada Martha Tineo explicó que las cifras consolidadas por las organizaciones de derechos humanos contrastan de forma recurrente con los anuncios institucionales del Estado.

“Según registros de nuestra organización, hemos podido verificar la excarcelación de 895 presos políticos, la gran mayoría excarcelados y una minoría en libertad plena. En nuestros registros dan cuenta al día de hoy de 452 presos políticos en Venezuela. Sigue existiendo una brecha entre los anuncios oficiales y la realidad que las organizaciones de la sociedad civil logramos verificar”, dijo la defensora de derechos humanos. 

Esta opacidad institucional, argumenta la jurista, convierte el otorgamiento de medidas cautelares en una estrategia de comunicación pública que evade la restitución plena de las garantías constitucionales de las víctimas.

“Este tipo de anuncios sin listado y sin soporte lo que siguen es destacando que se trata de un ejercicio de propaganda política en el que se pretende generar matrices de opinión de que la crisis de derechos humanos se ha superado. Lo que corresponde es que el sistema de justicia anule todas esas causas y devuelva la libertad plena a todas estas personas”, indicó la coordinadora general de JEP.