Primer periodo de sesiones de AN bajo tutelaje: foco en leyes económicas y recule con TSJ 

La actual Asamblea Nacional (AN), con mayoría del chavismo, fue elegida el 25 de mayo de 2025 en unos comicios conjuntos con las gobernaciones y sus Consejos Legislativos. La oposición mayoritaria, salvo un sector encabezado por Henrique Capriles y Un Nuevo Tiempo (UNT), no participó, en momentos en que todavía denunciaba el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Para el momento de la instalación de la plenaria para el nuevo mandato constitucional (2026-2030), el 5 de enero de 2026, eran otras las circunstancias. Dos días antes, el 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses intervinieron en Venezuela. Bombardeos en sitios estratégicos y la casi nula resistencia de la Fuerza Armada (Fanb) allanaron el camino para la captura y extracción del gobernante Nicolás Maduro y de su esposa y diputada Cilia Flores.

Apenas transcurrido un año de la juramentación de Maduro como presidente, pese a que nunca se presentaron las pruebas de su reelección, el Parlamento, presidido por Jorge Rodriguez desde 2020, tuvo que prestar juramento a otro jefe de Estado, Delcy Rodríguez. 

Desde entonces, en el desempeño del Poder Legislativo ha incidido el tutelaje de la administración de Donald Trump, principalmente en lo económico. Doce diputados del denominado Grupo Libertad (Unión y Cambio, UNT y Lápiz) trataron de tener incidencia, pero a juicio de analistas no lo lograron.

Pierde peso político

Hubo un proceso de amnistía política, impulsado desde el interinato y el Parlamento con la aprobación de una ley  que recibió más críticas que elogios al igual que la designación de un nuevo fiscal y defensora del Pueblo.

La emergencia generada por el doble terremoto del 24 de junio también influyó en la no tan abundante agenda legislativa de diez leyes sancionadas al cierre del primer periodo de sesiones este 15 agosto. La existencia de alrededor de 18.000 damnificados ameritó respuestas como una ley especial sobre arrendamiento para aumentar la oferta de alquiler de viviendas en la actual coyuntura. En la AN post 3 de enero no hubo debates altisonantes como los que rechazaban o condenaban algún pronunciamiento internacional contra el gobierno venezolano. 

Diputados esperaban que la semana del 17 al 21 de agosto, la directiva de la AN convocara a sesión para dar por culminado el primer periodo de sesiones, ofrecer un balance y decidir si habrá sesiones extraordinarias antes de que comience el segundo periodo que va desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre.

Este 21 de agosto, la directiva convocó a sesión extraordinaria para designar a Enrique Ochoa Antich como embajador de Venezuela en Suiza y sancionar la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas (antes contra la estafa inmobiliaria). Sobre el instrumento legal, Rodríguez dijo que se trataba de la ley número 11 en lo que va de año. También advirtió a los diputados que habría otra sesión extraordinaria la semana siguiente.

“La AN de 2025 ha perdido poder y peso político, lo cual queda más en evidencia con el inicio de la mesa de diálogo. La delegación del chavismo representa al gobierno nacional, con lo cual el Parlamento queda aún más desdibujado, al igual que los diputados de un sector de oposicion que parecen quedar fuera de la dinámica de poder real, donde se están negociando los términos de una transición a la democracia en Venezuela”, señala el politólogo Enderson Sequera como parte del balance.

Sequera dice incluso que pone en duda que la actual AN termine su periodo en 2030. Todo dependerá, indicó, de las negociaciones y que la  influencia política termine de desaparecer o retomarse. La oposicion mayoritaria prioriza elecciones presidenciales producto de las conversaciones, pero también se ha propuesto que se incluyan las parlamentarias, entre otros cargos.

Leyes para la cooperación económica

Juramentada Delcy Rodriguez como presidenta encargada por su hermano y jefe del Parlamento, el 5 de enero, presentó su mensaje anual a la nación diez días después, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y anunció que propondría a la AN varias leyes económicas.

No faltaron voces de abogados constitucionalistas que advirtieron que el Parlamento debió declarar la falta absoluta de Maduro y llamar a elecciones en 30 días, pero otros eran los planes del tutelaje que optó por  reconocer a Delcy Rodriguez como gobernante encargada en su condición de vicepresidenta de Maduro, con el argumento de estabilizar primero al país antes de concretar un cambio de gobierno.

El 22 de enero se abordaron las primeras leyes del nuevo momento político. La plenaria aprobó en primera discusión la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos, necesaria para el acuerdo energético entre Venezuela y EEUU anunciado por Washington el 6 de enero. Expertos calificaron el hecho como el desmontaje de la nacionalización petrolera emprendida por el expresidente Hugo Chávez.

Asimismo, se aprobaron en primera discusión la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública. Todas propuestas por el Ejecutivo. 

La reforma de la Ley de Hidrocarburos de 34 artículos fue sancionada el 29 de enero, mientras que la rebautizada Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos quedó aprobada en segunda discusión el 26 de marzo. Solo quedó pendiente la Ley de Derechos Socioeconómicos que contempla mecanismo “acordado” de fijación de precios a consumidores. Aunque presentaron objeciones en la primera discusión de la Ley de Hidrocarburos, incluso con voto salvado, la bancada opositora terminó alzando sus manos a favor en la segunda discusión. La unanimidad privó con el resto de las leyes sancionadas.  

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La segunda ley vital para la cooperación económica con EEUU, la Ley Orgánica de Minas, fue sancionada el 9 de abril de 2026. Su segunda discusión demoró un poco más que la de Hidrocarburos (un mes) pero fue aprobada por unanimidad.  Delcy Rodriguez, de cuya gestión partió la iniciativa legislativa, la promulgó el 17 de abril. 

La sanción de dicha ley se produjo en el contexto de la visita de Doug Burgum, secretario del Interior de EEUU, que alabó la reforma por crear oportunidades para las empresas internacionales.

Otra de las primeras leyes que salieron del Parlamento en enero (día 27) fue la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, relacionada con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Consultada sobre la incidencia del tutelaje de EEUU en el lento desempeño del Parlamento, la diputada del Grupo Libertad  (Unión y Cambio), Amelia Belisario, considera por un lado, que la AN permanece en mora con las leyes que benefician a los ciudadanos, especialmente con una legislación sobre los salarios de los trabajadores desde antes de la intervención de Washington. Por el otro lado, cree que los efectos del tutelaje en el Poder Legislativo se podrán medir mejor en el segundo periodo de sesiones.

“Existe una mora  en la sustanciación de proyectos que el país requiere, proyectos que realmente le devuelvan la paz a las familias venezolanas, protejan el salario de los trabajadores y den seguridad para la inversión y el progreso económico, que mejoren los servicios básicos y que respondan a los sectores más vulnerables del país (…) El país tiene la urgencia impostergable de resolver temas económicos asfixiantes como la devaluación del salario, las excesivas cargas fiscales y el vertiginoso costo de la vida”, subrayó la diputada.

En alusión a la mesa de diálogo, expresó que los procesos dirigidos hacia la redemocratización y reinstitucionalización que le urgen a los venezolanos deben ser en paralelo a los temas que el Parlamento debe abordar para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Los ciudadanos, advirtió, no solo esperan información sobre los acuerdos políticos alcanzados, con resultados tangibles sino que requieren leyes vigentes que resuelvan la cotidianidad.

“El valor de los mecanismos actuales de negociación radica en que existen garantes internacionales reales, orientados a asegurar que el gobierno cumpla lo pactado, especialmente en la reforma del árbitro electoral y del Poder Judicial. El reto del próximo período parlamentario será, justamente, demostrarle al país con hechos y leyes vigentes, que el parlamento se debe exclusivamente a los ciudadanos, a la exigencia de redemocratización, reinstitucionalización y reconstrucción del país”, enfatizó. 

Proceso de amnistía incompleto 

Una ley que generó muchas expectativas fue la Ley de Amnistía, sancionada por el Parlamento el 19 de febrero y previamente anunciada por la gobernante interina. Al dar por concluida su aplicación, el 23 de abril, Delcy Rodriguez aseguró que se otorgaron  8.616 libertades plenas. 

ONG defensoras de DDHH que tuvieron derechos de palabra ante la comisión de diputados encargada de la aplicación del instrumento legal denunciaron selectividad y exclusiones en el alcance de la ley. Reportaron además que entre 400 y 600 presos políticos no se beneficiaron de la normativa. También se advirtió que pocas libertades fueron de carácter pleno. 

Desde el pasado viernes 14 de agosto, inició una nueva tanda de excarcelaciones, asociadas a la mesa de diálogo entre el gobierno encargado y la Comisión Delegada de la AN de 2015. La ONG Foro Penal ha confirmado que 78 presos políticos han salido de prisión hasta este 17 de agosto a mediodía, pese a que el interinato y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguraron que eran 131 los que salían de las cárceles y centros de detención. 

Con el doble terremoto que afectó a varios estados del país, principalmente La Guaira, el Ejecutivo Nacional y el Parlamento consideraron necesaria una nueva ley de arrendamiento para estimular la oferta de viviendas para alquiler. Se optó por una ley del Régimen Especial en lugar de derogar la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda de 2011, pese a que Jorge Rodriguez admitió que es regresiva. La normativa quedó sancionada por unanimidad el 31 de julio.

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Otras leyes cuya segunda discusión quedó pendiente son la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que igualmente busca estimular el mercado de la viviendas y la Reforma Parcial ley del Servicio Eléctrico que también abre al sector a la participación del capital privado, en momentos en que han arreciado los racionamientos de luz en el país y que el Ejecutivo atribuye a los daños por los terremotos y el fenómeno climático Super Nino y no a la desinversión en el sector.

Belisario defendió el rol de los parlamentarios fuera del chavismo en el primer periodo de sesiones al subrayar que en cada intervención se insistió en los temas sociales, en la liberación de los presos políticos y en la importancia de la transparencia y del control político y financiero que debe ejercer el Parlamento sobre la administración pública. 

“En el impulso de leyes que realmente resuelvan los problemas sociales y económicos de la nación eso no puede postergarse más”, insistió. 

El “viraje” de Rodriguez 

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Sequera también destaca como parte del balance el “viraje” de Jorge Rodriguez, posterior al 3 de enero. De protagonizar encendidos discursos en la plenaria contra la oposicion, organismo internacional o país que se mostrara contrario a las políticas del gobierno, pasó a tratar de controlar los ánimos de los diputados del chavismo que han expresado malestar por el tutelaje externo.

“Ha cambiado el tono de sus declaraciones, el contenido y hasta su lenguaje corporal. Ya no se muestra tan autoritario. El chavismo sabe que todavía puede correr la suerte de Maduro y Flores, por eso esta negociación es diferente a las anteriores. Jorge Rodríguez ayudó al gobierno a ganar tiempo en procesos anteriores, pero esta vez será difícil burlar a EEUU”, sostuvo el politólogo.

Rodríguez también ha derivado en una especie de “ministro” del gobierno encargado al asumir la vocería de la emergencia generada por el doblete sísmico, además de dirigir la comisión presidencial encargada de los proyectos de construcción de viviendas para los damnificados y los campamentos transitorios. La AN, antes y después de los terremotos, pasó de una frecuencia semanal de sesiones a convocatorias cada dos semanas o  casi una vez al mes. 

Durante la llamada peregrinación nacional que promovió el Rodrigato entre abril y mayo, en dos etapas, el jefe del Parlamento prometió leyes a los productores de los estados que visitó como Mérida y Portuguesa y cumplió, en lo que analistas interpretaron como una campaña electoral adelantada. A principios de junio, fueron sancionadas las leyes sobre el café y el cacao. Quedó pendiente para segunda discusión la Ley de Protección de la Actividad Ganadera. 

Exparlamentarios como Eustoquio Contreras y Pedro Pablo Alcántara han señalado como grandes omisiones de la actual AN, la no declaratoria de ausencia absoluta de Maduro pese a que ya se cumplio el “colchon constitucional” del mandato de Delcy Rodriguez (180 días como mandato temporal, según el artículo 234, desde la detención de Maduro). La plenaria nunca abordó la materia así como tampoco investigó los hechos del 3 de enero, ni estableció responsabilidades políticas por la ausencia de respuesta de la Fanb. 

“Lo más grave que se ha cometido en este ejercicio del primer lapso parlamentario es la omisión de Jorge Rodríguez y de toda la Asamblea en relación al cumplimiento de lo establecido en el artículo 234 de la Constitución. La Asamblea ha eludido deliberadamente convocar la sesión para determinar la ausencia absoluta de Maduro y eso constituye un hecho muy grave porque vulnera el ejercicio que tiene el pueblo a ejercer la soberanía”, comentó Alcántara a Efecto Cocuyo.

Comenzar de cero

Entre marzo y abril, la plenaria dominada por el chavismo renovó parcialmente el Poder Ciudadano, con los cargos de fiscal general de la República y Defensor del Pueblo. La aplanadora se impuso con el jefe del Ministerio Público, al designar, con el voto salvado del Grupo Libertad, a Larry Devoe. La bancada del Psuv cedió la Defensoría del Pueblo a una persona no militante, Eglee González Lobato, pese a ello el proceso fue catalogado por políticos, analistas y ONG de parcializado, poco transparente y excluyente de personas con verdaderas credenciales para cumplir ambas funciones.

Asamblea Nacional publica lista oficial de postulados a magistrados del TSJ

Culminada esa tarea, vino el TSJ. El 13 de mayo, la plenaria sancionó la reforma de la ley del máximo tribunal para subir de nuevo el número de magistrados a 32 y abrir un proceso para la escogencia de 20 cargos vacantes por renuncias y cumplimiento de periodo. No estaba planteada la salida de la actual presidenta Caryslia Rodriguez, por ejemplo y otros magistrados como Tania D’ Amelio. 

El 19 de junio, el Parlamento publicó una lista, previa convocatoria del Comité de Postulaciones Judiciales dominado por el chavismo, de 561 postulados para los cargos de magistrados; 63 para la Inspectoría y 33 para la Escuela Nacional de la Magistratura. Muchos de los nombres que se presentaron eran de abogados vinculados con el chavismo. En vista de los sucedido con el Poder Ciudadano, juristas sin militancia política prefirieron abstenerse para este proceso.

El proceso se vio interrumpido por el doble terremoto pero también por el anuncio de un nuevo proceso de diálogo, impulsado por EEUU. 

Uno de los primeros acuerdos suscrito entre las delegaciones del interinato y la Comisión Delegada de la AN de 2015, este 12 de agosto, es la renovación total del TSJ, lo cual incluye reformar de nuevo la Ley del TSJ, revisar y “ampliar” el actual Comité de Postulaciones Judiciales, abrir un nuevo proceso de postulaciones y la conformación de una comisión que revisará  las credenciales de quienes se presenten como candidatos a magistrados. 

Es decir, el proceso de selección ya iniciado no solo tuvo que ser frenado sino que debe comenzar de cero, lo cual es anotado como un punto a favor de la causa democrática y una aproximación hacia la transición en Venezuela.

#14Jul || Primer Vicepresidente de la AN, Diputado Pedro Infante, presenta la Primera discusión del Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. pic.twitter.com/FiqYGgQdHr

— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) July 14, 2026

Curules “guardadas”

Otra característica del actual periodo legislativo ha sido la seguida desincorporación de diputados principales para formar parte del interinato, bien sea como ministros, viceministros y otros cargos de dirección.  Hasta mayo, de los diputados desincorporados, dos ejercian como ministros y siete como viceministros, además de jefes de misiones y otros cargos. 

Jacqueline Faria dejó la curul el 18 de marzo para ser ministra  de Transporte. En julio salió de ese cargo pero sigue en el gobierno como jefa y presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace. 

La plenaria ha aprobado separación temporal del cargo, según el artículo 187 de la Constitución, el cual señala que la separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. 

Pero el artículo 191 indica que los diputados de la AN no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, es omitido.

Juristas venezolanos como Nelson Chitty La Roche han advertido sobre la “práctica inapropiada” del Parlamento, según la cual un diputado se va a otro cargo mientras “le guardan la curul”. Se ha alertado el “abuso” en la interpretación de la norma constitucional. 

El propio Jorge Rodriguez, sin separarse del Parlamento, ni siquiera de manera temporal, parece ahora dedicarse más a funciones dentro del interinato, a lo que se suma el de coordinador de la delegación del gobierno encargado en la mesa de diálogo.