Más de un año denunciando intrusos en sus terrenos y sin recibir respuestas contundentes. Desde marzo de 2017, Inversiones Risza C.A. está a la expectativa del desalojo de los invasores de su predio, el Hato Las Mercedes, ubicado en el estado Barinas, en el municipio Pedraza.
Orlando Cárdenas, administrador general del hato, aseguró que las invasiones comenzaron en diciembre de 2016, cuando un grupo de 350 personas ingresó ilegalmente en sus tierras para “destruir el recurso forestal, cazar las especies protegidas y amenazar a los trabajadores”, dijo a Efecto Cocuyo.
Cárdenas y el director general del hato, Ignacio Riera, denunciaron los hechos con las autoridades, y los días 7 de febrero y 7 de marzo de 2017 la Comisión Mixta Especial de Resolución de Conflictos acudió a la finca y realizó los desalojos, pero no de forma definitiva. La razón: “no hay logística”, dijeron los órganos policiales a los propietarios del predio.
El 10 de marzo del mismo año, el juez Orlando José Contreras López emitió una orden judicial y solicitó el apoyo a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Barinas. En la misiva, el juez destacó que el predio goza de una medida cautelar de protección a la producción agroalimentaria (por 24 meses) y una medida de protección forestal ambiental (por 100 años), ambas dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, del 7 de abril de 2016.
En la orden judicial, se especificó el nombre de algunos invasores: Freddy Linares, José Lara, María Tovar y José Heredia, y se les acusó como los dirigentes de las operaciones de quema de vegetación boscosa, potreros y cercas. Estas personas se encuentran en “desacato a orden judicial”, según el escrito.
La renovación de dichas medidas se hizo el pasado 2 de mayo de 2018. Su vigencia, el “origen privado” del espacio, declarado por el Instituto Nacional de Tierras (Inti) el 15 de marzo de 2007, y la sentencia del Juzgado Superior Cuarto que declaró la “nulidad absoluta del procedimiento de rescate” de las tierras, son los mecanismos que los propietarios del Hato Las Mercedes aseguran “son más que suficientes para hacer el desalojo”.
Consecuencias en la producción
Los propietarios de la finca no pueden pasar a sus terrenos. No saben exactamente cuánto ha bajado su producción porque no han podido constatar qué queda de inventario. “Lo poco que sabemos sobre nuestro terreno es porque, hace un año, logramos infiltrar algunos trabajadores, que hasta el momento nos siguen dando nombres y algunos datos sobre la producción”, explicaron.
Antes de las invasiones, la finca producía un millón de kilos de carne y 100 mil kilos de queso para el mercado nacional. En el presente, los cálculos apuntan a un detrimento del 70% de su producción total: 30% menos de carne y el abandono de la producción de queso.
“Creemos que nos han robado entre 3 mil y 4 mil reses y destruido más de 250 km de cercas en los últimos meses”, afirmó Cárdenas. Explicó que no solo los robos y la deforestación son las causas de la baja en la producción, sino también las amenazas a las que están “sometidos” los trabajadores, pues no tienen la libertad de laborar en sus respectivas áreas, solo en las que ordenan los invasores.
El 30 de abril de 2017 los órganos policiales detuvieron a cinco personas que estaban robando 60 reses del hato. Los responsables fueron puestos “a la orden del Ministerio Público” y quedaron libres al poco tiempo, destacó Cárdenas.
Riera aseguró que los invasores quemaron 550 hectáreas de maíz y que vertieron sustancias tóxicas en el agua de la finca.
“Las leyes están ahí. Las denuncias también. Los invasores siguen ahí y la producción va en picada. Solo hace falta que los órganos responsables respondan”, dijo el director general del Hato Las Mercedes.
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