En medio del silencio oficial, la desnutrición infantil se ha instalado en diversos estados del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió el pasado jueves 1 de febrero que al menos cinco niños venezolanos habrían fallecido semanalmente durante 2017 por la poca ingesta de nutrientes. Así lo señaló el organismo internacional en un comunicado en el que exige al Estado garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud.

“Según la información recibida, durante 2017 habrían fallecido entre cinco y seis niños semanalmente por falta de alimentación“, indica la Cidh en el comunicado. En ese número figura el caso de Johan Fajardo, un adolescente desnutrido de 13 años residenciado en el estado Portuguesa y que pesaba apenas unos 11 kilos, peso normal para un niño de año y medio.

Johan murió el 6 de diciembre de 2017. Esa misma semana se conoció sobre las muertes de otros dos niños desnutridos: Gilberto Mendoza (3 años), quien falleció el 1 de diciembre en el estado Bolívar; y un bebé de ocho meses que murió el 3 de diciembre en Cojedes.

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La Cidh especifica que las aproximaciones a estas cifras son producto de las denuncias que ha recibido el organismo internacional dado que el Gobierno venezolano no ha suministrado información pública actualizada sobre el estatus de la desnutrición infantil en el país.

Hasta el pasado 12 de diciembre de 2017, Efecto Cocuyo registró 66 muertes de niños desnutridos en 12 estados del país, con Bolívar y Táchira a la cabeza de la lista. Frente al silencio de las autoridades, solo los registros de prensa permitieron aproximarse a una cifra.

El comunicado de la Comisión también destaca que un promedio de 4,5 millones de personas solo estaría alimentándose una vez al día y que, en algunos casos, una cantidad de venezolanos estaría comiendo una vez cada dos días.

“El más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutricional elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, ha verificado un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela para el periodo 2014/2016″, advierte la Cidh.

Este número representa un incremento de 3,9% en comparación con el trienio anterior (hasta el año 2013) y corresponde a la población que no estaría recibiendo los nutrientes mínimos para llevar una vida saludable y activa.

“En mi casa se comía tres veces, pero ahora se come una vez al día para poder darle (comida) a mi hijo”, dijo Alicia Mora a Efecto Cocuyo en diciembre de 2017 en medio de una protesta por comida registrada en La Guaira, estado Vargas.

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Las denuncias y el seguimiento de la fundación Cáritas Venezuela han permitido vislumbrar las cifras de la desnutrición. Según su último reporte, difundido en septiembre de 2017, al menos seis de cada 10 niños evaluados por Cártias tenía algún grado de desnutrición o estaban en riesgo de tenerlo, un aumento de 14 puntos porcentuales en relación con lo arrojado por los estudios para el mes de abril.

En el boletín, la fundación advirtió que la proporción de familias con una alimentación deficiente pasó de 66% a 85% tan solo de febrero a agosto del año pasado. Las carnes, los huevos, los lácteos y las grasas —fuentes de hierro, proteínas, calcio y vitaminas— se volvieron ajenos a las mesas venezolanas por sus altos costos.

La Cidh no es el único organismo que se ha pronunciado sobre la situación nutricional y el hambre en Venezuela. La semana pasada, el 26 de enero, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) difundió un comunicado en el que alerta sobre el incremento de la desnutrición infantil en el país.

La organización subrayó el impacto que ha tenido la crisis económica en los niños e insistió que “hace falta más para revertir el preocupante deterioro en el bienestar de los niños”.

El mismo día que Unicef emitió el comunicado falleció el pequeño Adrián Vargas Espinoza, un bebé de tres  meses que llegó sin signos vitales al hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, en el estado Bolívar.

La Cidh termina el comunicado con una invitación al Estado venezolano a publicar información actualizada y a fijar una posible visita al territorio nacional para “evaluar el ejercicio de los derechos humanos en su integralidad”.

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