Seis alcaldes opositores han sido destituidos durante el gobierno de Maduro

La destitución de alcaldes opositores durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó en 2014 con la aprehensión de Daniel Ceballos y Enzo Scarano, acusados de omitir “acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos” en sus municipios durante las protestas opositoras de ese año.

Así las cosas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó la destitución y privativa de libertad de Ceballos, quien era el burgomaestre en la capital tachirense y por un año y 10 meses y 15 días para Scarano, entonces alcalde de San Diego.

Fueron sustituidos por sus esposas Patricia de Ceballos y Rosa de Scarano tras ser electas en votación popular.

A ambos políticos les fue concedido un beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, la medida de Ceballos fue revocada en agosto de 2016 cuando una comisión del Sebin ingresó al apartamento donde cumplía su condena en Caracas y lo trasladó a la cárcel 26 de julio en Guárico donde permanece recluido.

La siguiente fue la alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado Apure, Lumay Barreto. El 2de junio de 2015 recibió una llamada telefónica que le confirmo que había sido destituida por el Concejo Municipal, con mayoría chavista. La acusaban de haber incurrido en falta absoluta porque viajó a Caracas seis días para asistir a la reunión de emergencia convocada por la Asociación de Alcaldes por Venezuela.

En ese momento, el presidente de la asociación de alcaldes, Gerardo Blyde, argumentó que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal estipula, en su artículo 87, que debe producirse la muerte; la renuncia; la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica; una sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato para que el funcionario incurra en falta absoluta.

Sin embargo, Barreto quedó destituida y, en su lugar, fue designado el concejal chavista Víctor Argenis Blanco Sáez.

El 30 de septiembre de 2016, la alcaldesa encargada del municipio Mario Briceño Iragorry, en Maracay, Alicia Loreto, también fue destituida. La funcionaria acusó a la Cámara Municipal de haber cometido un “golpe de Estado” al imponer al oficialista Brullerby Suárez como nuevo alcalde. Loreto había sido designada al frente del ayuntamiento por el alcalde titular, Delson Guarate, a quien el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) arrestó el 2 de septiembre.

Ese mismo día, en Maturín, el gerente municipal encargado Antonio Goncalves fue apartado de su cargo y en su lugar fue nombrado el militante del PSUV y en ese entonces presidente de la Cámara Municipal de mayoría oficialista, Wilfredo Ordaz.

Goncalves estaba al frente del ayuntamiento desde el 26 de agosto, cuando la Fiscalía 12 Anticorrupción del Ministerio Público acusó al alcalde titular, Warner Jiménez, de supuestos delitos de asociación para delinquir y concierto con contratistas, por lo que un tribunal de control le dictó orden de captura.

El caso más reciente es el del alcalde del municipio Iribarren –estado Lara- Alfredo Ramos. La autoridad municipal fue destituida por ocho concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que lo acusan de “pasividad ante las manifestaciones de oposición”.

Ramos manifestó que no permitirá la usurpación de sus funciones y alertó que un tribunal militar pretende enjuiciarlo.

Foto: Prensa Presidencial

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