La discriminación y persecución por origen nacional es una problemática global que afecta a diversas comunidades y nacionalidades alrededor del mundo. Un caso particularmente relevante en los últimos años es el de nosotros, los venezolanos, quienes hemos enfrentado complejas situaciones debido a la migración forzada por la crisis económica del país y a las sanciones.
Sanciones como causales de discriminación
Desde 2015, Estados Unidos impuso una serie de sanciones a Venezuela, que buscaban en su momento “sacar” al presidente Nicolás Maduro del poder, resultando totalmente fallidas en su cometido.
Estas sanciones incluyen restricciones financieras y comerciales que han afectado profundamente la economía venezolana. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO), estas medidas han tenido un impacto severo en la economía venezolana, incluyendo la reducción de las importaciones y exportaciones y el deterioro de la producción de petróleo, la principal fuente de ingresos del país.
La crisis económica exacerbada por las sanciones ha llevado a una migración masiva de venezolanos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado desde 2014, buscando mejores condiciones de vida en países de América Latina, Norteamérica y Europa. Esta migración es uno de los desplazamientos más grandes en la historia reciente de América Latina.
Con el aumento de la migración venezolana, también han surgido reportes de discriminación por origen nacional. En muchos casos, los migrantes venezolanos enfrentan estereotipos negativos, que los pintan como delincuentes o como una carga para los servicios sociales de los países anfitriones. Un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019 destacó numerosos casos de xenofobia y discriminación contra venezolanos en varios países, incluyendo actos de violencia y discriminación laboral.
La discriminación tiene múltiples repercusiones para los afectados. Además de las barreras en el acceso al empleo, muchos venezolanos reportan dificultades para acceder a servicios de salud y educación. Un informe de 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que 30% de los venezolanos en países vecinos han enfrentado alguna forma de discriminación, afectando su capacidad para integrarse y contribuir económicamente en sus nuevas comunidades.
Ante esta situación, varias organizaciones internacionales y países han tomado medidas para mitigar la discriminación y facilitar la integración de los migrantes venezolanos. Por ejemplo, Colombia implementó en 2021 el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos, ofreciendo un camino hacia la legalización de más de Un millón de venezolanos. Este tipo de políticas busca no sólo regularizar la situación migratoria, sino también combatir la discriminación al promover una integración más efectiva.
A pesar de las medidas positivas, la lucha contra la discriminación por origen nacional requiere un enfoque multifacético que incluya educación, políticas inclusivas y la promoción de un discurso público que destaque las contribuciones positivas de los migrantes. La cooperación internacional también juega un rol crucial en este esfuerzo, ya que muchas de las soluciones requieren recursos y coordinación más allá de las fronteras nacionales.
Los que nos quedamos
No sólo los migrantes venezolanos son sujetos de discriminación. Los que nos quedamos en Venezuela, quizás sin darnos demasiada cuenta de ellos somos sujetos de segregación y maltrato a nivel internacional en la medida de que no tenemos los mismos derechos financieros y comerciales que las demás ciudadanías por el simple hecho de ser venezolanos.
Buen ejemplo de lo afirmado, lo tenemos a la mano por el cierre e imposibilidad de apertura de cuentas bancarias en el extranjero. Además, muchas empresas en el exterior tienen expresamente prohibida la venta o la compra de productos a venezolanos por temor a las sanciones.
Delito de lesa humanidad
Según el Estatuto de Roma de 1998, de la Corte Penal Internacional, la persecución o discriminación de un grupo o colectividad con identidad propia, sea cual sea la motivación; debe ser considerada un delito de lesa humanidad.
Pues sí, debo decirles que nuestros migrantes, así como el resto de los venezolanos, producto de las sanciones, somos continuamente víctimas de un grave delito de lesa humanidad. A este respecto poco pronunciamiento hemos escuchados de los organismos internacionales encargados de atender tales menesteres. Al Gobierno Nacional se le acusa una y otra vez de violar derechos humanos, pero a los EE. UU., gestor de las sanciones que minan la economía nacional, no se le señala de lo mismo.
La discriminación por origen contra los venezolanos es un reflejo de una crisis más amplia, que resalta la importancia de abordar tanto las causas subyacentes de la migración como las actitudes hacia los migrantes.
Asimismo, la discriminación de entidades financieras y empresas extranjeras para con los venezolanos, es hoy parte de nuestro día a día. Si bien las sanciones buscan presionar al gobierno de Venezuela, sus efectos indirectos han complicado la vida de millones de venezolanos. Denunciar y combatir esta discriminación no sólo es un imperativo moral, sino también una necesidad para el bienestar de todos los venezolanos.
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