21 jóvenes asesinados por lacrimógena: ¿Quién responde?

Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

Educador. Fundador de Cecodap.

Mientras el país está sumido en la fiebre mundialista siguiendo los partidos y detalles que se desarrollan en Rusia, la madrugada de este sábado, 16 de junio, nos sorprendió con la muerte de 17 personas según las cifras que aportó en su declaración el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Podemos leer la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol en Efecto Cocuyo: “Durante un evento social de pregraduación en ese club privado se originó una riña y uno de los involucrados activó un artificio lacrimógeno que originó la estampida de más de 500 personas que se encontraban en el club social, ocasionando el fallecimiento de 17 personas”.

Precisó que de esos 17 fallecidos, ocho son menores de 18 años de edad y que se cuentan cinco heridos, entre ellos tres adolescentes.También, indicó que por este suceso, se llevó a cabo la detención de siete individuos, incluidos también dos adolescentes, de los cuales que uno de ellos es señalado de activar la lacrimógena, según declaraciones de testigos que estaban dentro del club ubicado en el municipio Libertador en el Distrito Capital.

Al día de hoy sabemos que fueron 21 los fallecidos; 9 de ellos adolescentes. La mayoría del país siguió con su rutina: ¿Cuáles son los partidos para hoy?;¿qué partido viste ayer?;¿dónde vas a verlo mañana que es el Día del Padre?”

Es significativo que sea en el exterior donde vean la magnitud del hecho.La red social Facebook creó un mecanismo para informar a tus conocidos si te encontrabas bien.Mensajes de Whatsapp de conocidos chequeando tu fintegridad física.Se le dio cobertura en los principales medios de comunicación a nivel mundial.

No es normal que 21 personas mueran violentamente, la mitad adolescentes, superando incluso la gravedad de atentados terroristas y continuemos como si nada.

Reverol añadió que también fue privado de libertad el propietario del Club Los Cotorros (El Paraíso), “por incumplir la ley que establece tomar medidas para impedir que se ingresen armas de fuego y municiones a este tipo de locales de acceso controlado, además de ordenar el cierre del club social mientras se adelantan las investigaciones”. Nada dijo el ministro sobre por qué un adolescente tenía una bomba con la capacidad letal de ese artefacto, a sabiendas de que son de exclusivo uso por parte de las fuerzas militares y policiales.

La versión de los sobrevivientes y familiares plantea muchas preguntas sin respuesta: ¿Si los bomberos hubieran venido antes los muertos no serían tantos?; ¿el 171 no respondió?;¿el aforo del local era de 300 personas y había como 500?;¿quién permitió que adolescentes pudiesen entrar en un local nocturno donde se consumía alcohol?;¿cómo puede un adolescente meter una bomba sin ser detectada?;¿quién invitó a la fiesta utilizando el Facebook?;¿qué ocasionó la riña?;¿una situación del momento o una culebra existente? Son preguntas que requieren respuestas veraces fruto de una investigación profesional, objetiva, creíble.

Nada han dicho los representantes del sistema de protección del niño y del adolescente sobre la violación a las disposiciones de ingreso de adolescentes a centros nocturnos, la ingesta de alcohol, las celebraciones de graduación (fiestas, caravanas, viajes) y qué medidas se están tomando para prevenir y/o mitigar los riesgos.

Los familiares, compañeros de clases, profesores, se les transformaron los motivos para celebrar por una historia llena de terror y dolor.

Un duelo que tendrán que vivir sin el soporte profesional porque el Estado se empeña en pasar páginas y no dar las respuestas socio emocionales que requiere un hecho de esta magnitud.

Adriana Ponte colocó un tuit que hace pensar: “Sí la tragedia en El Paraíso hubiese sido en una discoteca de Las Mercedes, ¿la cobertura, el estupor y el acompañamiento de la sociedad sería el mismo?; ¿nuestra capacidad de condolernos está condicionada?”.

Acción por la vida
El lunes 18 de junio 33 organizaciones (entre las que se encuentran Efecto Cocuyo y Cecodap) entregaron un manifiesto a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como un llamado a la defensa del derecho a la vida y el desarme de la población.
José, Cheo, Carvajal, activista portavoz de la actividad, expresó que durante décadas se ha normalizado la violencia en el país, en 2016 ocurrieron 21 mil 752 homicidios, de los cuales, 86% se perpetraron con armas de fuego.

En tal sentido, las exigencias contempladas dentro del Manifiesto para la defensa del derecho a la vida y la seguridad de los venezolanos, fueron las siguientes:

1.Que la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) se comprometa a reducir al mínimo la producción de balas con las que finalmente morimos los venezolanos, y que estas sean controladas al máximo.

2.Que la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y que se suspenda la venta de las mismas a particulares.

3.Que todas las armas estén bajo control, tanto las de los policías como las de los particulares, tanto las que reposan en los parques policiales como las que son incautadas, tanto las que reposan en las casas como las que andan en las calles. Exigimos que absolutamente todas estén bajo control y que dejen de formar parte de este negocio sangriento.

4.Crear mesas de trabajo en las que la ciudadanía, a través de organizaciones sociales, participe en la construcción de los protocolos de desarme, control de las armas existentes, y destrucción de aquellas incautadas o entregadas voluntariamente.

5.Que se desactiven aquellas políticas del Gobierno central que incrementan la presencia de armas en manos de la población civil, a través de las llamadas “milicias” y de grupos paraestatales armados.

6.Que los cuerpos de policía cesen la política de mano dura y de ajusticiamientos extrajudiciales, que respeten estrictamente la convención del uso progresivo de la fuerza y que asuman las orientaciones que surgieron de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

7.Que se haga pronta justicia en aquellos casos que han sido denunciados por familiares y organizaciones, y que se cree un sistema nacional de acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia en general, que haga hincapié en los familiares de víctimas de homicidios, que cree los mecanismos necesarios para atenderlas de manera adecuada, oportuna y sostenida en el tiempo.

8.Como parte de este sistema, y a la par de los programas de atención y reparación, deberían desarrollarse políticas, programas y acciones para la creación de oportunidades de formación, recreación y participación social para los más jóvenes, población sobre la que se cierne la amenaza de esta violencia, ya sea en calidad de víctimas o de futuros victimarios.

Definitivamente tenemos que organizarnos para meterle un gol a la indolencia.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

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