Gobierno colombiano aclara que orden de deportación “de ninguna manera” apunta a venezolanos regularizados

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, salió al paso de la inquietud generada entre la comunidad venezolana residente en el país vecino y afirmó que la orden del presidente Abelardo de la Espriella de iniciar operativos para deportar migrantes irregulares “de ninguna manera” se dirige contra los venezolanos que llegaron a Colombia durante los años más duros de la crisis regional.

En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que el anuncio presidencial no afecta a los “hermanos venezolanos” que ingresaron masivamente entre 2019 y 2021 —casi dos millones de personas— y que en “un 90 y tanto por ciento” fueron regularizados y recibieron un régimen de protección del Estado colombiano.

“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, subrayó.

Según el ministro, la medida está orientada a combatir las redes criminales que lucran con el tráfico y la trata de personas, especialmente en el corredor del Darién, convertido en un negocio ilícito por organizaciones como el Clan del Golfo y grupos narcoterroristas.

“Se refiere a las redes criminales, a los que se están lucrando, particularmente con el paso de migrantes ilegales en el Darién… Colombia no puede convertirse en un punto de paso”, señaló Lara.

Presidente de Colombia ordena operativos contra migrantes que estén en situación irregular

El presidente De la Espriella había ordenado el domingo, en un consejo de seguridad en Barranquilla, el inicio inmediato de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional. La instrucción prioriza primero a los extranjeros que cometen delitos y luego a quienes no tienen regularizada su situación, bajo el lema “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.

Aunque en Colombia viven unos 2,8 millones de venezolanos —cerca del 90 % de toda la población inmigrante— y entre 500 mil y 848 mil se encuentran en situación irregular, el Gobierno insiste en que el foco no es esa comunidad ya integrada, sino el tráfico clandestino de personas que usa el territorio como ruta hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Estimaciones previas situaban en alrededor de 550 mil a 600 mil el número de personas que no lograron regularizarse en la última década, muchas de ellas incluyendo niños, niñas y adolescentes; ese grupo es el más preocupado por la decisión del recientemente juramentado presidente colombiano.

La aclaración del ministro busca calmar la preocupación de cientos de miles de venezolanos que temían verse afectados por la nueva política migratoria del gobierno de De la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto.

Pese a la aclaración, organizaciones y analistas advierten que la orden marca un cambio de paradigma respecto a la política de apertura y regularización que mantuvieron los gobiernos anteriores durante más de una década. La capacidad real de Migración Colombia para ejecutar deportaciones masivas genera dudas, pero el anuncio ya genera preocupación entre la numerosa comunidad venezolana que reside en el país.