Estas son las peticiones de la sociedad civil al Estado venezolano en la audiencia de la Cidh - Efecto Cocuyo

Estas son las peticiones de la sociedad civil al Estado venezolano en la audiencia de la Cidh

Mejoras en la calidad de vida de los adultos mayores, cumplimiento de los derechos mínimos de los privados de libertad y garantía de los derechos sociales y económicos de los venezolanos. En este 169° periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), diversas voces de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de exigir al Estado venezolano que cumpla con sus responsabilidades.

La audiencia estuvo presidida por Francisco Eguiguren, también relator para Venezuela de la Comisión. Se hizo en tres bloques, para tocar temas distintos. El primero se enfocó en los derechos de la población de pensionados y jubilados; así como también de la comunidad sexodiversa (Lgbti): lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Este fue el peticionario que realizaron los representantes de la sociedad civil, como Convite y Provea:

.-  Cesar la exigencia del carnet de la patria como requisito para cobrar la pensión o acceder a cualquier otro derecho.

.- Honrar deuda con mas de 12 mil pensionados en el exterior, y que cumpla los acuerdos de pago bilaterales con seis países.

.- Que el Ejecutivo Nacional dé el “ejecútese” a la ley de bonos para la alimentación de los pensionados, aprobada por la Asamblea Nacional(AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

.- Crear un “plan nacional de envejecimiento” donde todos los niveles de gobierno, organizaciones, universidades y colectivos organizados de adultos mayores garanticen un envejecimiento digno y saludable a través de adecuadas políticas públicas.

Eguiguren explicó que los representantes de la sociedad civil que manejaban el tema de la comunidad Lgbti no pudieron llegar a la sesión. Expuso que las personas tuvieron problemas económicos.

En este capítulo, los comisionados y relatores de la Cidh estuvieron interesados en conocer cómo se implementó el carnet de la patria en el país, cuál es la viabilidad financiera de otorgar pensión sin contribución previa y cuáles son los avances para proteger a la población Lgbti.

Al respecto, el representante del Estado venezolano, Larry Devoe solo se limitó a explicar que el carnet de la patria “es un mecanismo de registro para acceso de los programas sociales, como ocurre en cualquier parte del mundo”.

Los presos en Venezuela

Este tema fue solicitado por la misma Cidh, según anunció el presidente Eguiguren. De la sociedad civil participaron las organizaciones Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Una Ventana a la Libertad, Espacio Público y Defiende Venezuela.

Además de denunciar el hacinamiento en el que viven los presos venezolanos, así como la precaria alimentación, Carlos Nieto, de Una Ventana a la Libertad, usó su derecho de palabra para exponer la dualidad del sistema penitenciario.

“Los centros de detención preventiva se han convertido en pequeñas cárceles diseminadas a lo largo del país. Tenemos dos sistemas penitenciarios: uno que lo lleva el Ministerio para Servicios Penitenciarios y otro que no lo lleva nadie, porque nadie se hace cargo (calabozos policiales o centros de detención preventiva)”, indicó.

Beatriz Girón del OVP recordó diversas masacres carcelarias que aún siguen en fase de investigación, por lo que hizo un llamado a la no impunidad. Una de ellas fue la ejecución de 19 reclusos en Amazonas, operación en la que usó armas de fuego contra la población penal.

Julio Henríquez, de Foro Penal, precisó la nueva tendencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Denunció que en el país se usa la detención de personas como mecanismo de extorsión para aprehender a algún ser querido cercano al arrestado. Puso de ejemplo a Adriana Granadillo, víctima de detención arbitraria, desaparición forzada y abuso sexual por miembros de las fuerzas de seguridad.

En el segundo bloque de las discusiones, la sociedad civil planteó las siguientes exigencias:

.- Libertad para los presos políticos.

.- Publicar las cifras de civiles procesados en tribunales militares.

.- Terminar con la práctica de que los calabozos policiales sean centros de detención permanente.

.- Que se cumplan las Reglas Mínimas de la ONU para el tratamiento de los privados de libertad.

.- Que se investigue las violaciones de derechos humanos y se haga justicia para las víctimas.

.- Que el Estado venezolano permita la visita de la Cidh.

Larry Devoe dijo que en Venezuela la violencia ha sido practica reiterada por la oposición como mecanismo político. Mostró láminas en las que esquematizó varios hechos, que según el Estado, representan un ejemplo de la violencia política en Venezuela.

“Esa violencia con los años se incrementa. La violencia que se ejecuta contra los funcionarios de seguridad y ciudadanos que no participan en las manifestaciones“, expuso ante la Cidh.

Situación humanitaria y control social

En este bloque participaron Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs).

Carlos Correa, por Espacio Público, planteó el panorama económico del país. Se paseó por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento de la inflación, a espaldas de la transparencia del Banco Central de Venezuela (BCV).

Eduardo Trujillo, del Centro de DDHH de la Ucab, planteó cómo el carnet de la patria quiere ser utilizado como mecanismo de control social. Citó al presidente Maduro antes de las elecciones, cuando prometía un bono a aquellos que votaran a favor del Gobierno y se registraran con el carnet de la patria.

Marco Antonio Ponce, director del Ovcs, denunció la criminalización de la protesta en el país en informó que en 2018, diez personas murieron por acción policial en manifestaciones por comida y otras cuatro en movilizaciones por servicios públicos.

Ante la Cidh, la sociedad civil exigió al Estado venezolano:

.- La derogación del estado de excepción, que continua el quiebre del orden constitucional.

.- El cese de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, amparada en la tesis del enemigo externo. Aseguran que esta permite la descalificación y el hostigamiento a líderes comunitarios y activistas de derechos humanos.

.- El cese de la criminalización de la protesta pacífica y persecución de disidentes, trabajadores, periodistas y defensores de derechos humanos.

.- No cometer actos en represalia contra los defensores de derechos humanos, en especial contra los que participan en el actual periodo de sesiones.

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