Droga, dinero y elecciones llevaron a la cárcel a los sobrinos de Maduro

Elizabeth Williams tiene 36 años dibujando en las cortes de Nueva York. Durante las audiencias, ella es la única que tiene el privilegio de retratar lo que allí sucede; ni Instagram ni Snapchat están permitidos en las salas donde se juzga el crimen en Estados Unidos. Uno pensaría que lo ha visto todo.

Sin embargo, muestra sorpresa por el juicio a Franqui Francisco Flores de Freitas (31) y Efrain Antonio Campo Flores (30); sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Nicolás Maduro y  Cilia Flores. No solo por el trato que recibieron ambos, acusados de conspirar para intentar ingresar 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos; sino por las reacción y el interés que ha generado en las redes sociales. 

“Este es un caso grande allá abajo (refiriéndose a Venezuela)”, dice la artista. Sobre la difusión de uno solo de sus dibujos, precisa que el primer día fue visto por 12.000 personas, tuvo 10 comentarios, 177 reacciones y 43 compartir.

Pero su asombro no se limita a la reacción que ha conseguido en el mundo virtual. También encuentra llamativa la apariencia de los acusados, que asistan a la corte tan atildados y bien vestidos. “Generalmente los acusados vienen con traje de prisión; pero en este caso hay una gran diferencia. Ambos limpios, afeitados y con trajes elegantes”. A lo largo de las nueve audiencias de las que fueron protagonistas, tenían una “pinta” clásica y bien trabajada. Como de colegio privado de varones. “Claro que ellos tienen dinero y abogados que los asesoran (cada uno de ellos tiene tres)”, remata la artista. 

dibujoapsobrinos/AP
Campo y Flores siguen con traducción simultánea parte del juicio. Foto AP.

A juzgar por las fotos que mostraban Flores y Campo antes de ser capturados en una operación encubierta por agentes y colaboradores de la DEA en Haití -el 10 de noviembre de 2015-, ese tipo de comodidades no les era ajeno. 

Durante el juicio que se llevó a cabo en la corte del Sur de Nueva York, entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016, los fiscales del caso mostraron fotos e imágenes que daban cuenta de viajes en aviones privados y armas largas.

Registros que ellos mismos guardaron en sus teléfonos y que fueron utilizados como evidencia en su contra cuando les fueron decomisados por los agentes antidrogas estadounidenses. Por ejemplo, entre las informaciones obtenidas del celular de Campo es posible leer en uno de sus mensajes de texto: “Una para mí y una para mi tío. A 1000 dólares …no es caro. Son bellas. Mini Uzi”. Y la foto de uno de los fusiles de origen israelí.

No obstante, los abogados defensores -pagados por Wilmer Ruperti, polémica figura del mundo del transporte petrolero naviero, quien dijo que desembolsillaba el dinero para que el presidente venezolano Nicolás Maduro pudiera gobernar en paz-, usaron como línea de argumentación  que ambos jóvenes vivían modestamente en Caracas. 

Según sus abogados, Campo tenía un pequeño negocio de taxis en Panamá: Transporte Herfra, con un capital de $10.000; casado “con una mujer trabajadora” y con dos hijos. Mientras que Flores residía en un apartamento de dos habitaciones con su pareja y un hijo de ocho años. 

Mientras tanto, los más altos personeros del Gobierno venezolano no dudaron en calificar esta acción como un secuestro y señalaron al Gobierno estadounidense como responsable.

Estúpidos o arrogantes

Franqui y Efraín fueron atrapados luego de un operativo montado por la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés). Durante meses negociaron el traslado de un cargamento de droga, supuestamente proveniente del grupo guerrillero: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC), con narcotraficantes que en realidad eran colaboradores encubiertos del organismo. 

La defensa trató de equiparar la noción de operativo con la de “montaje”. Ese fue un argumento medular de los apoderados judiciales de los acusados: el hecho de que todo el operativo fuese “incitado” por la DEA. Eso, y que Flores y Campo, eran demasiado  “estúpidos” como para llevar adelante un operativo de tal magnitud.

Por su parte, los fiscales acusadores señalaron la intención de los acusados de monetizar sus conexiones políticas en Venezuela. “Oirán a Flores presumir de que tenía el control total del aeropuerto en Venezuela” -señaló el fiscal, Emil Bove, durante las palabras de apertura del juicio-. Y aseguró a la gente, durante los encuentros, que la droga sería enviada desde el hangar presidencial. El hangar controlado por el presidente de Venezuela (Nicolás Maduro)”. 

Y no sabían que había micrófonos…

Los edificios de la Corte Sur de Nueva York ofrecen una vista única de la ciudad. Al fondo de la sala donde se realizan las audiencias hay dos hileras de bancos de madera para los asistentes, 16 asientos sobre una plataforma a la derecha para el jurado y una gran bandera de Estados Unidos colocada en la esquina izquierda. El techo es alto y la alfombra verde completan la escena que parece salida de una película de Hollywood. 

Este era el panorama que vieron día a día, mientras duró el juicio que se basó casi en su totalidad en las grabaciones, videos y evidencias que habían logrado incautar los agentes encubiertos a Campo y Flores. Con micrófonos escondidos, cámaras y adminículos ocultos.

Los fiscales lograron determinar que durante la negociación los involucrados se reunieron seis veces en total: tres veces en Caracas, dos veces en Honduras y una en Haití.

De todos estos encuentros el del 23 de octubre fue revelador.  

En una grabación presentada como prueba durante el juicio, se escucha la voz de Efraín Campo hablando con el narcotraficante encubierto José Santos Peña (CS1). Es una conversación, entrecortada, interrumpida y a veces ininteligible, según consta en los expedientes de la Corte. Sin embargo, se escucha cómo los dos hombres conversan sobre el financiamiento de la campaña para la reelección de la diputada y actual Primera Dama, Cilia Flores, sobre la “guerra” con Estados Unidos y sobre la oposición venezolana.

Santos Peña forma parte activa de la historia. Reconocido narcotraficante de un cartel mexicano, fue arrestado en México en 2000 por cargos de secuestro, y tres años después se convirtió en fuente confidencial de la DEA. Actualmente se encuentra en prisión por haberle mentido a la Agencia durante el tiempo que trabajó como fuente confidencial. Enfrenta la posibilidad de pasar su vida entera tras las rejas.

En la conversación, Campo revela sus intenciones. “-…que son elecciones, pero ¿qué pasa? Que queremos volver a tomar posesión de la Asamblea Nacional y varios, varios sitios de poder… que no hemos perdido, pero no se quieren perder”.

Después de quejarse porque los están atacando mucho, continúa con su razonamiento sobre la necesidad del dinero: “Entonces, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Mi mamá hizo un trabajo muy excelente cuando estuvo allí… La gente la ama… El pueblo la ama porque hizo un trabajo súper transparente y entonces como existe la posibilidad de que se pudiese perder algo allí, se metió allá otra vez”.

Y entonces concluye con una frase que no deja lugar a dudas: “pero necesitamos la platica. Porque los gringos nos están inyectando duro con la plata. ¿Me entiende? A la oposición… y entonces también nosotros, por eso es que les estamos haciendo la guerra”.

En el año 2005, el ex presidente fallecido, Hugo Chávez, expulsó a la DEA del país.

Ese mismo año, la reforma de la Ley Antidrogas le dio competencias a los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para combatir el tráfico en el país; una actividad que antes era exclusividad de la Guardia Nacional. De acuerdo con la especialista y autora del libro: Chavismo, narcotráfico y militarismo, Mildred Camero, esto generó la posibilidad de que los uniformados se involucraran en el negocio del narcotráfico y permitiera el nacimiento de lo que es conocido hoy como “El cartel de los soles”. Una mafia manejada por individuos de armas que pertenecen a la más alta jerarquía militar. 

Posteriormente, Campo no guarda reparos en referirse al intercambio con la guerrilla. Asegura que no los conoce personalmente, pero que tiene un intermediario que ya estaría en contacto con un comandante del grupo colombiano. “No yo no trato directo con ellos…Porque (ininteligible) no, yo tengo un, un muchacho… Yo puse a una persona que me contacte con ellos”. 

En la gráfica se ve a Campo manejando un paquete que fue presentado en la corte como un kilo de cocaína. La foto es del expediente.
En la gráfica se ve a Campo manejando un paquete que fue presentado en la corte como un kilo de cocaína. La foto es del expediente.

El vuelo de la incertidumbre

En menos de 48 horas Campo y Flores abordaron dos aviones muy distintos con destinos tan diversos como peligrosos. El que usaron para viajar a Haití (Jet marca Cessna, modelo citation 500, serial 500-0215, siglas YV2030) ya tenía antecedentes delictivos. Fue “embargado preventivamente” en 2011 por pago de honorarios. Uno de los codemandados en ese caso es Marcos Uzcátegui, quien junto a Pablo Urbano, Pedro Rodríguez y Jesfrán Moreno, formaban parte de la tripulación de la aeronave que llevó a ambos sobrinos hacia la isla. Ellos no fueron ni detenidos ni imputados.

El que abordaron luego de ser detenidos en Haití, carecía de las comodidades del primero.

Campo y Flores con cuerpos de seguridad del Estado. Foto de los expedientes.
Campo y Flores con cuerpos de seguridad del Estado. Foto de los expedientes.

Luego de ser detenidos en un operativo especial, durante la que creían era la reunión final para afinar los detalles antes de enviar el cargamento a Honduras, fueron llevados al aeropuerto de la isla por policías nacionales. Allí los recibieron seis hombres, que según cuentan ellos, estaban vestidos de civil.

De acuerdo con las versiones iniciales, ambos hombres estaban temerosos -y convencidos- de que estaban siendo secuestrados por un grupo delictivo, pues, según sus propias palabras, no sabían la identidad de sus captores. La versión oficial apunta a que desde el principio fueron informados de que se trataba de un operativo de la DEA.

El agente Sandalio González fue quien les tomó la declaración. Él aseguró que Campo le había consultado sobre el funcionamiento de la cooperación con Estados Unidos, y que sí  estaría interesado en información sobre lavado de dinero. El problema es que el agente no grabó las conversaciones que tuvo con los acusados en el avión. Entonces, no hay evidencia con valor probatorio en el juicio.

Durante el trayecto entre Haití y Nueva York reinó la confusión. En los documentos que integran el expediente  los dos hombres describieron cómo los amenazaban y les decían que si no colaboraban se iban a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. La versión de las autoridades es distinta y afirman que los trataron correctamente.

No habían comido y tenían sed, según la versión de los detenidos. Uno de los agentes le ofreció una botella con agua. Primero interrogaron a uno, después al otro. Los dos firmaron una confesión en la que cuentan lo que vivieron. Claro, desde su punto de vista. 

La reacción tardó en llegar

A la primera dama le tomó algo más que un mes para pronunciarse públicamente sobre el asunto y fue la DEA quien se llevó la atención. El 12 de enero de 2016, Cilia Flores señaló: “Nosotros hemos esperado tener más elementos. Lo que sí está determinado y comprobado es que la DEA estuvo metida aquí en territorio venezolano, violentando nuestra soberanía e incurriendo en delito dentro de nuestro territorio”.

Para la funcionaria venezolana, porque además de ser Primera Dama es diputada, estas son acciones del Departamento de Estado “para tratar de hacer ver que Venezuela es un Estado forajido, narcocomplaciente, y resulta que en Venezuela se agarran capos. De aquí se sacó a la DEA porque ellos controlan la droga a nivel mundial. Son el primer capo de la droga”.

Otros funcionarios venezolanos, algunos de ellos con cuentas pendientes en Estados Unidos, se unieron al coro de voces que aseguraban que lo fundamental del caso era la intención de perjudicar al Gobierno de Nicolás Maduro

Llama particularmente la atención la reacción del varias veces ministro y señalado como hombre fuerte del Gobierno, Diosdado Cabello. Considera que “esos muchachos están secuestrados en Estados Unidos”.

En un artículo publicado en el Wall Street Journal el 18 de mayo de 2015, se le acusa de estar al frente de lo que es conocido como “El cartel de los Soles”, una red de narcotráfico, integrada sobre todo por militares de alto rango. Cabello demandó al periódico por difamación, pero la acción legal no prosperó.

De hecho, su nombre apareció durante una de las grabaciones que fueron presentadas como evidencia. De acuerdo con una de las transcripciones, Flores mencionaría: “Diosdado tiene todas las Fuerzas Armadas [de Venezuela]. Él las controla… tiene problemas en USA y lo denunciaron de narcotraficante”. Entonces, el narcotraficante colaborador de la DEA, José Santos Peña, le comenta que ha escuchado que Cabello es el jefe del Cartel de los Soles”, a lo que Flores habría respondido: “Dicen que él es el jefe, solo rumores. No, de verdad que no lo sé, pero el carajo me dice que él está bueno de presidente”.

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez fue enfático al decir que no hubo crimen; mientras que el diputado Héctor Rodríguez, aseguró que se trata de “un vil montaje tratando de acusar a la familia presidencial”.

En cuanto al mandatario nacional, es poco lo que se ha referido a los hechos que mantienen a sus sobrinos tras las rejas en Nueva York. El 12 de noviembre, dos días después de la detención, publicó un tuit en el que no mencionaba directamente el caso, pero fácilmente podía inferirse de qué se trataba:

tuitmadurosobrinos

Posteriormente, durante una alocución, rechazó las acusaciones en contra de Franqui y Efraín. “¿Ustedes creen que es un una coincidencia que los imperialistas fabriquen este caso con el solo objetivo de atacar a la primera dama, a la primera combatiente, a la esposa del Presidente?… Basta ya de ataques en contra de las mujeres revolucionarias, incluyendo a mi esposa, Cilia Flores”.

La defensa de Campo y Flores ha pasado por varias manos. Sin embargo, desde abril de 2016 recae sobre el empresario Wilmer Ruperti, quien se dio a conocer en el país en 2002 al auxiliar al Gobierno en el transporte de crudo luego de que se decretara el paro petrolero.

Dos años después pagó 1,6 millones de dólares por dos pistolas originales que pertenecieron al Libertador, Simón Bolívar y se las regaló a Hugo Chávez.

Con los años la lista de contactos se amplió y el 29 de septiembre anunció que estaba pagando los costes de los abogados. La semana anterior había cerrado un trato con Petróleos de Venezuela. Los fiscales mostraron una copia de una nota de prensa en la que anunciaban que Maroil Trading, una compañía de Ruperti, obtuvo un contrato por 138 millones de dólares.

Ruperti ha asegurado que su única motivación es patriótica. Que costea la defensa para no perturbar la paz presidencial. “Necesitamos que el presidente esté calmado… Estoy ayudando a preservar el Gobierno constitucional”, aseguró en una entrevista al Wall Street Journal. 

La vecindad al desnudo 

Antes de que estallara el escándalo, Campo y Flores no eran de los familiares más conocidos de la Primera Dama. A diferencia, por ejemplo, de Carlos Erik Malpica Flores quien no solo fue tesorero de la República y administrador de las finanzas de PDVSA, sino que protagonizó una investigación en la que se le descubrieron 16 empresas distintas registradas en Panamá. O el caso que salió a la luz pública en 2008, que daba cuenta de que 47 familiares de Cilia Flores trabajaban en la Asamblea Nacional, mientras ella era la presidenta del legislativo.

Los dos tenían redes sociales. Campo tenía la foto de un Nissan GT-R amarillo y un Lamborghini como avatar de su Twitter y una foto de Messi como portada. Usaba Whatsapp y como de perfil de su Blackberry tenía una imagen de Hugo Chávez. Incluso, sus iniciales eran HRCF, por Hugo Rafael Chávez Frías.

El usuario de Blackberry Messenger de Flores era Don Ramón y la foto que aparecía era la del torpe protagonista de la serie mexicana, “El Chavo del 8”, con su franela azul y su sombrero blanco. Sin embargo, las risas que produce este emblemático show latinoamericano no resonaron durante el juicio. De los dos, él era el más serio, circunspecto. La mayoría del tiempo tenía el entrecejo fruncido, miraba hacia el frente y evadía el contacto hacia donde estaban sentados los periodistas.

En cambio, Campo parecía relajado. Hablaba con los abogados y se reía. Trataba de mantener una actitud despreocupada. Pero apenas la Fiscalía mostró sus conversaciones telefónicas, su actitud cambió. Movía la boca, se frotaba sus labios y parpadeaba como si le estuviese cayendo un aguacero encima.

The end

A los 12 miembros del jurado les tomó seis horas y media decidir que Franqui Flores y Efraín Campo Flores eran culpables. La ley establece que, en estos casos, el veredicto debe ser unánime.

Lo cierto es que este veredicto no recae solo sobre las cabezas de Flores de Campo sino que forma parte de un expediente más amplio y alarmante, relacionado con la posibilidad de que las autoridades de Estados Unidos logren demostrar la participación de altos funcionarios gubernamentales en tráfico internacional de droga. Y la carpeta ya la están armando.

Desde el año 2010, con el caso de Walid Makled, se puso la luz sobre políticos y militares de la Guardia Nacional que supuestamente recibían el pago de este narcotraficante para que le facilitara el envío de los cargamentos. Cuando fue arrestado, tanto Estados Unidos como Venezuela, pidieron su extradición desde Colombia, pero fue a parar a una cárcel en Venezuela.

Otro de los casos más emblemáticos es el de Vassily Kotosky Villarroel Ramirez, excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana quien “habría utilizado vehículo del Gobierno para transporta más de siete toneladas métricas de cocaína de la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos en Venezuela”, según expedientes estadounidenses hechos públicos en 2013.

En julio de 2014, Hugo “El Pollo” Carvajal Bernal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, fue arrestado en Aruba a petición de Estados Unidos. Desde 2008 ha sido señalado por el Departamento de Tesoro de ese país por supuestamente colaborar con las FARC y otros criminales por narcotráfico y venta de armas a la guerrilla.

Maduro calificó su arresto como un secuestro y exigió su libertad. Había sido designado como el cónsul general en Aruba seis meses antes. Aunque el gobierno holandés -Aruba es parte del reino de los Países Bajos– no le había otorgado el plácet, y fue liberado por inmunidad diplomática.

Voló a Venezuela y es diputado de la Asamblea Nacional por el partido de Gobierno.

En 2016, Maduro designó a Néstor Luis Reverol Torres como ministro de Interior y Justicia. La decisión ocurrió dos días después de que la Corte Federal de Estados Unidos en Brooklyn (N.Y.) emitiera una acusación en su contra por “participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína”.

El agregado más recientemente a esta lista es el actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y su supuesto testaferro, Samark López. Todas sus cuentas y pertenencias fueron congeladas y decomisadas luego de ser acusados de participar activamente en el narcotráfico y formar parte de una extensa red internacional.

La escritora Mildred Camero está convencida de que la participación de oficiales militares en el narcotráfico se ha incrementado con los años. Pasó de ser un permiso para que la carga pasara libremente por Venezuela, a ser los jugadores principales en el negocio ilegal en Venezuela.

Una de las últimas decisiones de Barack Obama antes de abandonar el cargo -el 13 de enero de 2017- fue la extensión de un año más del Decreto que califica a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria”. Ante el anuncio, Cabello no tardó en salir al paso:  “¡Sí somos una amenaza!…Porque somos socialistas, sí somos una amenaza porque somos revolucionarios, sí somos una amenaza porque somos chavistas, sí somos una amenaza porque queremos que el pueblo ande tranquilo!”, agregó exaltado el también diputado de la Asamblea Nacional.

El capítulo final de esta historia aún no tiene fecha. Se supone que el 7 marzo el juez dictaría la sentencia que les espera a Campo y a Flores. Pero dilaciones de procesos legales lo han impedido. También en marzo de 2017 el presidente Donald Trump despidió al fiscal acusador del caso, Preet Bharara.  

Lo cierto es que independientemente de cuál sea el fallo, este caso podría ser solo la punta del iceberg de una red de corrupción enquistada en las más altas esferas del poder en Venezuela.

Este artículo fue publicado y editado por OCCRP originalmente en inglés.

Sus autoras: Daniela Castro / Laura Weffer Cifuentes

  • Daniel Navas

    Daniela Castro y Laura Weffer Cifuentes: muy buen trabajo, tan sólo una observación: cuando se habla de una organización dedicada al narcotráfico, se escribe “cártel”, no “cartel”. La tilde va sobre la “a” porque es una palabra llana.