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La pandemia no frenó los abusos ni excesos policiales y militares en Venezuela. Durante la cuarentena, entre el 16 de marzo y el 15 de agosto, se registraron 1.216 presuntas ejecuciones extrajudiciales, reveló un informe de la ONG Proiuris.

Si a esa cifra se suman los casos reseñados en el primer trimestre del año, previo a la llegada del COVID-19, en lo que va de 2020 se reportaron 1.650 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Proiuris, organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, obtuvo la información a través de un monitoreo a medios de comunicación.

En la presentación de sus datos, este lunes 14 de septiembre, señalaron que la mayoría de víctimas son hombres (1.646), residentes de sectores de escasos recursos, y el promedio de edad es de 27 años.

El mes más violento a la fecha fue mayo con 359 casos, donde hubo tres masacres (en el que mueren más de cinco personas en un mismo hecho). Ese mes se incluye la masacre en la cárcel de Guanare, estado Portuguesa.

Los victimarios

De acuerdo a los reportes de prensa, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) —comando de la Policía Nacional Bolivariana— y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) son los responsables de la mayoría de estos asesinatos (378 y 374 respectivamente) durante operativos.

Les siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio de Inteligencia Policial del estado Zulia (Sipez) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), este último que pertenece a la GNB.

Los estados del país donde se han reseñado el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales son Zulia (362), Aragua (235) y el estado Miranda (164). Le siguen Lara (136), Bolívar (126) y Carabobo (121).

Patrones en los medios

En 18 % de las notas donde se reseñan estos hechos se especifica dónde recibió la victima el impacto de bala. En la mayoría de los casos el disparo fue a zonas vitales «que buscan herir letalmente», dijo uno de los investigadores de Proiuris.

Solo en 10 % de los casos se indicó que la Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos, mientras que en el 80 % de los reportes se dice que las víctimas tenían un arma de fuego al momento del presunto enfrentamiento. Sin embargo, el investigador de la organización refirió que han constatado en su trabajo de campo la tendencia de los cuerpos de seguridad a «sembrar» pistolas en las escenas del crimen.

 Lara y el Área Metropolitana de Caracas

Una investigadora de la ONG destacó que de las 166 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Lara, 134 ocurrieron en el municipio Iribarren. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 35 años de edad.

También se incluyen a cuatro adolescentes y al menos tres venezolanos que habían retornado a Venezuela en el contexto de la pandemia. «Los mataron solo por tener antecedentes penales», dijo la fuente.

En cuanto al Área Metropolitana de Caracas, el municipio Libertador y el municipio Sucre registraron el mayor número de casos.

En ambas regiones, las Faes fue el cuerpo de seguridad que realizó los operativos donde ocurrieron las muertes.