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El Ministerio Público imputó al director del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella),  Carlos Graterol y a cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tras la masacre en el centro de reclusión donde murieron 47 privados de libertad.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), indicó que Graterol fue imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.

Mientras que el primer teniente Castro Malaguera, Sargento Primero Manuel Torres Parada, Sargento Mayor de tercera Rodríguez Escalona, Sargento Primero Almeida Gudiño y Sargento Primero Rodríguez García, se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Por estos hechos la Fiscalía también imputó a los reclusos, que según las versiones difundidas por Saab, “organizaron los actos violentos y participaron en el enfrentamiento”. Los imputados quedaron identificados como Olivo Castillo Velázquez,  Ronal Camacaro Angulo, Wilmer Romero Durán y Douglas Ramos Lucena.

A cada uno de ellos se les culpa de los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego. Saab señala que el grupo de líderes negativo estaba armado.

La masacre

Saab reiteró que los reclusos fueron dirigidos por un líder negativo conocido como Olivo y que iniciaron acciones de protesta por supuestos hechos irregulares durante la visita, a pesar de que desde que se anunciaron los primeros casos de COVID-19 en el país, el Ministerio Penitenciario suspendió las visitas a todas las cárceles.

“Ante la falta de respuesta a su reclamo la población penal traspasó la cerca y agredió al director del penal. Por estos hechos, los efectivos militares no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos”, dice Saab.

Saab lamentó el uso de armas de fuego para la contención del descontento en el recinto penitenciario. Reiteró que el saldo de la masacre fue de 47 reclusos muertos y 69 heridos.

“Allí estuvieron fiscales asignados, junto a los expertos de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, realizando numerosas experticias. Tuvimos un fiscal nacional con competencia en derechos humanos, un fiscal regional y otros cinco fiscales de apoyo”.