Muertes bajo custodia del Estado durante el Gobierno de Maduro - Efecto Cocuyo

SUCESOS · 1 JULIO, 2019 18:36

Muertes bajo custodia del Estado durante el Gobierno de Maduro

Texto por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin

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Hace casi ocho meses, el 8 de octubre de 2018, la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba bajo custodia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Sus allegados afirman que el político fue asesinado, mientras el Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que se trató de un suicidio.

Este fin de semana, el 29 de junio, se conoció del fallecimiento del capitán de corbeta de la Armada en situación de retiro, Rafael Acosta Arévalo, cuyo resguardo era responsabilidad de efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de que los funcionarios de ese organismo lo detuvieron ocho días antes.

Entre ambos casos, aunque se trata de un civil y un militar y dos cuerpos de seguridad distintos, se pueden identificar tres coincidencias o similitudes:

Desaparición forzosa e incomunicación

El concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, fue detenido el 5 de octubre de 2018 por el Sebin en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando regresaba de un viaje. Durante dos días, sus familiares y abogados lo consideraron desaparecido porque no tenían información sobre su paradero ni pudieron comunicarse con él, como era su derecho.

Pasadas 48 horas de su aprehensión, Albán no había sido presentado ante un juez como establece la ley, bajo el argumento de que no había despacho en el tribunal.

En el caso de Acosta Arévalo su esposa, Waleswka Pérez, denunció que el Capitán fue detenido por el Dgcim cuando se dirigía a Guatire a una reunión. Desde el primer día exigió al gobierno de Maduro una fe de vida de su marido, porque desconocía a dónde había sido trasladado y cuál era su estado físico y mental.

Su abogado, Alonso Medina Roa, denunció en su cuenta de Twitter que cinco días después de su detención y bajo custodia del Dgcim, Acosta Arévalo no había sido presentado ante el tribunal de la causa.

Acusaciones de conspiración

El militante de Primero Justicia, fue señalado por estar implicado en el presunto magnicidio contra Maduro el 4 de agosto de 2018, “según experticias y testimonios” recabados por el Ministerio Público (MP).

Tras su muerte, sus parientes y algunos voceros de la oposición venezolana revelaron que el concejal les había dicho que recibió presiones para inculpar a su compañero del partido y expresidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, en el plan para asesinar al Jefe de Estado.

Al Capitán de Corbeta (r) de la Armada el MP le imputó los delitos de “conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir”. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo el 26 de junio que Acosta Arévalo era “un especialista en explosivos” y estaría a cargo de detonar antenas de comunicación y bloquear vías públicas, como parte de un presunto plan de golpe de Estado y para atentar contra la vida de Maduro, su esposa (Cilia Flores) y otros voceros del gobierno.

Denuncias de tortura

Tres días antes de la muerte de Albán, Borges denunció en su Twitter que el concejal estaba “expuesto a tratos crueles” en los calabozos de la policía política.

El 8 de octubre de 2018 el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dijo que el político solicitó ir al baño y, estando ahí, “se lanzó al vacío desde un piso 10”. Al día siguiente, parlamentarios de la AN desmintieron esa tesis y el diputado Juan Miguel Matheus declaró que Albán fue asesinado y “torturado con asfixia y electricidad en la sede del Sebin de Plaza Venezuela”.

Lea más en: “Peor que la muerte es no investigar lo que en verdad ocurrió”, abogado de Fernando Albán

Este fin de semana, el 28 de junio, la abogada Tamara Suju denunció que a Rafael Acosta Arévalo había sido trasladado a los tribunales militares “en silla de ruedas”, casi sin poder hablar. Dijo que se le había preguntado si había sido torturado por el Dgcim a lo cual, el capitán (r) asintió y pidió auxilio.

Este 1° de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró consternada sobre el caso del militar retirado y exhortó al Estado venezolano a realizar una autopsia a su cadáver. Recordó a las autoridades “su responsabilidad sobre la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas que están bajo custodia del Estado”.

La funcionaria, que visitó el país hace 12 días, llamó al gobierno a permitir que los otros militares y funcionarios detenidos junto al capitán de coberta reciban visitas de sus abogados y familiares, y a que se aseguren de ser tratados con humanidad.

Muertos en extrañas circunstancias

El pasado 20 de mayo la abogada Tamara Suju denunció el suicidio del sargento Luis Armando Monsalve Estaba. Estaba detenido en la sede de la Dgcim de Boleíta. La defensora de derechos humanos señaló que el militar murió el 18 de ese mes tras otros intentos de terminar con su vida.

Suju indicó que ese entonces que sus custodios querían que confesara los nombres de otros funcionarios involucrados en una “extracción” de militares privados de libertad, por lo que el sargento habría sido sometido a torturas.

El 9 de marzo de este año también se reportó la muerte del ingeniero Ángel Javier Sequera Romero, dentro de una celda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Félix, estado Bolívar. Era trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el hecho se registró durante uno de los megaapagones que afectó el territorio nacional ese mes.

El fiscal Tarek William Saab dijo entonces sobre el caso que la autopsia revelaba asfixia por estrangulamiento y que habían iniciado las investigaciones por homicidio a sus compañeros de calabozo.