Miguel Alexander Bolívar Zamora, de 25 años de edad, fue presuntamente asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) la mañana del lunes 12 de agosto, a las 5:30 am en su casa, en el barrio San José de Petare, mientras dormía en su cuarto.
10 funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron a su casa, sin órdenes de allanamiento y, violentamente, amedrentaron a los familiares de Bolívar.
Según relataron los allegados del fallecido, los oficiales, entre gritos, les preguntaban a los familiares de Bolívar “¿Dónde está el Toto?”. El Toto, hermano de la víctima, está preso en la cárcel de Yare II. “A pesar de la súplicas, los oficiales fueron al cuarto de Miguel y lo ejecutaron a tiros”, explicó uno de los familiares, quien no quiso ser identificado.
El joven, de 25 años, no tenía antecedentes penales. Trabajaba como comerciante en un almacén de ropa de su padrastro ubicado en La Trinidad y dejó huérfana a una niña de 6 años de edad.
Durante el operativo, los oficiales se llevaron de la casa la comida y los teléfonos celulares de la familia. “Nos aconsejaron que no denunciáramos. Tenemos miedo. También se llevaron a Douglas, el padrastro de Miguel porque querían interrogarlo. Se nos llevaron las cédulas. Vinieron preguntando por el hermano de Miguel, que sigue preso. Igual, mataron a un chamo inocente”, contó un allegado de la familia.
Las arbitrariedades, así como los abusos cometidos por los funcionarios policiales contra muchos ciudadanos, se han hecho cotidianos entre los habitantes de los sectores populares de Venezuela.
La versión oficial, dictada por el Gobierno y los cuerpos policiales, es totalmente contraria a la dicha por los familiares de las víctimas. No solo omiten detalles esenciales para la investigación forense y judicial, también desdibujan los hechos, a modo de justificar su accionar bélico.
En las minutas filtradas a la prensa intentan justificar las presuntas ejecuciones extrajudiciales a través de eufemismo como “neutralizado” un “delincuente”, que se “enfrentó contra las fuerzas de seguridad del Estado”.
El resultado es el mismo en todos los operativos realizados por las Faes, donde un ciudadano se “enfrentó” y resultó “abatido”. En el caso de Miguel Alexander Bolívar, su muerte fue registrada como una “resistencia a la autoridad”, lo que lo saca de las cifras de homicidios nacionales. Era un “delincuente” menos.
Para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la ONU de disolver a las Faes, o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales en el país.
Al presentar la actualización de su informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela, este 9 de septiembre, la Alta Comisionada aseguró que ha seguido “documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país”.
Bachelet hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en la ciudad Caracas.
Maduro y respaldo…
A pesar de las recomendaciones dictadas en los informes presentados por Bahcelet, el gobernante Maduro, mostró su respaldo al grupo policial, que las ONG defensoras de DDHH, señalan como el mayor perpetrador de ejecuciones extrajudiciales en el país.
“Todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que viva el Faes!”, celebró Maduro, a pesar de que Bachelet, desde su primer informe, pide la eliminación del grupo élite de la PNB.
La ONG Proiuris, por su parte, en un monitoreo que realiza cada mes, asegura que en agosto, 99 personas fueron ejecutadas en 10 estados del país. De esta cifra, 54 fallecidos fueron a manos de la Faes, durante 34 operativos.
En su informe anual de 2018, la organización Provea aseguró que entre enero y diciembre, 205 venezolanos fueron asesinados por las Faes. En el estudio presentado por la ONG, la mayoría de las víctimas eran hombres (97,56%), cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 49 años. Además detectaron que las muertes ocurren en barrios y zonas empobrecidas de Caracas y otras ciudades del país.
Masacres
Son pocos los familiares de las víctimas los que denuncian las presuntas ejecuciones ante los organismos del Estado. El factor común es el miedo a las represalias que puedan cometer los funcionarios de seguridad con las víctimas sobrevivientes. “Si denuncio, me pueden matar a mis otros hijos”, expresó una madre, en la morgue de Bello Monte, dos días después de la masacre del 26 de agosto, en el km 2 de la autopista Panamericana.
Ese día, los oficiales de las Faes realizaron un operativo que tuvo como resultado la masacre de siete personas en la parroquia Coche de Caracas. William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad, fue una de las víctimas de la masacre que se realizó en Coche, ese 26 de agosto.
Sus familiares no quisieron revelar su identidad por temor a ser perseguidos por los funcionarios de seguridad. “No hemos querido indagar. Queremos dejar ese tema así. A mi papá le afectó mucho la muerte de William. Yo prefiero evitar y dejar ese tema hasta allí y que quede en manos de Dios. Hasta el sol de hoy no sabemos si fue verdad, si fue un enfrentamiento. Ya lo hecho está hecho y hagamos lo que hagamos no lo vamos a revivir”, reflexionó un familiar del joven asesinado.
Un mes antes de la muerte de Chacón, los oficiales de las Faes realizaron un operativo en barriadas de El Valle y El Cementerio, al oeste de Caracas, donde fueron asesinadas siete personas el 24 de julio.
Antony José Matos, de 22 años de edad, caminaba junto a su esposa e hijo de 4 años, por las calles del sector Las Pilitas, en El Cementerio, a las 3:00 pm del 24 de julio. A esa hora, cinco funcionarios de las Faes lo detuvieron y encerraron en la casa de su comadre; “comenzaron a golpearlo y torturarlo”, relató uno de sus allegados.
Aseguró que la esposa de Matos logró ver a través de una ventana cómo los funcionarios de las Faes lo ahorcaban. “La tenían sometida a ella mientras tenía al niño en brazos. Luego, se escucharon los disparos”, indicó un familiar de Matos, quien pidió no ser identificado. El hombre de 22 años fue ejecutado.
A Leonimar Hernádez las Faes le asesinó a su pareja el pasado 22 de agosto, en Ruíz Pineda. “Él salió a trabajar y como a las 8 de la mañana lo llamé y no contestó y a la 1 pm me llamaron unos primos que lo habían llevado al Pérez Carreño. Cuando llegué, me dijeron que unos de los del Faes lo había matado, que eso fue lo que había pasado”.
Robert Yeisonth Marcano Figueroa, de 23 años de edad, trabajaba como ayudante de un camión de carga afiliado a empresas Polar en La Yaguara. Marcano murió tras dos impactos de bala en el pecho. “Ellos ahora matan como si la vida de los demás no valiera”, dijo.