Imputarán al médico Antonio Amell por venta de medicamentos contra el COVID-19

SUCESOS · 9 SEPTIEMBRE, 2020 13:59

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Cuatro días después de su detención, el Ministerio Público anunció que imputará al residente del postgrado de Medicina Interna de la Ciudad Hospitalaria Antonio Tejera (Chet), Antonio José Amell Cantillo de nacionalidad colombiana, tras señalarlo de revender medicamentos utilizados en el centro de salud para pacientes con COVID-19.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, afirmó en una transmisión por Venezolana de Televisión este 9 de septiembre que Amell “comercializaba las medicinas” para el tratamiento de COVID-19 que suministraba el Estado al hospital.

“Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital no tenía recursos médicos y que él podía conseguir cada ampolla, la más importante, de Remdesivir. Él la vendía por un costo de 800 dólares. Esta ampolla la tiene el Ministerio de Salud y la distribuye a hospitales de manera gratuita”, dijo Saab.

El funcionario indicó que el residente fue detenido por denuncias de familiares de pacientes y arrestado tras labores del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Ministerio Público. Señaló que mantenía “asociación” con por lo menos cinco farmacias privadas “para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital”.

Indicó que al momento de su aprehensión en su residencia hallaron 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario en Colombia.

Asimismo, añadió que Amell enviaba a las personas a comercios cercanos al hospital para que imprimieran planillas de ingreso, para lo cual “también debían pagar”. También detuvieron a Francis Aguiar, representante de la quincalla ubicada detrás de la Chet, donde encontraron planillas y formularios de la administración de servicios médicos.

El residente será presentado ante tribunales y la Fiscalía le imputará los delitos de concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir. A Francis Aguiar se le imputará forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Investigan al director del hospital en Carabobo

El director de principal centro asistencia del estado Carabobo, Alexis Ramón Riera Lugo, también es investigado por el Ministerio Público. Según Saab, se le va a dictar una orden de aprehensión por “complicidad” en los hechos.

Antonio Amell fue detenido la noche del sábado 5 de septiembre en su residencia en San Diego, Valencia, estado Carabobo. Desde entonces, ni sus compañeros ni sus abogados habían podido comunicarse con él. Sus colegas del postgrado calificaron su detención como arbitraria y pidieron respetar sus derechos y garantizar su integridad.

La Cancillería colombiana y miembros del Congreso colombiano exigieron este 8 de septiembre el pleno respeto de la vida e integridad física del médico. “Pedimos a los organismos internacionales de protección de los DDHH que exijan su libertad inmediata y protección de su vida”, publicó la Cancillería en redes sociales.

Luis Betancourt, abogado del Foro Penal en Carabobo, informó la noche el 8 de septiembre que Antonio Amell continuaba incomunicado y ni sus familiares ni sus abogados han tenido contacto con él. La organización no gubernamental Médicos Unidos también alertó sobre el hecho y exigió respeto a sus derechos humanos y cumplimiento del debido proceso.

12 detenidos en Bolívar

Tarek William Saab igualmente indicó que la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a 12 personas en “flagrancia” en el estado Bolívar por ofrecer un “paquete de viaje”: hospedajes, alimentación, salvoconducto y pruebas rápidas de COVID-19. Agregó que cobraban 1.800 dólares desde Miami hasta Boa Vista (Brasil) para luego “pasar a Venezuela sin hacer cuarentena”.

Entre los detenidos hay funcionarios públicos, algunos de ellos médicos y funcionarios de la Alcaldía de Santa Elena de Uairén. Decomisaron formatos de prueba COVID-19 expedidos por centros de salud pública, algunos en blanco y otros con datos, al igual que salvoconductos y cédulas.