El refuerzo de la seguridad de la morgue de Bello Monte alertó a la prensa. La defensa del capitán Rafael Acosta Arévalo había informado que el cuerpo del militar iba a ser entregado a los familiares. Una camioneta de la funeraria La Monumental del cementerio del Este esperaba dentro de la sede de la principal medicatura forense de Caracas, para trasladar y sepultar, por órdenes del Tribunal 36 de Control, los restos del hombre muerto tras ser sometido a torturas mientras estaba detenido en la Dirección de Contrinteligencia Militar (Dgcim).
Doce días tuvo que esperar la familia del capitán de corbeta Acosta Arévalo para reconocer y enterrar el cadáver del militar fallecido bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro.
A las 11:13 de la mañana de este miércoles 10 de julio, llegaron los familiares de Acosta Arévalo a la morgue. Era la primera vez, después de conocerse el asesinato, que los allegados del militar reconocerían el cuerpo del funcionario castrense en situación de retiro.
Su madre, una mujer de 80 años de edad y apoyado en un bastón, llegó en compañía de su hija y el abogado Alonso Medina Roa. Cabizbaja, y sin dar declaraciones a los medios, entró a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Una hora y 10 minutos después, la camioneta fúnebre trasladó a Acosta Arévalo de la Morgue de Bello Monte al cementerio del Este.
La familia del capitán pidió que su sepultura fuera en Maracay, estado Aragua, pero esta petición fue negada; la orden del Tribunal 36 era enterrarlo en el camposanto de La Guairita y no donde sus allegados querían. “No me tapen la cara que mi hijo no fue ningún delincuente“, fueron las únicas palabras que dijo la madre de Acosta Arévalo, al salir de la morgue.
Fue una inhumación controlada similar a la de las víctimas de la masacre de El Junquito, en la que el Gobierno controló el entierro de Oscar Pérez y su grupo en los cementerios elegidos por los funcionarios de Maduro. “Yo lo mato yo lo entierro”, sentenció el abogado de Acosta Arévalo, refiriéndose a la forma en la que actuó el Ejecutivo.
Menos de cinco familiares pudieron darle el último adiós al capitán Acosta Arévalo. Su madre, su hermana, una prima y una sobrina fueron las testigos del sepelio, que se realizaba bajo una carpa azul que disponía de siete sillas. No hubo flores, banderas, ni mensajes de despedida.
Funcionarios del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dgcim y un representante de la iglesia católica también estuvieron presentes durante el entierro del capitán de corbeta.
La prensa no pudo pasar. La orden dada a los más de 20 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) era impedir el acceso de los medios de comunicación.
El capitán de corbeta fue enterrado en la parcela 212. Una provisional lápida de concreto lleva su nombre: Rafael Acosta Arévalo 212 I-266 C. “A Acosta Arévalo lo molieron a palos en la Dgcim”, dijo su abogado en declaraciones a los medios. Según los resultados de la autopsia el capitán murió por “politraumatismo generalizado”.
Con el entierro controlado del capitán Acosta Arévalo, el Gobierno de Nicolás Maduro, ha realizado al menos otras nueve inhumaciones. Oscar Pérez, José Antonio Tovar Colina (El Picure), Abraham Agostini Agostini (36), José Alejandro Díaz Pimentel, Daniel Soto Torres (30), Abraham Lugo Ramos (30), Jairo Lugo Ramos, y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla (26), fueron sepultados por órdenes de los funcionarios del Gobierno sin la autorización de familiares.
Abogado Alonso Medina Roa confirma “entierro controlado” del capitán Acosta Arévalo
Fotos Mairet Chourios