Para finales de 2025, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó serias intenciones del entonces gobierno de Nicolás Maduro de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) por su “vasallaje” e “hipocresía”, al señalar violación de derechos humanos en Venezuela, pero “callar” frente al “genocidio en Gaza”. 

La amenaza quedó allí. No hubo pronunciamiento de la Cancillería sobre el inicio formal del procedimiento ante Naciones Unidas (ONU) y sobrevino, el 3 de enero, la detención y extracción de Maduro y la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses. Pero este 24 de julio, a más de seis meses de tutelaje, el interinato de Delcy Rodríguez anuncia el paso definitivo: denunciarán el Estatuto de Roma para dejar de ser parte de la CPI en el transcurso de un año.

Politólogos coinciden en que por un lado se trata de “oportunismo”. Es decir, el interinato venezolano se vale de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la CPI, a la que considera “corrupta e inútil”, para anunciar la salida de la Corte sin “costo político”. 

Por otro lado, apostando a su supervivencia política, el gobierno encargado busca desligarse de organismos internacionales que les implique rendir cuentas sobre violaciones de derechos humanos a futuro. 

Defensores de DDHH y ONG como Provea subrayan que la salida de Venezuela entraría en vigencia un año después, a partir de la denuncia del Estatuto de Roma ante la ONU, por lo que los presuntos crímenes cometidos dentro de este período, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados a futuro. La CPI adelanta una investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante 2017, la cual no se paraliza por el retiro. 

En sintonía 

“Con un gran sentido de oportunidad, el gobierno interino de Rodríguez anuncia su salida de la CPI, que tiene dos objetivos: se sale de un organismo que le es incómodo y se alinea más con EEUU. No creo que esto haya sido una exigencia de EEUU, lo leo más como una oportunidad política que Rodríguez aprovecha para subirse a la ola de la denuncia de EEUU. La salida de Venezuela pasa por debajo de la mesa, mientras todos están distraídos con la guerra de EEUU contra el organismo”, señala el politólogo Enderson Sequera.

EEUU celebra decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional

De acuerdo con el comunicado (24 de julio) del nuevo canciller del interinato, Félix Plasencia, Miraflores considera que la CPI ha puesto su mecanismo “al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger” y por ello su decisión  “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la Corte, conforme al artículo 127.

A juicio de Sequera, el interinato también se anticipa a cualquier orden de captura que pueda emanar de la Corte, como parte de la investigación contra el Estado venezolano. Al dar inicio al proceso de salida, el chavismo va a querer argumentar que la Corte no tiene jurisdicción sobre Venezuela. 

“Buscan reducir el impacto político de una eventual condena en contra de algunos funcionarios. Pero principalmente se trata de respaldar la decisión de EEUU de ir contra la CPI por razones de soberanía. El gobierno encargado de Rodríguez entiende que este es el momento ideal para salirse de la Corte, subiéndose a la ola de la cruzada de la administración Trump contra este organismo”, agregó el politólogo. 

Un día después del comunicado de la Cancillería venezolana, el Departamento de Estado publicó un comunicado en la red social X para “celebrar la decisión”. El despacho dirigido por Marco Rubio no dejó de comparar que mientras Maduro fue capturado y presentado ante la justicia estadounidense “por los delitos que ha cometido”, la CPI lo investiga desde 2018 sin producir ningún resultado.

“En cambio, la CPI ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción de dicho Tribunal. Esto constituye una extralimitación flagrante, un sesgo político y una aplicación selectiva de la justicia. La CPI carece de credibilidad, independencia y legitimidad”, reza el comunicado del Departamento de Estado. 

Tutelaje “legitima” decisión 

La CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del Tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos. El país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados. 

La Corte dijo lamentar cualquier decisión de abandonar el “esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves”.

Para la politóloga Nastassja Rojas, el efecto inmediato que el Rodrigato busca es por la narrativa: decir que se sale de la Corte en alineación con EEUU, obviando que el retiro no entra en vigencia sino un año después, a partir de que haga la denuncia del Estatuto de Roma y la ONU reciba la solicitud y el hecho que no detiene la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad.  

“Hay un doble juego. Uno es que es un mensaje político dirigido a invalidar a organismos que son tan importantes para el proceso venezolano y la comisión de crímenes de lesa humanidad, para seguir negando que en el país se cometieron y que se determinen responsabilidades individuales”, observa Rojas.. 

El segundo objetivo, desde su óptica, es liberarse de responsabilidad o dejar de rendir cuenta por hechos futuros contra potenciales víctimas ante la justicia internacional, lo que aumenta la vulnerabilidad de la sociedad, una vez el retiro se consume. 

“La agenda de EEUU, Rusia, Venezuela e Israel confluyen sobre los ataques a los órganos multilaterales y de rendición de cuentas, esto es cierto, pero Venezuela ya lo venía haciendo con acciones como la salida de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. El hecho de que esas agendas confluyan hace que Venezuela pueda hacer el retiro sin tener costos políticos tan elevados como los hubiera tenido en otro momento. El tutelaje le da legitimidad a esa decisión”, apuntó. 

CPI: Venezuela está obligada a cooperar un año más con las investigaciones

En coincidencia con Sequera cree que el interinato no fue empujado por la Casa Blanca a tomar la decisión, solo que encontró el momento oportuno, reitero, para hacerlo. 

“Hace un tiempo cuando se daban estas decisiones, las repercusiones políticas y diplomáticas eran mayores. Hoy en día la atención está en cuestionar la legitimidad de ese tipo de órganos y su utilidad. La CPI es uno de los grandes avances en protección de DDHH porque revisa responsabilidades individuales, lo cual pesa mucho e incomoda más al régimen venezolano desde que el caso contra el Estado se abrió. Son nombres y apellidos que saldrán con posibles órdenes de captura”, subrayó. 

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU instó a las autoridades venezolanas a revocar la decisión que, de acuerdo con el organismo que ha emitido informes sobre la situación de DDHH en Venezuela, “sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos”.