Al menos 116 niñas, niños y adolescentes (NNA) murieron en Venezuela entre los meses de diciembre de 2022 y julio de este año por la precariedad dentro de los hospitales, reveló informe de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap.
En el informe presentado la mañana del martes 26 de septiembre por Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, y Carla Serrano, socióloga y secretaria adjunta de la Redhnna, se destaca que esa cifra es apenas un aproximado de la situación real del país debido a la falta de información pública oficial.
La investigación determinó que la negligencia es el principal factor de las muertes de los niños niñas y adolescentes en el país.
También se denuncia la falta de insumos médicos y ausencia del personal médico especializado en los principales centros de salud del país.
Para ambas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia, estas violaciones a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes tienen como principal factor la negligencia por parte de los cuidadores, el Estado y la comunidad para prevenir y denunciar los hechos.
Trapani aseguró que la negligencia es un factor que debe llevar a la reflexión en la sociedad venezolana. El activistas denunció que el Estado no ofrece políticas públicas y servicios para que los padres sean más responsables.
Las principales causas de muerte identificadas son: accidentes fatales y muertes por razones hospitalarias, que representan 35,6% cada una. Sin embargo, es igualmente alarmante el hecho de que 12,3% de las muertes violentas de los menores de edad en Venezuela se debieron a la acción de la delincuencia y la violencia social.
Más de 1.500 violaciones a la niñez
Durante el monitoreo se registraron 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abusos, violaciones a la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes
Según los datos registrados, las situaciones de violencia contra la niñez y la adolescencia equivalen a un promedio diario de 6 niños, niñas y adolescentes perjudicados.
“De manera desgarradora, 91,6% de las notas de prensa registran a los NNA como víctimas, mientras que 9,4% señala a adolescentes como victimarios”, destaca el informe.
“Tenemos que dar pasos hacia adelante para saber qué hacer para que un niño, niña o adolescente no pase por un día más de esto”, enfatizó Serrano.
Los estados con mayor cantidad de hechos violentos contra la niñez y adolescencia son Anzoátegui (156), Zulia (155) y Carabobo (115), y a nivel nacional, se registraron 131 incidentes relacionados con vulneraciones no letales a la niñez y adolescencia, incluyendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en esta población.
“Mientras más nos alejamos de la capital más desprotección tienen los niños”, enfatizó Trapani.
Las dos organizaciones coinciden que estos abusos y violencia se pudieron evitar.
Al analizar los datos se evidenció que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes y no se disponen de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia en estos ámbitos”, se lee en el informe.
40 niños y adolescentes murieron a manos de la delincuencia
La investigación reveló que al menos 40 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país.
En 71,1% de los casos las víctimas murieron por disparos en medio de robo, enfrentamiento o discusiones. En 85% de los casos registrados no fueron identificados los agresores.
De las muertes a manos de la delincuencia, 62,5% corresponden a adolescentes masculinos y 7,5% son adolescentes femeninas. También fueron asesinados 9 niños con edades comprendidas entre 6 y 11 años.
Trapani recordó que desde el año 2005 el Estado no hace pública las cifras de violencia contra los niños. El último registro que se tiene data de esa fecha y fue ofrecido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a Cecodap.
La Redhna y Cecodap revelaron que 22 niñas y niños (entre 0 y 11 años) murieron a manos de sus madres, padres u otros familiares, luego de ser víctimas de tratos crueles e inhumanos. De total, 15 de los hechos tuvieron como principales victimarios a las madres, mientras que en 7 de los casos fueron el padre o padrastro.
Violencia de género y suicidios
Durante la presentación del informe, Serrano informó que en la investigación registraron 14 casos de suicidios; de estos casos, cinco se pueden vincular a problemas familiares.
Detalló que al menos 13 adolescentes fueron víctimas de feminicidio, ocho de ellas fueron sometidas a abuso sexual, cuatro muertes se atribuyen a la violencia policial y sus actuaciones en operativos y dos de los fallecidos fueron a casusa de la violencia escolar.
“Logramos identificar 13 niñas y adolescentes afectadas por feminicidios. 54% de sus agresores formaban parte de sus familias o allegados, en algunos casos fueron exparejas de las adolescentes”, dijo Serrano.
El documento destaca que la ausencia de programas efectivos para la prevención del suicidio entre las distintas instituciones que conforman el sistema de protección, arroja una sombra aún más oscura sobre la capacidad de la sociedad, y del Estado, para brindar apoyo emocional y opciones de refugio a quienes enfrentan conflictos familiares y emocionales.
Los defensores de los derechos de los niños a una vida libre de violencia indicaron que entre diciembre de 2022 y julio de 2023, al menos 439 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual.
Las niñas y adolescentes femeninas representan el 72,9% de estas víctimas, mientras que los niños y adolescentes masculinos conforman el 27,1%.
Para la Redhnna y Cecodap urge la necesidad de abordar esta problemática y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Detallaron que el análisis de datos revela que muchas de estas tragedias podrían haberse prevenido con servicios y programas accesibles y especializados.
“La violencia y el daño a NNA son problemas que afectan profundamente a la sociedad venezolana, y es necesario abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos. Esto implica que el Estado tiene la obligación fundamental de garantizar la protección integral de la niñez y la juventud”, se lee en el informe.
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